Publicaciones: Boletín Perspectivas

Durante los meses de mayo y junio, Daniel Ortega y Rosario Murillo han ejecutado una violenta escalada de represión en contra de la sociedad nicaragüense, pero particularmente contra personas que se han postulado como candidatos presidenciales para las elecciones previstas a noviembre por parte de diferentes agrupaciones de oposición. También ha encarcelado a líderes de organizaciones y movimientos sociales, así como empresarios privados y más recientemente, líderes juveniles. La escalada de represión y violencia ha instalado sobre Nicaragua un Estado de Terror sin precedentes.

Secuestros, allanamientos, persecución y exilio

El 4 de mayo la Asamblea Nacional, a instancias de Daniel Ortega, aprobó un conjunto de reformas a la ley electoral, nombró nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral y mandó a publicar el calendario electoral. Las reformas en realidad no responden a las demandas de la comunidad internacional, particularmente a las que hiciera la Organización de Estados Americanos (OEA) en su resolución de octubre de 2020, ni a las propuestas que se han elaborado en Nicaragua desde diferentes iniciativas. Antes bien, incorpora graves restricciones al ejercicio del voto para los ciudadanos, así como inhibiciones a las personas con intenciones de presentarse como candidatos utilizando para ello leyes aprobadas a finales del 2020 como la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Desde 2018 el gobierno de los Ortega-Murillo impuso una política de represión sobre la sociedad nicaragüense y desde finales del 2020 había entrado en una nueva fase en función de controlar el escenario electoral. Dos de las primeras acciones para limitar la competencia electoral fue la suspensión de las personerías jurídicas al Partido Renovación Democrática (PRD) y el Partido Conservador.

Pocos días después desencadenó una violenta ola de represión que se ha mantenido hasta el día de hoy.  El inicio de la escalada fueron las citatorias que realizaron el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía a Cristiana Chamorro, directiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), hija de la expresidenta Barrios Chamorro y una de las precandidatas presidenciales con mayores porcentajes de simpatía. El mismo día de la primera citatoria, la policía ejecutó un allanamiento y confiscación en las oficinas de Confidencial y Esta Semana, dos de los medios independientes más conocidos, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

Después de varias entrevistas en el Ministerio Público y el secuestro de dos trabajadores de la Fundación, Ortega ordenó el allanamiento y la detención domiciliar a Chamorro bajo el pretexto de una supuesta investigación por lavado de dinero en contra de la Fundación. Ese fue el inicio de numerosas citaciones a periodistas independientes en todo el país. Pocos días después, la policía detuvo a otros candidatos presidenciales: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. Además, detuvieron a líderes de organizaciones sociales, líderes juveniles y figuras históricas del sandinismo como Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Max Jerez, Lesther Alemán, Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.

Dos personas más vinculadas con la empresa privada también fueron detenidas: José Adán Aguerri y Luis Rivas. Además, abrieron una supuesta investigación por lavado de dinero en contra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un think tank de la empresa privada. Eso ha dado lugar a numerosas citaciones a directivos del Centro, así como órdenes de detención y violentos allanamientos de residencias. Al dirigir la represión en contra de este sector que fue uno de sus más cercanos aliados hasta 2018, Daniel Ortega busca obligarlos a regresar bajo su control luego que sus intentos previos han sido infructuosos.

A todas las personas detenidas se les han violado sus derechos humanos y ciudadanos comenzando por la forma en que han ocurrido esas detenciones sin órdenes judiciales, con uso de violencia y maltrato, y fuera de los horarios establecidos por la ley; han sido llevados a un centro de prisión preventivo donde las autoridades no dan cuentas claras de su paradero ni situación, se les ha impedido ver a sus familiares y abogados defensores; y se han violentado los procedimientos establecidos en la propia ley al realizar audiencias secretas, les han impuesto órdenes de detención preventiva que no corresponden con las supuestas investigaciones o acusaciones y en el caso de las personas adultas mayores con condiciones de salud propias de su edad, se les ha impedido el acceso a medicamentos. De acuerdo con especialistas en derechos humanos, la condición de estas personas es de desaparición forzada, secuestro e indefensión.

Una de las consecuencias de esta nueva ola de represión es que un grupo numeroso de periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y empresarios privados abandonen el país buscando proteger su integridad física y su seguridad. A varios de ellos, al intentar salir del país por puestos fronterizos, los han sometido a interrogatorios e incluso retiro del pasaporte sin explicaciones. Mientras tanto, en el interior del país se han incrementado los despliegues policiales, los hostigamientos a líderes locales, la vigilancia de policías y paramilitares, así como los controles en los puestos fronterizos terrestres y aéreos con listas de personas. Una buena parte de los líderes sociales que permanecen en el país han tenido que resguardarse para no ser apresados por la policía y los paramilitares de Ortega.

