Publicaciones: Boletín Perspectivas

Desde finales del 2020 se sabía que los meses de abril y mayo de 2021 serían decisivos para definir aspectos clave de las elecciones programadas para noviembre; tal es el caso de las candidaturas a la presidencia y las diputaciones, así como las indispensables reformas para asegurar un proceso electoral competitivo y transparente. En efecto, el escenario electoral comenzó a cambiar rápidamente y ya está bastante más claro. A todas luces, favorece los intereses de Daniel Ortega.

La población ha esperado esperanzada que la prolongada crisis sociopolítica se resuelva en el 2021 con las elecciones presidenciales previstas para finales de año debido a los efectos políticos y económicos que ha significado; sin embargo, la voluntad política del gobierno parece ir en otra dirección según se desprende de las recientes reformas electorales efectuadas por el aparato legislativo controlado por Ortega. Por su lado, las distintas fuerzas de oposición no lograron articular una alianza electoral amplia, enfrascados en una disputa pública que tiene como principales protagonistas a los partidos políticos. División que ha sido aprovechada por Ortega para suspender la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD) integrante de la Coalición Nacional y emprender una nueva escalada de represión en contra de varios precandidatos, organizaciones sociales y medios de comunicación.

La definición de las candidaturas

El tema de las candidaturas presidenciales surgidas de las fuerzas de oposición se ha considerado como un aspecto clave para generar confianza en la ciudadanía alrededor del proceso electoral y la transición democrática. Desde 2020 se perfilaron al menos ocho pre candidatos: Miguel Mora del Partido Restauración Democrática (PRD), Luis Fley de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), George Henríquez del partido regional Yatama, Medardo Mairena del Movimiento Campesino; todo ellos integrantes de la Coalición Nacional; además, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz por la Alianza Ciudadanos integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Más recientemente se presentaron como candidatos María Eugenia Alonso, en la Coalición Nacional; Noel Vidaurre y Américo Treminio en la Alianza Ciudadanos. Cristiana Chamorro también ha presentado públicamente sus intenciones de correr como candidata a la presidencia, pero lo ha hecho de manera independiente, sin adscribirse a ninguna de las dos plataformas de oposición más importantes organizadas en el país.

Uno de los aspectos que más ha generado controversias públicas se refiere a los mecanismos que se utilizarán para seleccionar la fórmula para la candidatura presidencial. Este es un tema que está en discusión pública desde hace varios meses; cada una de las plataformas ha venido trabajando por separado sus propuestas metodológicas y en algunos momentos se habló de definir un mecanismo coordinado para seleccionar una fórmula de consenso; sin embargo, en la medida que los esfuerzos de unidad entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional no prosperaron, se han definido mecanismos distintos.

En el caso de la Alianza Ciudadana la metodología incluye encuestas, debates, grupos focales y la participación de jueces definidos por los propios aspirantes, quienes emitirán una opinión al respecto. Cuatro candidatos se han inscrito para participar en el proceso: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Noel Vidaurre y Américo Treminio. CxL, el partido integrante de la Alianza Ciudadana, ha expresado públicamente su negativa para que Cristiana Chamorro se inscriba como pre candidata, mientras a los demás aspirantes les ha anunciado su disposición siempre y cuando acaten sus reglas. Por su parte, la Coalición Nacional también ha definido su metodología la cual consiste en la realización de mega encuestas por parte de una firma reconocida en el campo. Sus organizaciones integrantes han propuesto a cinco aspirantes y aunque no lo han expresado explícitamente, incluirán también a Cristiana Chamorro. Ninguna de las dos plataformas ha aplicado su método para escoger a la fórmula presidencial; hay aspectos que todavía están en discusión, entre ellos si finalmente las dos plataformas definirán un mecanismo conjunto para la selección de la candidatura presidencial; si no se logra establecer un solo mecanismos, si se abrirá el espacio para la inscripción de todas las candidaturas en ambas plataformas.

