Publicaciones: Boletín Perspectivas

A inicios de noviembre, Nicaragua sufrió los azotes del huracán Eta que destruyó numerosas comunidades de la Costa Caribe norte; dos semanas después sufrió los embates del huracán Iota, más catastrófico que el anterior, en una de las temporadas de fenómenos naturales más intensas de los últimos años. La fuerza destructiva de ambos huracanes ha afectado prácticamente a toda la región centroamericana, pero particularmente a Nicaragua, donde los dos meteoros situados en las categorías más altas, han tocado tierra y destruido comunidades enteras. A la vez de los embates de la naturaleza, el país también ha presenciado otras tempestades políticas ocasionadas por la aprobación de un triduo de leyes represivas por parte del gobierno de los Ortega-Murillo, el retiro de la Alianza Cívica (ACJD) de la Coalición Nacional y por las tensiones que se han generado luego que el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de las visas para el caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, y otros miembros de su familia.

Los daños de Eta

Durante las primeras dos semanas de noviembre, Nicaragua y otros dos países centroamericanos sufrieron los embates de Eta que impactó en tierra como huracán de categoría 4 y afectó a Honduras y Guatemala como tormenta; días más tarde, el huracán Iota de categoría 5 impactó Nicaragua y afectó prácticamente a toda la región centroamericana, pero especialmente a Honduras y Guatemala, nuevamente convertido en tormenta.

La fuerza destructiva de Eta causó daños que no habían terminado de cuantificarse en la Costa Caribe, cuando Iota causó mayor destrucción en todo el país. Hasta el momento, se estima que al menos unos 3 millones de personas están sufriendo las consecuencias por causa de las inundaciones que provocó Eta; mientras que las estimaciones sobre las afectaciones de Iota todavía no se han hecho.

Eta provocó en Guatemala un deslave que sepultó a una comunidad completa y más de 100 personas murieron en el desastre; en Honduras, se han reportado más de 20 personas fallecidas y varias personas desaparecidas; mientras en Nicaragua se conocen una cantidad menor pero no precisada de víctimas mortales por el control de la información que ha impuesto el gobierno. El recuento de daños por causa del huracán-tormenta se extiende a todos los países de la región, incluyendo Panamá, Costa Rica y El Salvador; la cantidad de personas fallecidas asciende a 261. La fuerza de Eta destruyó una gran cantidad de viviendas en numerosas comunidades ya sea por los vientos que desató o por las inundaciones; también arrasó los bosques y afectó gravemente los ecosistemas, principalmente en la Costa Caribe.

En Nicaragua, el recuento preliminar de daños que hizo el gobierno asciende a unos 172 millones de dólares. Las afectaciones alcanzan un estimado de 2 millones de personas, más de 1,800 viviendas, centros de salud, el hospital de Bilwi, centros educativos e infraestructura diversa, así como servicios públicos. Eta también provocó severos daños a las cosechas en la zona del Caribe y norte del país.

Previo al impacto de Eta, las alertas se comenzaron a generar tempranamente por el Centro Nacional de Huracanes localizado en Estados Unidos, y el Centro Humbolt; sin embargo, el gobierno de los Ortega-Murillo desestimó los avisos y las actividades de evacuación, así como el establecimiento de albergues y otros aprovisionamientos los cuales se realizaron hasta el último momento en el caso de Eta; de manera que al momento del huracán no habían condiciones preparadas para atender a las miles de personas que fueron evacuadas de sus comunidades. Tampoco se realizaron tareas de información y evacuación en comunidades aledañas a las zonas de impacto, como es el caso de las comunidades indígenas asentadas en la reserva Bosawás o las que se encuentran asentadas en las riberas del Río Coco.

