Publicaciones: Boletín Perspectivas

En medio de un complejo escenario, la carrera para las elecciones presidenciales programadas a noviembre de 2021 ya inició en Nicaragua. En febrero se definieron de manera más clara los aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición e iniciaron sus actividades de lanzamiento de las campañas; también se presentaron propuestas de programas de gobierno y se conocieron listas adelantadas de candidaturas a diputaciones. Por su lado, en medio de un escalamiento de la represión, el gobierno de los Ortega-Murillo no ha dado muestras de voluntad política para establecer las condiciones necesarias de manera que los comicios transcurran de forma justa y transparente. Mientras tanto, el reloj político parece acelerarse en la medida que avanza el año.

La campaña arranca temprano

De manera similar a procesos electorales precedentes, el de 2021 ha arrancado temprano. El gobierno comenzó a hacer sus preparativos desde el 2020 buscando impedir que la oposición se movilice y participe en actividades políticas de manera que no se conviertan en vehículos de protesta para la mayoría de población descontenta; mientras que las fuerzas de oposición han dinamizado sus actividades en función del complejo escenario electoral en el que se están moviendo.

Del lado de la oposición, uno de los primeros pasos ha sido la nominación de candidaturas presidenciales desde diferentes organizaciones y plataformas políticas, especialmente la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadanos, que son las dos más reconocidas. Hasta ahora se perfilan ocho candidatos: Félix Maradiaga, George Henríquez, Luis Fley, Medardo Mairena y Miguel Mora provienen de organizaciones que integran la Coalición Nacional; Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz son parte de organizaciones que integran la Alianza Ciudadanos y Cristiana Chamorro, la única mujer, que se presentó de manera independiente.

Al menos seis de los aspirantes han efectuado actos de lanzamiento de sus candidaturas; mientras que los demás han declarado sus intenciones a través de diversos medios de comunicación y entrevistas.

Algunos sondeos de opinión tempranos muestran que algunos de ellos tienen porcentajes importantes de preferencia entre la población; sin embargo, hay una fuerte presión para que todos se sometan a una especie de primarias que permita elegir una fórmula presidencial que cuente con el consenso y legitimidad entre la población. Todo, menos uno de los aspirantes presidenciales, accedieron a firmar el acuerdo “Unidad Nicaragua Primero” en el cual se comprometen a someterse a un proceso de selección democrática, respaldar a quién resulte electo y promover una alianza electoral con una candidatura y casilla única, en función de responder a las expectativas de la población.

La firma del acuerdo fue auspiciado por el organismo Hagamos Democracia y la Comisión de Buena Voluntad, una instancia conformada por el Doctor Carlos Tunnermann, el empresario radial y ex candidato presidencial Fabio Gadea, y el reconocido deportista Dennis Martínez. La Comisión de Buena Voluntad tiene como propósito contribuir a la unificación de las fuerzas opositoras y el establecimiento de una candidatura de consenso y desde inicios del año está realizando diferentes esfuerzos en función de lograr su cometido; para eso ha organizado reuniones e intercambios con los diferentes aspirantes, así como las fuerzas de oposición.

Posterior a la firma del acuerdo, durante el mes de marzo, cuatro de los aspirantes se reunieron en un local de la capital para conversar sobre temas de interés común, entre ellos, el de la unidad. La reunión captó la atención de los medios y de la ciudadanía porque es uno de los signos más positivos de acercamiento entre los aspirantes y porque, en la medida que avanza el tiempo, aumentan las expectativas y la presión pública para que las fuerzas de oposición conformen una alianza electoral amplia; sin embargo, este es un proceso sobre el cual todavía penden nubarrones oscuros.

¿Quiénes son los aspirantes?

Hasta ahora, los aspirantes que han expresado públicamente su deseo de presentarse como candidatos son ocho. Siete hombres y una mujer. Cada uno de ellos tiene un perfil diferente, aunque todos han estado vinculados al movimiento cívico y las acciones de oposición en contra de Ortega (en orden alfabético).

