Publicaciones: Boletín Perspectivas

Después de un cierre tormentoso en el 2020 por causa de la crisis sociopolítica, la pandemia, la apremiante situación económica y la devastación causada por dos huracanes; Nicaragua inicia el 2021 con una gran expectativa de cambio político tomando en cuenta que este año están previstas a realizarse elecciones presidenciales. El escenario de país, sin embargo, es complejo y está lleno de retos que deben superarse para que las elecciones se conviertan en el punto de inflexión del ansiado cambio de gobierno y la transición política que espera toda la sociedad nicaragüense.

Las elecciones en el imaginario nicaragüense

Desde hace tres décadas, en 1990, las elecciones y el ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos se ha instalado en el imaginario nicaragüense como un instrumento de cambio hacia rutas democráticas. En efecto, las elecciones efectuadas en febrero de 1990 permitieron la finalización de un largo conflicto interno que produjo miles de muertes, heridas y destrucción en la sociedad nicaragüense; pero también abrieron el camino de la transición política hacia un período que es recordado como una democracia. Este momento histórico fue encabezado por Violeta Barrios de Chamorro, considerada hasta hoy como uno de los íconos democráticos del país.

Los procesos electorales subsiguientes contaron con altos niveles de participación aun cuando las condiciones de competencia y transparencia comenzaron a deteriorarse gradualmente, sobre todo a partir del año 2000 cuando el sistema electoral se modificó producto del pacto Alemán-Ortega, conocido así porque fue establecido entre los caudillos de las dos agrupaciones políticas más importantes de la época, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El pacto Alemán-Ortega permitió la captura bipartidista del Consejo Supremo Electoral y modificó las reglas del juego electoral democrático, facilitando el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, año a partir del cual el sistema electoral se distorsionó gravemente por las irregularidades y fraudes que se han cometido durante los procesos de votación posteriores para asegurar la permanencia de Daniel Ortega en el poder, su control sobre los demás poderes del Estado, los gobiernos municipales y regionales, y el aparato gubernamental. Como consecuencia, la participación electoral comenzó a disminuir sensiblemente, de manera que en los comicios generales y municipales de 2016 y 2017 los niveles de abstención fueron sumamente altos.

En 2018, cuando emergió la profunda crisis sociopolítica que experimenta el país desde entonces, las elecciones han sido visualizadas por la ciudadanía y por las fuerzas políticas de oposición como la alternativa cívica y democrática para propiciar un cambio de gobierno, abrir un período de transición política y restablecimiento de la democracia.

Nuevamente, como en 1990, las elecciones presidenciales resurgen en el imaginario como un punto de inflexión para el cambio. Sin embargo, para eso es necesario que existan condiciones esenciales, entre ellas: la liberación de los prisioneros políticos; el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos; suspensión de la política de represión y control de los grupos paramilitares; y, - una de las condiciones más importantes -, la realización de reformas al sistema electoral que aseguren un proceso competitivo, justo, transparente, observado y respetuoso de los resultados.

Estas demandas ciudadanas no son nuevas, algunas como las reformas del sistema electoral, han sido planteadas reiteradamente por diferentes grupos y partidos políticos en diferentes momentos antes de 2018; mientras que otras como la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de los derechos ciudadanos, se han acentuado desde 2018. En la medida que el tiempo avanza, se prolonga la crisis y se acerca el momento crucial de las votaciones, se vuelven más urgentes e importantes.

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no muestra hasta ahora, ninguna voluntad para dar lugar a las condiciones indispensables. Por el contrario, ha optado por elevar los niveles de represión en contra de la ciudadanía, especialmente líderes sociales y políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, excarcelados políticos y sus familiares, entre otros. Además, durante los últimos meses de 2020 aprobó cuatro leyes que prácticamente anulan derechos fundamentales y buscan como impedir que las personas con potencial presenten sus candidaturas.