La ciudad que sufrió los efectos más fuertes es Bilwi, en el Caribe Norte; sin embargo, numerosas comunidades de toda esa región quedaron abandonados a su suerte, organizando la evacuación y la instalación de albergues por su propia cuenta o con los escasos recursos de las iglesias en sus localidades. El ojo del huracán impacto muy cerca de Bilwi y luego se adentró en tierra convertido en tormenta, pero provocando grandes inundaciones en su paso hacia Honduras. Las comunidades afectadas por su trayectoria no han recibido auxilio de ninguna institución estatal y los municipios que cuentan con alcaldías de otros partidos que no son el gubernamental, tampoco han recibido asistencia a pesar de las afectaciones.

En comunidades como Wawa Bar, la destrucción fue total, mientras que, en otras comunidades situadas a lo largo del Río Coco, numerosas familias han permanecido aisladas durante días por las inundaciones. En los sitios donde fueron habilitados albergues para refugiar a las personas evacuadas hay hacinamiento, se carece de colchones, alimentos, medicinas y atención médica.

Devastación total con Iota

Dos semanas después, el 16 de noviembre el huracán Iota, otro más extenso y devastador, impactó nuevamente en la Costa Caribe de Nicaragua provocando un estado de devastación total en esa zona y enormes daños en todo el país. Iota causó daños inmensos también en Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países de la región centroamericana.

Cuando tocó tierra en Nicaragua era un meteoro de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson; después de descargar su fuerza, rápidamente se degradó hasta convertirse en una tormenta y seguir su curso hacia el norte de la región. Aun así, la cantidad de lluvia que produjo generó enormes inundaciones y desborde de ríos en todo el país, además de los vientos que destruyeron todo lo que encontraban a su paso. Una de las ciudades más afectadas es Bilwi y sus comunidades aledañas, las cuales fueron completamente arrasadas. En otras zonas como el triángulo minero, los bosques también fueron devastados.

De acuerdo con los numerosos reportes periodísticos de diferentes lugares del país, antes del huracán se realizaron tareas de evacuación y traslado de comunidades hacia albergues especialmente en Bilwi y las comunidades donde se esperaba el impacto más fuerte. Sin embargo, al igual que en el caso de Eta, la evacuación, la instalación de albergues y otras tareas de preparación fueron realizadas por los propios pobladores y las iglesias. Solamente en algunas ciudades y comunidades, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (Sinapred) y el Ejército participaron en tales tareas.

De acuerdo con los datos oficiales del Sinapred, el total de personas evacuadas fue de más de 63 mil, en 683 refugios. Durante el huracán y en los días posteriores, más de 53 mil familias han permanecido sin agua potable y casi 124 mil viviendas sin energía eléctrica. Las inundaciones y deslaves provocados por Iota dieron como resultado 28 personas fallecidas de acuerdo al equipo de Monitoreo Azul y Blanco, de la sociedad civil, mientras que el gobierno solamente reconoce 21 personas fallecidas. Uno de los casos más críticos fue el deslave en el macizo de Peñas Blancas, en el departamento de Matagalpa, donde fallecieron nueve personas y dos se encuentran todavía desaparecidas; mientras tanto, en el departamento de Carazo, en el Pacífico sur del país, las inundaciones provocaron la muerte de una familia completa en la comunidad La Piñuela; y en Mulukukú, en el Caribe Norte, un deslave provocó la muerte de tres personas más.

El Monitoreo Azul y Blanco también contabiliza 38 municipios con ríos desbordados y comunidades inundadas, seis municipios con 15 puentes colapsados o dañados, 29 municipios con infraestructura dañada en casas y otras edificaciones; 15 reportes de deslaves ocurridos en 11 municipios. Mientras tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), estima que se dañaron más de 1,200 kilómetros de caminos productivos y el recuento preliminar indica que las cosechas de frijoles, legumbres y hortalizas han sufrido daños severos, mientras que otros rubros como el arroz, maní, la caña de azúcar y el café, también hay daños que todavía no se pueden estimar hasta que no se reduzca el nivel de agua.