Cristiana Chamorro. Es reconocida por su trabajo en favor de la libertad de expresión y la prensa independiente. Hasta hace poco dirigía la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de quién es hija, y del también periodista Pedro Joaquín Chamorro, considerado el Mártir de las Libertades públicas en Nicaragua.

Juan Sebastián Chamorro. Proviene del sector académico-empresarial pues se ha desempeñado como director de FUNIDES, pero también cuenta con experiencia en administración de proyectos importantes cuando estuvo al frente de la Cuenta Reto del Milenio. Desde 2018 ha participado activamente en el movimiento cívico, especialmente la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y en las dos rondas de negociaciones que se efectuaron con el gobierno en 2018 y 2019.

Arturo Cruz. También proviene del sector académico. Ha estado vinculado al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) por muchos años, pero también se ha desempeñado como funcionario público, especialmente en el sector diplomático durante el gobierno de Ortega. En ocasiones previas se le ha mencionado como potencial candidato a la presidencia.

Luis Fley, (“Jhonson”). Integra la Coalición Nacional en representación de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), una organización conformada desde los años 80 y que formó parte de la Resistencia Nicaragüense. Desde la transición de los 90 ha estado vinculado con las fuerzas de oposición política.

George Henríquez. Es uno de los aspirantes presidenciales más jóvenes. Es afrodescendiente de la Costa Caribe y cuenta con el respaldo del partido regional Yatama. Ha estado vinculado con diferentes expresiones políticas organizadas desde la sociedad civil y el movimiento cívico en la Costa Caribe.

Medardo Mairena. Es uno de los más reconocidos líderes del Movimiento Campesino y es excarcelado político. Hasta su nominación oficial, fungió como coordinador nacional del Movimiento, ha participado en numerosas actividades de protesta desde 2014 en el movimiento anti-canal, luego en el movimiento cívico, el Diálogo Nacional de 2018 y después de su excarcelación.

Félix Maradiaga. Proviene del sector académico y sociedad civil. Se ha desempeñado en cargos públicos relacionados con la defensa durante los gobiernos previos a Ortega y durante el 2018 fue el director del IEEPP hasta que el gobierno les canceló la personería jurídica junto a otras organizaciones de sociedad civil. Ha participado activamente en el movimiento cívico y cuenta con el respaldo de la UNAB para su candidatura.

Miguel Mora. Es un reconocido periodista y excarcelado político. Dirigía el canal 100 % Noticias que fue asaltado y expropiado por el gobierno en 2018 a raíz de su participación activa en las movilizaciones de protesta y por la línea editorial crítica de canal. Desde su excarcelación en 2019 se incorporó nuevamente a las actividades del movimiento cívico y cuenta con el respaldo del PRD.

Como se mencionó antes, todos los aspirantes con excepción de Arturo Cruz, firmaron el acuerdo para someterse a un ejercicio de primarias para seleccionar a la fórmula presidencial a pesar de las difíciles condiciones que prevalecen por la represión impuesta por el gobierno sobre toda la sociedad nicaragüenses, pero particularmente sobre la mayoría de los aspirantes. Durante el mes de marzo la Alianza Ciudadanos llamó a los aspirantes a inscribirse en su proceso de consultas y tres mostraron interés en conocerlo; sin embargo, cuando se les preguntó en público sobre el procedimiento, dijeron que no estaba todavía definido. Del lado de la Comisión de Buena Voluntad se informó que el procedimiento más factible para seleccionar la fórmula presidencial de consenso es la realización de macroencuestas que permitan identificar claramente la preferencia de los ciudadanos, pero todavía tampoco se tiene información clara sobre el procedimiento.

Durante las últimas semanas de marzo, varias agrupaciones de oposición como la Alianza Ciudadanos y la UNAB comenzaron a elaborar las listas de candidatos a diputados para someterse también a un proceso de consultas ciudadanas; sin embargo, las listas elaboradas no son definitivas y los mecanismos de ratificación todavía no están del todo claros.

Las plataformas de oposición

En el escenario electoral es posible identificar algunas plataformas y grupos políticos de oposición que son importantes, ya sea por su capacidad de convocatoria o bien, por el papel que pueden jugar para la construcción de la alianza amplia electoral.