Algunos de sus funcionarios públicos y allegados han hecho declaraciones públicas que indican la intención de restablecer sus acuerdos con una parte del sector privado; así como la decisión de retrasar tanto como sea posible la realización de reformas al sistema electoral, que serían, además, superficiales; mientras que no da ninguna señal para el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos. Esta actitud gubernamental ha instalado una gran nube de incertidumbre sobre las elecciones y las condiciones en las que los ciudadanos acudirán a las urnas.

La indispensable unidad

Uno de los retos más importantes para las distintas fuerzas de oposición en Nicaragua, es la conformación de una alianza amplia que presente una alternativa política de cambio a la ciudadanía. La unidad, como le llama de manera generalizada la opinión pública, se ha convertido en uno de los puntos críticos a resolver durante la primera mitad del 2021, no solamente en función del proceso electoral sino también para llevar adelante el ansiado cambio, la transición política y el restablecimiento de la democracia.

Existen varias referencias de frentes y alianzas políticas amplias en el país. La más reciente y ejemplar fue la Unión Nacional Opositora (UNO) que en 1990 logró la victoria electoral con doña Violeta Barrios de Chamorro encabezándola. La UNO se conformó con un propósito electoral y logró su cometido, sin embargo, se desarticuló rápidamente una vez que se instaló el gobierno de transición. Estaba conformada por catorce partidos políticos con ideologías de derecha, centro e izquierda.

El proceso unitario actual entre las fuerzas políticas es diferente del que dio vida a la UNO en 1989 por el contexto, los actores involucrados y las tensiones que atraviesa. La principal característica es que en esta ocasión los actores emergentes, especialmente los movimientos sociales y las organizaciones de ciudadanos autoconvocados, ocupan un espacio importante en el proceso político, mientras que los partidos cuentan con poca legitimidad y confianza entre la ciudadanía. Por otra parte, los pactos privados y excluyentes promovidos como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad por las élites políticas y económicas desde 1990, están abiertamente cuestionados por la ciudadanía.

Eso le impregna al proceso de construcción de consensos una dinámica marcada por las tensiones y los desencuentros que lo hace avanzar lentamente en dirección a la alianza de oposición amplia, e incluso hace que gravite sobre él un nubarrón de incertidumbre sobre la posibilidad real de llegar a constituirla. Estas tensiones y desencuentros son alimentados premeditadamente por el gobierno de los Ortega-Murillo porque la conformación de esa alianza amplia en este nuevo contexto constituye uno de sus riesgos más grandes. Algunos de los argumentos que más han polarizado a la opinión pública respecto a la conformación de la alianza es una falsa dicotomía entre “izquierda” y “derecha” entre los diferentes actores que protagonizan el proceso, además de las opiniones encontradas sobre las personas que se proyectan como potenciales candidatos para una fórmula presidencial.

La Coalición Nacional, conformada a inicios de 2020 inicialmente con varios partidos políticos y las dos plataformas de organización ciudadana más importantes, se ha mantenido en el tiempo a pesar de que una de las plataformas, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ya no se cuentan entre sus integrantes. La Coalición ha avanzado lentamente en sus procesos internos organizativos y la selección de los potenciales candidatos a la presidencia en unas eventuales elecciones. Es una de las iniciativas de unidad con mayor potencial, pero debe superar algunas tensiones internas y avanzar en su acercamiento a la ciudadanía.

Por su lado, la ACJD decidió abandonar la Coalición Nacional y recientemente estableció un acuerdo con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), para conformar una alianza de cara a las elecciones que han denominado Alianza Ciudadana. CxL sistemáticamente se había negado a integrarse a la Coalición Nacional y el día del anuncio de su acuerdo con la ACJD, su presidenta hizo declaraciones a la prensa que generaron una ola de rechazo en la opinión pública.

Más recientemente un grupo de ciudadanos notables encabezados por el Dr. Carlos Tunnermann y el empresario radial y excandidato presidencial, Fabio Gadea, conformaron una Comisión de Buena Voluntad para colaborar con el proceso de unidad que tiene como fecha fatal el mes de marzo.