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Desde finales de 2020, se han efectuado varios sondeos de opinión y encuestas a fin de que la población pueda expresar sus preferencias entre las personas aspirantes a la candidatura presidencial y en la mayoría de ellas los dos que alcanzan los porcentajes más importantes son Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga. Los demás candidatos alcanzan porcentajes significativos, aunque menores. La preferencia de la población no está cerrada y todavía no se ha decantado definitivamente por una fórmula presidencial. Hay una enorme presión para que se realice un ejercicio similar a unas primarias considerando el contexto de alta represión que existe en el país, pero que de como resultado una candidatura con legitimidad ciudadana.

El proceso de selección de la fórmula presidencial ha sufrido algunos altibajos en las últimas semanas considerando que los esfuerzos para construir una alianza electoral amplia entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana se vieron frustrados recientemente, y con la suspensión de la personería jurídica del PRD por parte del CSE, dejando a la Coalición sin casilla para participar en las elecciones.

Otro proceso también en curso es la selección de las candidaturas a diputaciones, el cual ha avanzado, pero también ha dado lugar a tensiones y fuertes reacciones en las redes sociales porque se considera que está relacionado con las viejas prácticas de la política tradicional. Uno de los incidentes que generó fuertes reacciones fue la filtración de una lista preliminar de personas propuestas en el proceso interno de la UNAB. Las listas finales no están decididas y están sujetas a intensas negociaciones entre las fuerzas de oposición.

Tanto el proceso de selección de las candidaturas presidenciales como el de las diputaciones debería avanzar en el transcurso de junio y julio, pues a finales de ese mes tendrían que realizarse las inscripciones ante el CSE de acuerdo con el calendario electoral publicado. Sin embargo, todavía están pendientes de resolver algunas tensiones entre las fuerzas de oposición en las dos plataformas existentes en relación con la fórmula presidencial y las listas para diputados.

Reformas a la medida del régimen

La demanda de reformas a la ley electoral está planteada desde hace varios años y tomó fuerza a raíz de 2018. Diferentes actores nacionales han elaborado propuestas de reformas, las más recientes de ellas efectuadas por el Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE) a partir del trabajo conjunto de varias organizaciones. Actores internacionales como la OEA y el Parlamento Europeo han urgido al gobierno de Ortega para reformar la ley electoral a fin de crear las condiciones necesarias para unas elecciones justas y transparentes. El mes de mayo se consideró como el período máximo para efectuarlas.

Así, el 4 de mayo, luego de mantener en vilo al país, la Asamblea Nacional aprobó la sustitución de varios magistrados del CSE. Todos los nuevos diputados son integrantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); de ellos fueron reelegidos Lumberto Campbell y Mayra Salinas, mientras que Brenda Rocha, Alma Nubia Baltodano, Devoney McDavis, Cairo Amador y Leonzo Knigth fueron elegidos por primera vez. Días antes de la elección, la Asamblea anunció la realización de consultas con varios partidos políticos para que hicieran propuestas de magistrados; de tal manera que varias organizaciones, entre ellas la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana presentaron sus propuestas.

Al momento de la votación, el diputado Brooklin Rivera de Yatama, el partido regional de la Costa Caribe, integrante de la Coalición, votó a favor de la reelección de Lumberto Campbell, dando lugar a una crisis interna que culminó con la suspensión temporal del partido y la expulsión de Rivera de esa plataforma. Días después, Yatama decidió retirarse definitivamente de la Coalición y respaldar a Brooklin Rivera considerado uno de sus máximos líderes. En la opinión pública la decisión de Rivera generó una ola de rechazo porque se consideró que su voto era una “traición” al espíritu de abril y una muestra de connivencia con los Ortega-Murillo. Esta decisión afectó directamente a George Henríquez, precandidato a la presidencia que había sido respaldado por Yatama y que después de este incidente afirmó que mantenía su candidatura dentro de la Coalición, pero se separaba de Yatama.

El mismo día que la Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de los nuevos magistrados del CSE, también se aprobó un conjunto de reformas espurias a la ley electoral pues, en vez de crear las condiciones necesarias para el pleno ejercicio del voto ciudadano tal como ha demandado la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional, establecen más obstáculos. En primer lugar, el nombramiento de los magistrados significa mayor control de Ortega sobre el aparato electoral. Las reformas establecen inhibiciones a los candidatos o candidatas, así como partidos o alianza de partidos que estén acusados por Ortega de ser “golpistas” o promover sanciones en contra de su gobierno, de acuerdo con la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, ambas aprobadas a finales de 2020.