Una nueva fase de represión

Las acciones de violencia y persecución de los Ortega-Murillo se inscriben en la política de represión que han impuesto sobre Nicaragua desde 2018 y que ha transitado por doce fases, cada una con objetivos, formas y víctimas distintas. En este momento transcurre la treceava fase que tiene como propósito acallar las voces críticas, los periodistas la han llamado “apagón informativo”, y eliminar cualquier candidato o fuerza política que pueda hacerle competencia en las próximas elecciones presidenciales. La represión no se limita a los secuestros o detenciones, hostigamientos y vigilancia, incluye una amplia variedad de actividades entre ellas:

-El terrorismo fiscal, que tiene el propósito de incrementar las recaudaciones para el gobierno y a la vez, intimidar a los empresarios. La persecución fiscal se ha dirigido a pequeños negocios, pero también a grandes empresarios y medios de comunicación independientes para asfixiarlos y obligarlos a plegarse al gobierno.

-Persecución a organizaciones sociales realizadas a través de la oficina de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, y utilizando la Ley de Agentes Extranjeros. Esta persecución tiene como propósito criminalizar el trabajo que las organizaciones realizan en función de la construcción de ciudadanía, la promoción de derechos humanos y otras actividades de apoyo a la ciudadanía; pero además, tiene como propósito impedir que reciban fondos de cooperación internacional.

-Acusaciones, agresiones, vigilancia y juicios a medios y periodistas independientes. La vigilancia y las agresiones han sido una constante al menos desde el 2018, mientras que las acusaciones y los juicios iniciaron durante el año 2020 y se han incrementado a partir de las últimas semanas bajo el pretexto de la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos. La investigación iniciada en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sobre supuesto lavado de dinero ha sido utilizada para citar a numerosos periodistas de medios nacionales y locales a fin de intimidarlos y amenazarlos.

-Campañas de estigmatización a líderes sociales y organizaciones de oposición. Estas campañas son dirigidas por la propia Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera gubernamental, son reproducidas por periodistas y medios oficialistas, así como activistas digitales pro gobierno. Su propósito es criminalizar a líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, entre otros, para justificar diferentes actividades de represión.

-Asedios, vigilancia y hostigamiento en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en diferentes localidades del país. También es frecuente la detención de prisioneros políticos excarcelados, en algunos casos, por poco tiempo y en otros, enjuiciados bajo el pretexto de delitos de orden común.

-Reorganización de grupos paramilitares bajo el nombre de Unidades de Victoria Electoral (UVE) en los municipios del país. Estos grupos conformados por retirados del ejército, empleados gubernamentales fanatizados y personas indultadas recientemente reciben entrenamiento militar de parte de las fuerzas policiales y utilizan armas de guerra.

-Secuestro de precandidatos presidenciales, líderes políticos y empresarios privados. Como se mencionó antes, durante las últimas semanas, el gobierno de los Ortega-Murillo ha detenido de manera arbitraria e irregular a 26 personas, entre ellos seis precandidatos de la oposición. Estos secuestros tienen un doble propósito: eliminar cualquier competencia de la oposición para las votaciones de noviembre y descabezar a las principales organizaciones del movimiento cívico para contener acciones de protesta.

De acuerdo con el organismo Urnas Abiertas que hace un monitoreo sistemático de los incidentes del proceso electoral, sólo en las últimas dos semanas de junio se reportaron 119 hechos de violencia política en diferentes localidades. Es muy probable que este tipo de represión se mantenga hasta agosto que es cuando inicia la campaña electoral, de acuerdo con el calendario publicado por el CSE. Sin embargo, es previsible que restrinjan fuertemente las actividades proselitistas, toda vez que en las reformas a la ley electoral otorgan facultades a la policía para autorizar, o no, las actividades partidarias a la vez que imponen una serie de requisitos a las organizaciones políticas que limitan la participación electoral de los ciudadanos.

Aislamiento y rechazo internacional

Después de tres años de crisis, la atención de la comunidad internacional sobre Nicaragua disminuyó respecto a 2018, aunque se mantenían las acciones de grupos de nicaragüenses en el exterior y foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y organismos internacionales de derechos humanos, mantenían un seguimiento constante. Este interés se renovó y la preocupación internacional aumentó a raíz de la escalada de represión, de tal manera que la situación de Nicaragua no solamente ocupó nuevamente los titulares de las agencias informativas, sino que se activaron diversas voces y mecanismos internacionales.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 15 de junio una resolución que expresa su preocupación sobre la situación del país, condenó las detenciones y demandó al gobierno la liberación de los prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la realización de elecciones justas, competitivas y transparentes. Esta votación fue histórica considerando que la resolución se aprobó con los votos de 26 países, incluidos algunos que en años anteriores se abstuvieron o votaron a favor del gobierno de Nicaragua.