La unificación de las fuerzas políticas y la conformación de una alianza amplia se ha convertido en una condición indispensable no solamente para que pueda constituirse en una alternativa frente a la ciudadanía en unas eventuales elecciones; sino también para encabezar la transición política o un escenario en el cual Ortega cierre la posibilidad de resolver la crisis a través del voto ciudadano.

Organización y resistencia ciudadana

Uno de los elementos fundamentales de cara al eventual proceso electoral y las acciones cívicas de oposición, es la conformación de estructuras territoriales en el país. Diferentes fuerzas políticas como la Coalición Nacional, la UNAB y la ACJD ha avanzado en la creación de expresiones organizadas en los diferentes municipios del país a pesar de la represión gubernamental. Algunas de ellas cuentan con núcleos de organización en más de 100 localidades; mientras que durante los últimos meses se ha incrementado la represión y vigilancia policial sobre líderes y activistas en todo el país y algunos de los líderes nacionales más reconocidos, impidiéndoles salir de sus casas o movilizarse hacia otras ciudades de manera totalmente arbitraria.

Por su lado, el gobierno ha activado sus estructuras organizativas y ha dado lugar a la conformación de las llamadas Unidades de Victoria Electoral (UVE) en diferentes lugares del país. Desde hace varios meses también es evidente que están realizando actividades de capacitación entre sus partidarios y están creando las condiciones para una campaña electoral a su favor.

Foto: Carlos Herrera

Es evidente que en estos esfuerzos de organización territorial de las fuerzas de oposición descansa una de las fortalezas más grandes del movimiento cívico que emergió con fuerza desde 2018; constituyen, además, una de las amenazas más grandes para el gobierno que cada día ve más mermada su legitimidad y apoyo político entre la ciudadanía. Las estructuras organizativas de la oposición constituyen un enorme capital político no solamente para el período de campaña electoral y la defensa del voto, sino también para la construcción de la democracia en una eventual transición política.

Las candidaturas y el programa de gobierno

Desde finales de 2020 se comenzaron a perfilar algunos posibles candidatos presidenciales, de manera que iniciando el 2021 éstas han quedado más claras. De acuerdo con sus propias declaraciones y algunos sondeos de opinión, se perfilan entre 6 y 8 posibles candidatos entre los que se mencionan a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Arturo Cruz, José Antonio Peraza, George Henríquez, entre otros. Una lista copada por hombres hasta que Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y el periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro, declaró públicamente su disposición para presentarse como potencial candidata presidencial, imprimiéndole un giro importante al tema de las candidaturas, reconfigurando el abanico de las posibles fórmulas electorales y generando una ola de opiniones públicas positivas. Su anuncio también provocó mucho nerviosismo entre los Ortega-Murillo.

En el camino hacia la escogencia de una fórmula presidencia, uno de los aspectos que todavía no se ha resuelto es el método para escoger a la posible fórmula presidencial. Diversas organizaciones del movimiento cívico y la opinión pública insisten en la necesidad de realizar un ejercicio de primarias que asegure la escogencia por mecanismos democráticos y que las personas elegidas cuenten con amplio consenso y respaldo. Sin embargo, este ejercicio presenta dificultades relacionadas con la fuerte represión que impide la realización de este en condiciones de libertad para las personas participantes; la no existencia de una especie de padrón electoral entre las organizaciones participantes, entre otras. Las posibilidades que se están explorando, aunque válidas no aseguran la amplitud ni la legitimidad o reconocimiento pleno de la fórmula resultante. Por otra parte, hay una fuerte presión para que la fórmula presidencia que resulte de las primarias sea una fórmula de consenso y unidad; es decir, que incluya a las dos iniciativas que existen en este momento: la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana.

Mientras tanto, se dio a conocer públicamente un documento denominado “Aportes técnicos para un Programa de Gobierno Democrático en Nicaragua”, elaborado por más de 100 profesionales y especialistas en distintas áreas sociales, económicas e institucionales. El documento fue formulado como un conjunto de insumos básicos para que las distintas fuerzas políticas puedan abrir un proceso de consultas con la ciudadanía; fue presentado a la Coalición Nacional, quien lo recibió de manera positiva.