Uno de los aspectos más sensibles en las diferentes propuestas de reforma electoral es el padrón electoral, pues es la base de una serie de irregularidades cometidas en votaciones previas. Su revisión y depuración ha sido señalada por el GPRE y la OEA como una prioridad; en las reformas aprobadas no se incluye tal acción, pero si se establece la verificación ciudadana, además que se limita el derecho a ejercer el voto a aquellas personas que no han participado en los dos últimos procesos electorales. Un tercer aspecto crítico es el de la observación nacional e internacional; en ese caso, lo que se estableció fue el acompañamiento, una categoría que limita la una efectiva observación de los procesos electorales. Además, se establece que los partidos políticos participantes en la campaña tienen que solicitar autorización a la policía para realizar actividades proselitistas o manifestaciones públicas. Finalmente, el CSE bajo el control de Ortega divulgó el calendario electoral inmediatamente después de las reformas con lo que aceleró la dinámica del proceso y de las fuerzas políticas de oposición.

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Desde antes de las reformas, diferentes gobierno, foros e instancias de la comunidad internacional expresaron su preocupación por la falta de condiciones para unas elecciones justas y transparentes en Nicaragua, entre ellas los gobiernos de Estados Unidos y Canadá; la Asamblea General de la OEA y el Parlamento Europeo. Una de las más importantes es la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020, que señala al menos siete aspectos indispensables para las elecciones, entre ellas la observación internacional.

Ortega y la Asamblea Nacional bajo su control se negaron a abrir canales de negociación y entendimiento con la OEA sobre el tema, aprobando reformas a su conveniencia. Eso dio lugar a reacciones fuertes de parte de diferentes gobiernos, una declaración de la Secretaría General de la OEA, otra de su Consejo Permanente y del Parlamento Europeo. En todas ellas se señala la preocupación de la comunidad internacional por la falta de condiciones para el proceso electoral y demandan su aseguramiento.

Unidad fallida

La unidad de las fuerzas de oposición ha sido una demanda planteada por toda la ciudadanía desde que se visualizó a las elecciones como el punto de inflexión para la salida de la crisis sociopolítica. Desde 2018 se han hecho varios intentos para lograr articular una alianza amplia, la más importante de ellas ha sido la conformación de la Coalición Nacional en 2020. Sin embargo, diferencias de intereses y perspectivas entre las diferentes organizaciones y los partidos políticos han erosionado tales esfuerzos.

Al iniciar la carrera electoral en 2021, las dos plataformas más importantes eran: la Coalición Nacional conformada por la UNAB, la FDN, Yatama, el PRD y el Movimiento Campesino; y la Alianza Ciudadana conformada por la ACJD y el partido CxL. Como ya se ha mencionado, cada plataforma ha propuesto sus precandidatos para la fórmula presidencial y se aprestan a elaborar sus listas de candidatos a diputados. La demanda ciudadana para que estas dos plataformas se unieran a fin de integrar una alianza electoral amplia se incrementó durante los últimos meses y todavía más cuando el régimen de los Ortega-Murillo mandó a publicar el calendario electoral que establecía el 12 de mayo como la fecha para la inscripción de alianzas entre partidos políticos.

La danza de mensajes y agrias recriminaciones entre las dos plataformas se incrementó en la medida que se acercaba la fecha fatal; mientras que CxL, el partido dominante de la Alianza Ciudadana se negó sistemáticamente a abrir espacios de negociación y entendimiento con la Coalición Nacional, pero si accedió a negociar con el PRD.

En el intertanto, la zancadilla de Brooklin Rivera en la Asamblea Nacional al votar por la reelección de Lumberto Campbell hizo tambalear a la Coalición Nacional; mientras que en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se acusaba de abuso a Medardo Mairena, el precandidato del Movimiento Campesino. Ambos intentos, evidentemente, promovidos por el gobierno son parte de la estrategia de dividir a la oposición, particularmente a la Coalición.