Una de las plataformas más importantes es la Coalición Nacional, conformada actualmente por cinco grupos políticos: la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el Partido de Restauración Democrática (PRD), de ascendencia cristiana; el Movimiento Campesino; el partido regional Yatama, de la Costa Caribe; y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). La Coalición Nacional es una de las plataformas con mayor potencialidad política, tiene una composición mixta de partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales con amplio tendido territorial; pero precisamente por su naturaleza, también está cruzada por tensiones internas de tal manera que los procesos de construcción de consenso son complejos y a veces, lentos. Cada una de las agrupaciones políticas que la integran han presentado sus precandidatos presidenciales, y de ellos tendrán que seleccionar una fórmula de consenso.

Una de sus ventajas es que cuenta entre sus miembros al PRD, uno de los pocos partidos políticos que tiene personería jurídica, condición indispensable, según la ley, para participar en un proceso electoral. Pero, a pesar de su potencialidad, la Coalición tiene un déficit de legitimidad frente a la ciudadanía, en gran parte por las tensiones internas que se han revelado en distintos momentos y por un reclamo fuerte de mayor cercanía y comunicación con la población.

La Alianza Ciudadanos es otra de las plataformas importantes. Está conformada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Es de reciente creación y nació bajo una lluvia de opiniones públicas poco favorables debido a los posicionamientos de la ACJD y CxL respecto a la unidad de las fuerzas de oposición, pues CxL reiteradamente se negó a incorporarse a la Coalición Nacional y la ACJD, formó parte de esta durante un tiempo hasta que se retiró. La Alianza Cívica cuenta con un tendido de organización territorial en diferentes localidades del país y con participación del sector empresarial, el cual cuenta con una fuerte influencia en las decisiones que toman. Igual que en el caso de la Coalición, CxL cuenta con personería jurídica para participar en el proceso electoral, un aspecto que ellos consideran ventajoso respecto a otras fuerzas políticas de oposición.

En este período también han resurgido algunos partidos y grupos como los conservadores de Alfredo César, que han conformado una agrupación llamada Unirte. Aunque no cuentan con legitimidad ni base de apoyo político, han aparecido públicamente reclamando espacio político y representación de la oposición. Además, han intentado acercar a grupos con legitimidad y representación, entre ellas, una de las facciones del movimiento campesino. Pero no han tenido éxito y están expuestos a una fuerte crítica de la opinión pública por sus antecedentes de proclividad con el gobierno de los Ortega-Murillo.

La Coalición Nacional y la Alianza Ciudadanos son las dos plataformas de oposición más importantes; sin embargo, a pesar de distintos esfuerzos realizados, incluidos los de la Comisión de Buena Voluntad creada a inicios de 2021 con el propósito de contribuir al proceso de unificación y la construcción de consensos entre las fuerzas políticas, hasta ahora no hay resultados positivos en esa dirección, de tal manera que muchas personas piensan que la ansiada unidad opositora no se llegará a concretar. Otras perspectivas más optimistas, consideran que es posible construir una alianza electoral amplia de oposición a pesar de las dificultades.

Incremento de la represión

Frente a las acciones de la oposición, Daniel Ortega ha optado por mantener el control del escenario electoral y para eso uno de sus principales instrumentos es la violencia represiva. Desde finales de 2020 ha ordenado que las fuerzas policiales y los grupos paramilitares incrementen las acciones de vigilancia, represión y control sobre los líderes políticos y sociales más destacados tanto a nivel nacional como en localidades, de tal manera que les prohíben salir de sus casas sin ninguna razón o bien, los persiguen a cualquier lugar que se movilicen.

Durante enero y febrero de 2021, el equipo de Monitoreo Azul y Blanco, registró un total de 429 incidentes de violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellos cometidos por policías (66 %). Los hostigamientos son los más frecuentes, pero también se han producido allanamientos de casas, ataques y agresiones de policías y paramilitares; así como ataques a medios de comunicación y periodistas independientes como Radio Darío, en la ciudad de León. Además, mantiene en las cárceles a 123 prisioneros políticos, quienes frecuentemente son maltratados, igual que sus familiares. A pesar de haber firmado un conjunto de acuerdos en marzo de 2019 que incluyen la liberación de todos los prisioneros políticos, Ortega se ha empeñado en mantener a este grupo, además que constantemente detiene a líderes sociales y excarcelados acusándolos de delitos comunes.