Insensibilidad y oportunismo gubernamental

Durante la emergencia, Daniel Ortega no compareció públicamente y tampoco dirigió ninguna clase de mensaje a las comunidades afectadas. Cuando diferentes organizaciones sociales e iglesias iniciaron las actividades de recolección de ayuda en varios lugares del país, la policía se dedicó a impedirlas, aun cuando el gobierno no está disponiendo recursos para atender la emergencia. Agencias de cooperación como el Programa Mundial de Alimentos, la cooperación española y otras similares, han destinado recursos de apoyo para las personas afectadas, pero a través de entrega directa o de instituciones como la Cruz Roja.

De acuerdo a datos de las propias instituciones estatales como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, el gobierno no cuenta con fondos para atender la emergencia ocasionada por Eta pues sobre las finanzas públicas ya pesan los tres años consecutivos de crisis económica y política; además que las fuentes de apoyo externo se han reducido significativamente por la desconfianza que existe respecto al manejo de los fondos por parte del gobierno de los Ortega-Murillo, y porque insiste en mantener una política de represión en contra de la ciudadanía, destinando para eso recursos importantes mientras descuida situaciones críticas como la pandemia por el coronavirus. El propio ministro de Hacienda reconoció públicamente que las dimensiones del desastre son nacionales. De manera que durante los últimos días ha estado muy activo buscando acceso a fondos dispuestos por los organismos multilaterales para atender la emergencia en una actitud oportunista.

Las únicas comparecencias pública de Ortega y Murillo se efectuaron el 13 de noviembre cuando se reunieron con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien visitó rápidamente Nicaragua. El 16 del mismo mes, precisamente el día que Iota impactó al país, participaron en una reunión virtual entre los presidentes centroamericanos y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En la reunión Ortega no mencionó los efectos de Eta y tampoco mencionó nada relativo a las acciones de prevención o los posibles efectos de Iota.

Previo a la llegada del huracán Iota, el gobierno dispuso que se realizaran labores de evacuación en las zonas más afectadas y la instalación de refugios; pero, igual que en el caso de Eta, los centros no estaban debidamente preparados, no destinó mayores recursos para atender a las personas refugiadas y, además de impedir el acceso de la prensa independiente a esos centros y a las actividades informativas sobre la emergencia, acosó la cobertura de situaciones críticas como el deslave en el Macizo de Peñas Blancas.

Las consecuencias de Iota no han sido totalmente contabilizadas, pero es claro que los daños son mayores y se van a extender en el mediano plazo. Mientras tanto, el gobierno mantiene su política de represión en contra de la ciudadanía ahora, tratando de impedir las acciones de solidaridad con las comunidades afectadas enviando a la policía a los lugares donde personas, organizaciones e iglesias están recibiendo ayuda; además, ha impedido la labor de la prensa independiente y mantiene un fuerte control de la información, ocultándola o tergiversándola a su conveniencia.

A pesar de que el manejo de la ayuda humanitaria está principalmente en manos de agencias de Naciones Unidas y la Cruz Roja, la distribución en las localidades es realizada por personal gubernamental que la entrega de manera partidizada y haciendo proselitismo en favor del gobierno. Los reportes periodísticos indican también que en diferentes comunidades la ayuda consiste en láminas de zinc, mientras que la gente necesita alimentos y agua. Más recientemente, han surgido denuncias públicas de pobladores a los que se les ha exigido abandonar los refugios a pesar de que sus viviendas fueron destruidas y que se les exige el carné de afiliación partidaria para entregarles algún tipo de ayuda. En las comunidades más alejadas de los centros urbanos, la ayuda no ha llegado y muchas familias no pueden movilizarse porque continúa lloviendo y no han cesado las inundaciones. Las alcaldías que no están bajo el dominio del partido de gobierno no han recibido asistencia, de manera que los alcaldes han recurrido a créditos para atender a la población.