El debate público, particularmente en las redes sociales, alcanzó niveles polarizantes, se plagó de recriminaciones y calificativos; diversos sectores sociales realizaron insistentes llamados a la unidad de las fuerzas opositoras argumentando diversas razones, pero sobre todo el interés común de la sociedad nicaragüense de presionar a Ortega por una salida democrática mediante las votaciones de noviembre, y que para ello es indispensable presentar a la ciudadanía una alternativa unificada, así como una candidatura de consenso. A estos llamados se sumaron diferentes actores y organizaciones de la comunidad internacional, mientras que la Comisión de Buena Voluntad realizó diferentes esfuerzos para tender puentes de diálogo entre las dos plataformas, el último de ellos a través de Dennis Martínez, quien se ofreció a mediar entre el PRD y CxL para lograr un acuerdo e inscribir una alianza de los dos partidos.

CxL insistió siempre que ellos son la casilla idónea y que el PRD debía sumarse a ellos. Se negaron sistemáticamente a reconocer y mucho menos a dialogar con otros actores de la Coalición como la UNAB. También se negaron a aceptar los buenos oficios de la Comisión de Buena Voluntad. Por su lado la ACJD y la UNAB abrieron espacios de diálogo entre ellas, pero no tuvieron éxito. El 12 mayo, día del plazo fatal, CxL organizó una conferencia de prensa en la que varios de sus integrantes, uno tras otro, hicieron diferentes reclamos públicos al PRD y luego enviaron un mensaje a través de las redes diciendo que los esperaban para firmar el acuerdo que no habían logrado establecer de previo. Según lo que ellos mismos anunciaron, tenían cita a las 2 de la tarde para la inscripción en el CSE, luego de un momento confuso en el que varios integrantes de la Coalición los fueron a buscar al hotel donde se efectuaba la conferencia, al CSE y luego a la sede de CxL en un intento fallido para lograr un acuerdo, este último partido finalmente se trasladó al CSE a efectuar la inscripción de su alianza con el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC), defraudando la demanda de unidad que tanto reclamó todo el país.

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De inhibiciones y personería canceladas

Poco después del fallido intento de unidad, el escenario ha comenzado a moverse muy rápidamente. Inicialmente, el PRD mantuvo su decisión de permanecer como miembro de la Coalición Nacional y firmó un acuerdo político con diferentes organizaciones integrantes de la misma; sin embargo, pocos días después un grupo de pastores evangélicos presentaron una impugnación contra el partido ante el CSE y esto fue utilizado como pretexto para suspenderle la personería jurídica, lo cual lo inhabilita totalmente para inscribirse y participar en las elecciones. El presidente del partido introdujo un recurso de revisión ante el CSE para revertir la suspensión de la personería jurídica pero todavía no ha sido resuelto. Más recientemente, el PRD decidió abandonar la Coalición Nacional, en un obvio intento de recuperar su personería jurídica para inscribirse en las elecciones. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y es considerada como una estratagema promovida por los Ortega-Murillo para desarticular a la Coalición Nacional, dividir aún más a las fuerzas de oposición y forzar a los votantes a decantarse por la casilla de CxL durante las elecciones. El CSE también le suspendió la personería jurídica al Partido Conservador (PC), a pesar de ser colaborador del gobierno, o “zancudo” como les llama la población.

El Ministerio de Gobernación citó a Cristiana Chamorro, la candidata independiente a la presidencia, para que se presentara a sus oficinas el 20 de mayo por una supuesta investigación sobre lavado de dinero que señala a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de la cual fue presidenta hasta febrero de 2021 cuando decidieron cerrar para no verse expuestos a la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por el gobierno en noviembre de 2020. Al día siguiente, el 21 del mismo mes, fue citada por la Fiscalía en relación con una investigación que la relaciona con cuatro delitos: falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero. Ese ha sido el inicio de una razia en contra de la prensa independiente que ha significado la comparecencia de más de una decena de periodistas de distintos medios nacionales e internacionales ante esa institución y de los cuales, al menos tres han sido señalados como “imputados”, en medio de numerosas irregularidades en los procedimientos y leyes. Chamorro ha denunciado que se trata de una fabricación perversa para inhibirla como candidata y de paso, silenciar a la prensa independiente.