Como parte de su campaña clientelista, el gobierno de Ortega inauguró centros de rehabilitación y casas maternas en las instalaciones de los medios Confidencial, 100 % Noticias y ONGs como CISAS, el CENIDH y Popol Na, oficializando las confiscaciones arbitrarias de efectuadas a finales de 2018. Sin embargo, tal como comprobó un equipo periodístico que visitó los lugares, su transformación es cosmética porque en realidad no están prestando ningún servicio.

Esta nueva escalada de represión que incluye grandes despliegues policiales en Managua y otras ciudades del país, así como las acciones clientelistas del gobierno revelan que el temor de Ortega al espíritu de resistencia y protesta que permanece entre la ciudadanía desde 2018. Considerando que los años electorales generalmente presentan una intensa actividad política, incluidos episodios de violencia electoral, y que en este año hay mucha presión social para que la ciudadanía se pueda expresar libremente, es previsible que las expresiones de protesta se incrementen a medida que se acerca la fecha de las votaciones. Pero también es previsible que Ortega mantenga e incluso incremente, la política de represión que ha impuesto sobre el país.

Otros preparativos de Ortega en función del escenario electoral y para mantener su control sobre la ciudadanía, es la conformación de una maquinaria para el fraude y la violencia política. Para eso ha creado la Unidades de Victoria Electoral (UVE) integradas por simpatizantes del gobierno fanatizados. Además, hay numerosas denuncias que reportan entrenamientos militares de personas civiles por parte de la policía en diferentes localidades del país.

Crisis económica rampante y pandemia

Al complejo escenario electoral y de represión política, se suma una crisis económica rampante que se ha acelerado y golpea con fuerza a la población a causa de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno, pero también por su negativa sistemática para resolver la crisis sociopolítica de forma pacífica. Por el contrario, se ha empeñado en recargar los efectos económicos de la misma sobre la población, de tal manera que durante todo el 2020 y los primeros meses de 2021 ha adoptado medidas económicas que han significado el incremento de la carga tributaria sobre la población.

Además del aumento en la carga tributaria, durante las últimas 18 semanas el gobierno ha efectuado incrementos sistemáticos a los precios de los combustibles, generando una cadena en el encarecimiento del costo de los productos en general, y particularmente de la canasta básica. Vale la pena recordar que el grupo económico creado por los Ortega-Murillo y sus allegados controlan su distribución y comercialización. Estos incrementos sostenidos provocaron un conato de paro entre el sector del transporte público como los taxis, de manera que el gobierno decidió una ligera disminución un fin de semana y luego volvió a los aumentos.

Estos incrementos se ven reflejados directamente en el costo de la canasta básica, la cual ha aumentado hasta un estimado de 15 mil córdobas, el equivalente de unos 435 dólares; mientras que el salario mínimo se ajustó solamente en un 3 % a partir de marzo, porcentaje que no alcanza a cubrir ni la mitad de los costos de la canasta básica de los trabajadores, especialmente en sectores como el agropecuario, industria manufacturera, micro y pequeña industria artesanal y turismo, servicios comunitarios, sociales y personales.

La evolución de la pandemia por el Covid-19 es un elemento adicional. El gobierno ha logrado mantener el control de la información relativa con los contagios a través de una estrategia de ocultamiento de los datos para aparentar normalidad. De acuerdo con esta estrategia, las muertes relacionadas con el Covid son registradas como otras causas, de tal manera que el país tiene uno de los subregistros más altos de muertes atribuibles al virus a nivel mundial. De hecho, durante varias semanas, el Ministerio de Salud reporta solamente un fallecido por causa del Covid. El gobierno ha mantenido el discurso de una falsa normalidad y continúa organizando actividades públicas que involucran aglomeración de personas.