Diferentes gobiernos de América Latina, el Caribe y Canadá también expresaron su preocupación, así como diferentes gobiernos europeos. Varios países latinoamericanos como Chile anunciaron su decisión de abrir la puerta de sus embajadas y la posibilidad del asilo para aquellas personas que corren alto riesgo.

Estados Unidos hizo declaraciones a través de diferentes funcionarios, desde la vicepresidenta Kamala Harris hasta Anthony Blinken, secretario de Estado, así como congresistas y senadores. Además de las declaraciones, los congresistas han promovido la aprobación de la Ley Renacer que incluye una ampliación de sanciones a la familia Ortega-Murillo y sus allegados, el monitoreo y elaboración de informes periódicos sobre las relaciones militares entre Rusia y Nicaragua. Por su lado, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas más, entre ellas Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial y una de sus colaboradoras más cercanas; Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; Edwin Castro, diputado y uno de los operadores políticos de bancada oficialista en el legislativo; y a Julio Rodríguez, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), la entidad del Ejército que maneja el patrimonio económico institucional. Algunos congresistas han mencionado la posibilidad de aprobar la exclusión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (CAFTA); sin embargo, las declaraciones de otros funcionarios han señalado que se aplicarán sanciones individuales para no afectar a todo el país.

En junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la OEA un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectuaron una reunión para abordar el tema de Nicaragua; en ella la Alta Comisionada, Michelle Bachelet presentó un informe actualizado y 59 países suscribieron una declaración. Al día siguiente, el 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pide al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de cuatro de los líderes opositores detenidos. Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso de esa resolución.

A mediados del mes de junio se conoció que México y Argentina estaban promoviendo una iniciativa de negociación con el gobierno de Nicaragua. el canciller argentino anunció la iniciativa y este país decidió abstenerse de firmar la declaración presentada por los países en el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas sin embargo hizo una declaración  individual punto Poco después el presidente de México y el de Argentina hicieron declaraciones públicas donde expresaban su preocupación por la situación de Nicaragua y revelaron que el gobierno de este país se había negado a negociar y también se había negado a una petición de ambos gobiernos para visitar a los prisioneros políticos punto en ese ínterin la tensión entre los tres países se incrementó a tal punto que Los Embajadores de México y Argentina fueron llamados a consulta por sus gobiernos sin que se haya resuelto esto hasta el momento.

En ese mismo período se conocieron varias cartas firmadas por cientos de académicos, periodistas, escritores y artistas, algunos conocidos mundialmente, otros antiguos simpatizantes de la revolución sandinista. Las cartas igual que las de otros actores, expresan su preocupación por las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y demandan la solución de la crisis a través de un proceso electoral limpio y transparente. Diferentes grupos de la izquierda latinoamericana y europea, así como partidos políticos de diferentes ideologías también emitieron declaraciones públicas en la misma dirección.

Los actores centroamericanos particularmente el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), han mantenido posiciones reservadas respecto a Nicaragua; en algunos casos han votado a favor del gobierno en foros como la OEA, mientras que en otras ocasiones, han optado por abstenerse. La excepción ha sido Costa Rica que desde 2018 ha mantenido una posición de rechazo a las violaciones a los derechos humanos y la demanda de restablecimiento de la democracia. Aunque algunos países como Honduras, El Salvador y Guatemala han tenido posiciones oscilantes, no apoyaron al gobierno de Nicaragua para ocupar la Secretaría General del SICA nombrando a una persona propuesta de una terna.

Por su lado, actores regionales no oficiales cómo ciertos grupos de empresarios privados han expresado preocupación por la situación del país, sobre todo desde la detención de José Adán Aguerri y otro empresario privado. Argumentan que la crisis está afectando a toda la región y es muy probable que las inversiones en Nicaragua se congelen hasta que no se resuelva. Otros países integrantes del SICA, como República Dominicana han hecho declaraciones públicas firmes y expresado su preocupación por los efectos en los demás países de la región de una eventual aplicación de la cláusula política del Acuerdo de Asociación con Europa, así como la imposible expulsión de Nicaragua del CAFTA. Mientras tanto, organismos financieros regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue aprobando préstamos a Nicaragua que oxigenan al gobierno.

Por su lado el parlamento europeo venía manifestando su preocupación por Nicaragua desde los últimos tres años en los cuales aprobó cuatro resoluciones. A inicios de julio aprobó una resolución en la que hace señalamientos fuertes e introduce aspectos novedosos respecto a las resoluciones anteriores. En primer lugar, hace referencia a diferentes resoluciones e informes elaborados durante los últimos tres años en foros hemisféricos y europeos; demanda al gobierno de Nicaragua, entre otras cosas, el cumplimiento de aspectos críticos como la liberación de los prisioneros políticos, levantar el estado de sitio de facto, procurar las condiciones necesarias para unas elecciones que cumplan con los parámetros internacionales y permita la entrada de organismos internacionales de derechos humanos.