Diversas fuentes de cooperación han reaccionado frente a la catástrofe facilitando fondos para asistencia humanitaria, tal es el caso de la Usaid, la agencia de cooperación española y Taiwán, entre otras. Además, el anuncio realizado por varios organismos financieros multilaterales que están destinando importantes cantidades de fondos ha alimentado la codicia del gobierno, quien no ha recibido fondos desde que estalló la crisis de 2018 ni siquiera para atender la pandemia. El estimado inicial de los fondos a los que tendrá acceso desde diferentes fuentes asciende a los 600 millones de dólares, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo por 185 millones de dólares, mientras que el BCIE tiene previsto otorgar 300 millones más.

Esos fondos tienen dos condicionales fuertes: una de ellas es que no todos serán ejecutados por el gobierno y contarán con mecanismos de supervisión de parte de los donantes; la otra, es que deben ser utilizados para el propósito que fueron aprobados, es decir, la pandemia o la emergencia provocada por los huracanes. Aun así, la suma prevista ha agitado al gobierno porque representa un enorme respiro luego de varios años sin acceso a fondos de cooperación y con una fuerte presión sobre el presupuesto nacional, sobre todo después de los daños causados por los huracanes. Por eso no es extraño que Ortega se deshaga ahora en halagos a los organismos financieros internacionales y muestre una falsa diligencia en la estimación de los daños.

Especialistas de la salud consideran muy probable que después de los huracanes se produzca un rebrote e incremento en los contagios por causa del COVID-19, además del incremento de otras enfermedades como las respiratorias y estomacales. Un efecto no deseado pero previsible en tanto no se guardaron medidas de prevención en los refugios habilitados, y porque al regresar a sus comunidades, los pobladores carecen de condiciones para el manejo de los desechos y todavía están consumiendo agua contaminada por las inundaciones.

Las tempestades políticas en curso

Antes que los dos huracanes azotaran Nicaragua, dos tempestades políticas ya oscurecían el escenario político del país: el retiro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de la Coalición Nacional y la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la suspensión de visas para el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, y otros miembros de su familia.

A finales de octubre, la ACJD decidió retirarse de la Coalición Nacional donde participaba como organización fundadora. De acuerdo con los rumores previos y el comunicado divulgado por ellos mismos, varios sectores de la Alianza tenían inconformidades con el funcionamiento de la Coalición y decidieron abandonarla para desarrollar su propio esfuerzo de unidad. Esa decisión tomada principalmente por los empresarios privados y los estudiantes dio lugar a la salida de un grupo de integrantes que no estaban de acuerdo con la decisión, entre ellos el Dr. Carlos Tunnermann, coordinador de esta. Varias expresiones de la Alianza organizadas en diferentes departamentos y municipios del país también expresaron su desacuerdo y la abandonaron para sumarse a la Coalición. Además, recibieron una fuerte reacción crítica de la opinión pública en diversos espacios, especialmente las redes sociales.

Pocos días después, el gobierno de Estados Unidos anunció que le había  retirado las visas de entrada al país a Arnoldo Alemán, principal líder del PLC, y su familia, debido a sus pasados actos de corrupción y su vinculación con los Ortega-Murillo. Aunque la diputada María Fernanda Flores, esposa de Alemán, argumentó que las visas se las habían suspendido desde hacía años, la decisión de Estados Unidos acentuó la fractura interna que ya venía experimentado el partido, provocó una demanda generalizada de parte de diversos actores, entre ellos la UNAB,  para que los integrantes del PLC vinculados con actos de corrupción salgan de la Coalición. En la opinión pública también se generaron numerosas reacciones.

La emergencia provocada por los huracanes ha significado una especie de receso en las actividades políticas, sobre todo porque las energías y recursos de las organizaciones territoriales del movimiento cívico se han avocado a colaborar con las acciones de asistencia humanitaria, tales como el acopio de víveres; sin embargo, es indispensable avanzar con el proceso de organización territorial y el fortalecimiento de los esfuerzos de unidad.