En este período también se inició la vacunación contra el virus con las dosis de Sputnik V donadas por Rusia, Covishield donadas por la India y Oxford-AstraZeneca a través del mecanismo Covax. Se estima que entre estas tres donaciones el país cuenta con unas 4,000 dosis. Sin embargo, no se conoce el plan de vacunación considerando que el gobierno no ofrece información al respecto; pero los medios de comunicación verificaron que a las personas que reciben la vacuna se les hace firmar un documento asumiendo voluntariamente la responsabilidad por los efectos. Aunque es un paso importante, el gobierno Ortega-Murillo no ha hecho mayor esfuerzo por conseguir más dosis para ampliar la cantidad de inmunizaciones, ni informar a la población.

Los meses clave: abril y mayo

En el escenario electoral, los meses de abril y mayo son clave para definir las condiciones en que se desarrollará la campaña, pero también la forma en que se va a posicionar la oposición y la comunidad internacional. La importancia de estas fechas es porque de acuerdo con la ley, en mayo se debería abrir formalmente el proceso con la publicación del calendario electoral por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), para que las fuerzas políticas que vayan a participar puedan inscribir sus candidatos tanto en la fórmula presidencial como para las diputaciones. Eso significa que las necesarias reformas electorales tendrían que efectuarse en el transcurso del mes de abril. Una razón adicional es que la Asamblea General de la OEA en su resolución de octubre de 2020 establece el mes de mayo como la fecha idónea máxima para la realización de las reformas; además que tanto la OEA como la Unión Europea han manifestado que la necesaria observación electoral tiene que comenzar a prepararse al menos seis meses antes de los comicios, programados para inicios de noviembre del 2021.

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la estrategia del gobierno está encaminada a efectuar un proceso electoral a su medida y en función de lograr alguna legitimidad entre la comunidad internacional. Para eso ha anunciado la realización de reformas electorales mínimas, así como cambios superficiales en el CSE, específicamente entre los magistrados. Con esas reformas y cambios cosméticos en el CSE, el gobierno estaría respondiendo a la demanda de la comunidad internacional, especialmente de cara a la última resolución de la Asamblea General de la OEA; sin embargo, no serían suficientes para asegurar un proceso justo, competitivo y transparente donde se respeten la voluntad ciudadana. Por el contrario, quedaría intacto todo el sistema electoral que ha sido preparado desde procesos electorales previos para cometer fraudes a favor de los Ortega-Murillo.

Otras condiciones necesarias como la liberación de los prisioneros políticos, el restablecimiento de las libertades y derechos para que los ciudadanos puedan participar en la campaña electoral, así como las condiciones de seguridad necesarias, es poco probable que el gobierno las restablezca a fin de cumplir con los acuerdos firmados en marzo de 2019, de tal manera que las fuerzas de la oposición que participen en la competencia electoral estarán corriendo un alto riesgo de violencia política, especialmente por parte de los grupos paramilitares y las llamadas UVE.

Del lado de la oposición el tiempo también está corriendo y quedan retos importantes por superar. Dos de los más importantes se relacionan con la creación de una alianza electoral ampliar entre las fuerzas de oposición y encontrar una fórmula presidencial de consenso; como parte de ese reto también está el poder construir una lista de consenso para las candidaturas a diputaciones, un aspecto que ya emerge como elemento de debate en la opinión pública. Abril y mayo son también meses críticos para alcanzar esos retos.

Otro reto importante es el fortalecimiento de la organización ciudadana, especialmente en las localidades, en función de la campaña electoral en todos los sentidos: tanto para organizar y participar en las actividades proselitistas, como en asegurar el tendido electoral necesario para la observación ciudadana y la defensa de los votos. Las plataformas más importantes del movimiento cívico como la UNAB y la ACJD, así como el movimiento campesino y algunos partidos políticos, ya tienen estructuras organizativas en las localidades y se están activando en función de esa tarea, pero considerando la importancia que la misma ciudadanía le ha asignado a este proceso electoral, es indudable que se requiere mayor organización y una estrategia política de la oposición que permita potenciar estos esfuerzos.

Por lo pronto, la carrera electoral ya inició a pesar de la fuerte represión gubernamental y una ventana de esperanza se ha abierto para la sociedad nicaragüense.