Publicaciones: Boletín Perspectivas

En los últimos meses, particularmente a partir de agosto, la Coalición Nacional y las alianzas que están en construcción entre los diferentes grupos que integran al movimiento cívico, han comenzado a atravesar tiempos turbulentos que amenazan su composición, retrasan los esfuerzos de unidad y han abierto un intenso debate público sobre la unidad y la salida electoral como la mejor forma de resolución de la crisis sociopolítica que afecta al país desde el 2018. Mientras tanto, el gobierno de los Ortega-Murillo ha emprendido una nueva fase de represión que incluye ataques a líderes opositores y la aprobación de tres leyes violatorias a los derechos humanos de los nicaragüenses.
 

La pandemia y la calma aparente

 
Una vez que la pandemia alcanzó un punto crítico entre los meses de abril y junio, se presentó el fenómeno que los especialistas han denominado como “meseta”, y consiste en el estacionamiento de los contagios y fallecimientos de tal manera que la curva se prolonga en el tiempo. El gobierno ha logrado controlar y disfrazar la información relacionada con los efectos de la pandemia, mientras sigue promoviendo actividades que implican aglomeraciones públicas. En consecuencia, entre la población se ha generado la idea de que el riesgo ha disminuido; mientras que por otro lado, se ha arriesgado a abandonar las medidas de confinamiento para sobrevivir económicamente.
 
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua que está monitoreando la situación, reporta una cantidad de 10,733 casos de contagio y 2,780 fallecimientos sospechosos por causa de la pandemia al 14 de octubre. Mientras que el Ministerio de Salud reporta 5,353 casos de contagio y 154 fallecimientos.
 
Nicaragua y Belice son los dos países de la región centroamericana con las estadísticas más bajas. Sin embargo, lo que los especialistas argumentan es que el gobierno oculta la información sobre contagios y especialmente los fallecimientos, registrándolos como otro tipo de enfermedades. Investigaciones periodísticas indican que durante los últimos meses en el país se han producido unos 6 mil fallecimientos registrados por el gobierno como enfermedades no relacionadas con el Covid-19, tales como infartos, neumonía, hipertensión y diabetes; sin embargo, en declaraciones recientes el director del departamento de Emergencias en Salud de la OPS valoró que esa cifra representa una mortalidad incrementada y que está asociada de forma directa o indirecta con la pandemia.
 
A partir de la experiencia reciente en diversos países, la mayoría de ellos europeos, y por el comportamiento de los casos en Nicaragua, los especialistas han alertado sobre un inminente rebrote durante las próximas semanas, sobre todo porque la movilidad se ha incrementado y el gobierno insiste en promover actividades con aglomeración de personas.
 

Las contradicciones entre los actores de la Coalición

 
En medio de la compleja situación que ha generado la pandemia, el proceso político también ha sufrido varios traspiés debido a las tensiones que han emergido entre los diferentes actores del movimiento cívico. Algunas de estas tensiones existían desde el año pasado, pero se hicieron evidentes a partir de febrero de este año cuando se anunció la conformación de la Coalición Nacional como una alianza amplia de oposición al gobierno de los Ortega-Murillo.
 
Esas contradicciones han tenido varios momentos y han girado en torno a diversos actores, entre ellos: el Movimiento Campesino, los partidos políticos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), las organizaciones de jóvenes, los empresarios privados y los partidos políticos.
 
La ACJD es la plataforma ciudadana que más ha sufrido cambios con esas tensiones. El primero de ellos fue la separación del Movimiento Campesino en febrero cuando anunciaron que entrarían a la Coalición Nacional con asiento propio. Otros grupos o expresiones territoriales también se han separado de la Alianza por diferencias en sus posicionamientos. Algunos de los conflictos recientes en su interior se relacionan con el posicionamiento de las organizaciones de jóvenes que han solicitado su propio espacio de representación en la Coalición y han rechazado las propuestas que desde allí les han hecho porque consideran que los deja en una posición de subordinación para la toma de decisiones.

Otros conflictos han aflorado por las posiciones de los empresarios privados respecto a diferentes temas como la alternativa electoral para la salida de la crisis y las reformas electorales, las alianzas de las plataformas ciudadanas con los partidos políticos y su propia participación dentro de la Alianza. Esos posicionamientos no solamente han generado tensiones a lo interno, sino también en la esfera pública, especialmente las redes sociales, donde han sido fuertemente criticados.
 