Un escenario incierto

El escenario político para el 2021 es todavía incierto debido a las fuertes interrogantes que se ciernen sobre el proceso electoral y las posibilidades de resolver la crisis a través del voto ciudadano. Los tiempos políticos apremian y el calendario electoral está cada vez más cerca presionando tanto al gobierno como a las fuerzas de la oposición y las interrogantes seguramente se despejarán en la medida que se acerque la fecha del proceso electoral; sin embargo, algunas de ellas avanzarán en un sentido favorable y otras, no a juzgar por las tendencias que se han venido marcando.

Una de las interrogantes se refiere a la posibilidad de constituir una alianza electoral amplia con todas las fuerzas políticas de oposición, de manera que se pueda ofrecer a la ciudadanía una propuesta única que permita concentrar la intención de votos en unas eventuales elecciones. Vinculada a esta situación está la posibilidad de conformar una fórmula presidencial que represente esa alianza amplia y sea lo suficientemente sólida para desafiar a los Ortega-Murillo.

Otra interrogante pendiente de despejarse es la relativa a la realización de las reformas electorales necesarias para que las elecciones transcurran en un ambiente competitivo, justo y transparente. Hasta ahora, Ortega a través de sus voceros, ha adelantado la posibilidad de realizar reformas, pero es evidente que, en el caso que finalmente acceda, su intención es realizar reformas electorales de carácter superficial que en realidad no resolverían las graves distorsiones que padece el sistema electoral y dejarían abierto el camino para que se produzcan resultados fraudulentos. Ortega tampoco ha respondido a las demandas de la Organización de Estados Americanos en relación a las necesarias reformas para las elecciones de noviembre y a la propuesta de consenso que ha formulado el Grupo pro Reforma Electoral.

La liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas es otra de las grandes interrogantes que se ciernen sobre el proceso político del 2021. Esta es una de las demandas más sentidas del movimiento cívico y de la ciudadanía en general. En efecto, en las cárceles se encuentran más de cien prisioneros políticos y los Ortega-Murillo han impuesto sobre el país un estado de excepción de facto anulando los derechos y libertades fundamentales. En esas condiciones, es imposible pensar en una competencia electoral competitiva y justa donde las distintas fuerzas políticas pueden realizar sus actividades de proselitismo político en total libertad. Por otra parte, la liberación de los prisioneros políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas son parte de los acuerdos firmados por el gobierno en la segunda ronda de negociaciones del 2019.

Aparejado al restablecimiento de los derechos ciudadanos está la condición indispensable de suspender la política de represión impuesta por el gobierno de los Ortega-Murillo sobre la sociedad nicaragüense. Esto significa suspender los despliegues policiales, la vigilancia, el hostigamiento, las agresiones y los impedimentos de movilización por parte de la policía y los grupos paramilitares en contra de líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general.

Una de las interrogantes más importantes a despejar además de las ya mencionadas, es la decisión que deberían tomar las fuerzas políticas de oposición en el caso de que no existan las condiciones necesarias para efectuar las elecciones en condiciones justas, transparentes, con observación internacional y en libertad. La ciudadanía está consciente de esta posibilidad y son numerosas las voces que demandan la no participación en un proceso electoral que no preste tales condiciones.

Finalmente, en el caso que las fuerzas democráticas de oposición concurran a las elecciones con el respaldo de la ciudadanía y los Ortega-Murillo nuevamente pretendan imponer resultados fraudulentos, una gran interrogante se cierne sobre el futuro del país y sobre las posibilidades de resolver la crisis sociopolítica que emergió desde el 2018. Un escenario en esa dirección demandaría mayor madurez y responsabilidad de los liderazgos políticos y económicos para proponer a la sociedad nicaragüense una estrategia más consistente.

El 2021 sin duda es un año complejo con muchos retos, pero también con muchas oportunidades que pondrán a prueba a todos los actores políticos, incluida la ciudadanía.