También hace un llamado al SICA; pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que coordine con Estados Unidos el seguimiento de operaciones ilícitas del grupo Ortega-Murillo y sus allegados; pide al Consejo y Estados miembros de la Unión Europea que amplíen la lista de personas y entidades susceptibles de sanciones, así como activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación. Además, pide facilitar visados de emergencia y refugio temporal por razones políticas.

Entre todas estas expresiones de rechazo y aislamiento internacional, los pocos respaldos con los que cuenta actualmente el gobierno de los Ortega-Murillo es el de Venezuela, Cuba, Bolivia y más recientemente, el espaldarazo político que ha recibido de parte de Rusia a través de una declaración del ministro de defensa en las que afirman haber recibido solicitud de Nicaragua para la compra de armamento y pocos días después, una declaración de la vocera del Kremlin haciéndose eco del discurso gubernamental con la narrativa del “golpe de estado”, la “injerencia” y el respeto a la “soberanía”.

La respuesta del gobierno ha sido la negación y el rechazo de todos los señalamientos de la comunidad internacional. Repitiendo de manera recurrente el estribillo de una supuesta “soberanía” y la “no injerencia” en los asuntos internos del país, se ha negado a atender las resoluciones y recomendaciones que han realizado foros internacionales, gobiernos y organizaciones. Por el contrario, ha respondido ausentándose de los foros internacionales, o bien, con mensajes fuera de tono como la participación del embajador ante el Consejo Permanente de la OEA, el furibundo mensaje en contra de la canciller española, las diatribas diarias de la vicepresidenta Rosario Murillo en contra de la comunidad internacional o el discurso fuera de lugar del propio Ortega el 24 de junio pasado, donde defendía el derecho de los países en desarrollo a manejar energía nuclear, justificó el aprisionamiento de los opositores y la represión.

La debilidad del régimen al desnudo

Desde finales de 2020 Ortega trabajado para construir un escenario electoral cerrado; es decir, un escenario donde pueda controlar todos los factores, de tal manera que en efecto, en la actualidad tiene bajo su poder al sistema electoral. Este sistema está diseñado para que sus resultados favorezcan el proyecto de continuidad familiar de los Ortega-Murillo y las reformas electorales efectuadas en mayo de este año fortalecen ese diseño fraudulento.

Aunque la ciudadanía ha perdido la confianza en el órgano y el proceso electoral, su decisión acudir masivamente a las urnas para cambiar al gobierno y abrir espacio a una nueva transición, llevó a Ortega a seguir una estrategia para cerrar los espacios y no dejar lugar a la ninguna alternativa política con potencial de cambio democrático. Por ello no ha dudado en utilizar la fachada de los recursos legales espurios, así como la arbitrariedad pura a fin de controlar todos los factores electorales y que no se escapen de sus manos.

Por eso ha incrementado la represión y la violencia política, imponiendo un Estado de Terror sobre la ciudadanía, de tal manera que las voces críticas sean silenciadas y el movimiento cívico se quede sin liderazgos. Con esa estrategia, más qué exhibir fortaleza, Ortega en realidad muestra la profunda debilidad en la que se encuentra.

Las elecciones de noviembre también son un punto de inflexión para los Ortega-Murillo considerando que la situación del país es insostenible e incluso para ellos. Hay un fuerte rebrote de la pandemia que no se puede dimensionar claramente por el ocultamiento de los datos, pero es evidente que el sistema de salud está colapsado y hay mucho temor entre la población. A eso se suman los graves efectos económicos de la pandemia y la crisis sobre la ciudadanía en general, pero también sobre su grupo de poder económico. Mientras que las simpatías y confianza en su gobierno cada día son más bajas y el descontento de sus bases de apoyo también se ha incrementado durante los últimos meses.

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En el corto plazo el escenario es incierto. Es probable que Ortega mantenga la escalada represiva durante los próximos meses hasta las fechas de las votaciones. También es probable que se suspendan las elecciones o bien, que se produzca una abstención masiva.  Ese escenario puede resultar favorable a Ortega y darle un poco más de tiempo, pero a la larga es insostenible considerando que sus puntos de apoyo se reducen a su círculo de cómplices más cercano, el ejército y las fuerzas de la policía junto con los paramilitares.

Con un bajo capital político, sus economías en crisis, escasas fuentes de financiamiento para el presupuesto público y aislados de la comunidad internacional, los Ortega-Murillo tienen muy poco que ofrecer a Nicaragua aun cuando logren mantenerse en la presidencia. Del lado de la ciudadanía hay un enorme capital político de organización y un entretejido de liderazgos sociales sosteniendo las acciones cívicas para el cambio político y la democratización. Ese es un capital estratégico y de mediano plazo; es el capital que asegura el futuro de Nicaragua.