Un escenario complejo, pero con posibilidades

Es evidente que el escenario político relacionado con las elecciones en Nicaragua contiene elementos artificiosos de parte de los Ortega-Murillo. Es un escenario que han venido ajustando a la medida de sus intereses y conveniencias para enrumbar a la sociedad nicaragüense por la ruta que han ideado para resolver la prolongada y grave crisis que vive el país desde 2018. Por supuesto que esta ruta no coincide para nada con la que espera la mayoría de la población que desea un cambio de gobierno y la apertura de la transición democrática. Ese es el principal factor de error en el cálculo político que han hecho Ortega y sus allegados.

Una de las jugadas más importantes de Ortega ha sido cerrar los espacios políticos a los actores emergentes del 2018, por eso ha afinado todos los mecanismos formales e informales del poder para sacarlos del juego; además, ha alimentado la división entre las fuerzas de la oposición para evitar que participen unidos en la competencia electoral; para eso se ha valido de chantajes, presiones y de los intereses mezquinos de algunos de ellos. Los partidos políticos se han convertido en los peones idóneos de esta jugada, pues han utilizado sus personerías jurídicas y las trampas de la ley electoral para mediatizar las posibilidades de participación de los actores emergentes como la UNAB, el Movimiento Campesino y otros.

En su escenario prefabricado, Ortega ha demostrado que pretende continuar en la presidencia, de allí que no sólo mantiene el control del aparato electoral, sino que lo ha incrementado. De manera que no esperará llegar hasta el día de las votaciones para ejecutar el fraude electoral, sino que ya lo ha puesto en marcha.

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La oposición enfrenta un escenario complejo, pero no imposible siempre y cuando los diferentes actores que la integran, particularmente el partido CxL deponga su actitud cerrada respecto a los demás, facilite el acercamiento de los precandidatos y la conformación de una alianza electoral amplia. De momento no han mostrado esa voluntad, aunque lo han declarado públicamente. Desde el punto de vista de algunos análisis, CxL estaría apostando a convertirse en la segunda fuerza política del país y facilitar un nuevo entendimiento entre el gran capital y Ortega, de tal manera que les permita recuperar espacios de poder y sus negocios. Esa es una apuesta que está por verse todavía.

El escenario no está cerrado y seguramente los acontecimientos se van a acelerar en la medida que se vaya acercando la fecha de las votaciones. Todavía hay varios aspectos pendientes de resolver para la oposición, por ejemplo, cómo se elegirá la fórmula que le disputará a Ortega la presidencia; cómo se van a elegir las listas de las candidaturas a diputados; si efectivamente se va a buscar un mecanismo de consenso donde puedan participar todos los precandidatos, entre otros.

Mientras tanto, Ortega ha optado por apretar más a la sociedad nicaragüense incrementando la represión; esta vez, el objetivo inmediato, además de inhibir a Cristiana Chamorro, es silenciar las voces críticas que todavía existen en el país, por eso ha dirigido sus acciones de represión en contra de las organizaciones sociales y la prensa independiente, para lo cual además de utilizar las leyes aprobadas a finales de 2020, ha incrementado los ataques directos tal como ocurrió con el nuevo asalto y confiscación arbitraria a las instalaciones de Confidencial y Esta Semana, dos de los medios independientes más reconocidos dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

La represión también apunta a contener las actividades de protesta de los ciudadanos, pues Ortega teme que una chispa leve vuelva a encender la llama de la movilización y el enorme descontento que ha crecido durante los últimos tres años. Por eso ha incrementado los despliegues policiales, la actividad de los grupos paramilitares, la vigilancia política y los hostigamientos. Otro factor al que teme son las acciones de presión de la comunidad internacional en la OEA, el Parlamento Europeo y otros foros internacionales. Pero a lo que más le teme es a las sanciones impuestas principalmente por el gobierno de Estados Unidos y las posibilidades de aprobación de la Ley Renacer presentada por senadores norteamericanos.

La partida apenas está comenzando. Ortega juega con los dados cargados a su favor, mientras que la ciudadanía se apresta a jugarla con su decisión de cambio para emprender el rumbo de la democracia, la justicia y la libertad.