Por el lado de las organizaciones de jóvenes integrantes de la Alianza, las tensiones se han presentado principalmente con la Coalición Nacional por los espacios de participación y toma de decisiones que reclaman los primeros. Los jóvenes no han estado de acuerdo con las diferentes propuestas que les han hecho porque consideran que en todos los casos los partidos políticos se están asegurando la hegemonía sobre la toma de decisiones dentro de la Coalición. Al interior de la Alianza, las tensiones con los jóvenes están relacionadas con su posición a favor de que esta plataforma se separe de la Coalición. Otras organizaciones de jóvenes, particularmente las que se encuentran en la UNAB, inicialmente mostraron sus reservas para integrarse a la Coalición y reclamaban espacios propios de participación y toma de decisiones, pero después de un tiempo, decidieron sumarse.
 
En el caso de los partidos políticos, los dos que se han colocado en el ojo del huracán en diferentes ocasiones han sido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). CxL ha sostenido su posición de no integrarse a la Coalición, presentarse como una alternativa electoral con mayores posibilidades políticas y ha mantenido abiertos puentes de comunicación con algunos actores, principalmente algunos sectores de la ACJD como los empresarios y jóvenes.
 
La posición de CxL ha sido agriamente criticada particularmente en las redes sociales porque se considera que no contribuye con los esfuerzos de unidad que requiere el país y más bien favorece al gobierno de los Ortega-Murillo. Por otro lado, sobre el PLC existe una gran sombra de desconfianza considerando el pacto entre Arnoldo Alemán, principal caudillo del partido, y Daniel Ortega, que facilitó el regreso del segundo a la presidencia. Las tensiones por el PLC dentro de la Coalición han estado relacionadas con algunos posicionamientos y acciones adelantadas respecto a las reformas electorales; la integración a las comisiones de trabajo de la Coalición de algunas personas del partido señaladas de actos de corrupción; las dudas sobre la representación del PLC dentro de la Coalición debido a la disputa interna por la presidencia del partido, entre otros aspectos.
 
Las tensiones más recientes e importantes se han generado por los anuncios que algunos líderes de la ACJD han hecho sobre su eventual retiro de la Coalición, una decisión que se ha postergado en el tiempo debido a la ola de críticas públicas y la presión de distintos actores sobre los que propugnan por tomar esa decisión. Una de las voces críticas más destacadas es la del doctor Ernesto Medina, quien goza de gran reconocimiento y ha expresado sus puntos de vista de manera franca. Las voces de diversas expresiones territoriales de la misma ACJD se han sumado a las críticas, expresando su deseo de permanecer dentro de la Coalición.
 
Las tensiones no han amainado y volverán a aflorar en la medida que la presión política se incremente por la cercanía de la campaña electoral, así como por la presión ciudadana alrededor de la unidad como el vehículo para aglutinar los esfuerzos de diferentes actores del movimiento cívico para hacer frente al régimen de los Ortega-Murillo.
 

Los esfuerzos de organización territorial

 
Durante las últimas semanas se han incrementado las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la organización, principalmente en las localidades del país. Tanto la Coalición Nacional como la ACJD, UNAB, el Movimiento Campesino y partidos políticos como CxL y el PLC están realizando reuniones para definición de acciones y su fortalecimiento interno.
 
Estos esfuerzos se están realizando de manera presencial luego que la pandemia obligó a suspenderlas durante varios meses. El resultado inmediato ha sido la reactivación de las acciones de protesta cívica en diferentes localidades. Pero además, se han abierto espacios de diálogo y debate entre los liderazgos políticos nacionales y los integrantes de las diferentes expresiones del movimiento cívico en las localidades.
 
En algunos casos, estos esfuerzos se están realizando por separado, lo cual tiene un doble efecto. En primer lugar, contribuye a ampliar y fortalecer las diferentes expresiones del movimiento cívico en diferentes lugares, además de reactivar y extender las acciones de resistencia. Además, los encuentros han abiertos espacios de diálogo entre los liderazgos nacionales y locales sobre diferentes temáticas de interés, entre ellas, los esfuerzos de unidad y la alternativa electoral para la salida de la crisis. En ese sentido, es un efecto positivo y funciona como un incentivo dentro del mismo movimiento. La otra cara de la moneda es que introduce muchas interrogantes sobre los esfuerzos de unidad, especialmente entre las mismas organizaciones y grupos del movimiento que esperan la conformación de estructuras de coordinación o alianzas en función de la unidad, en vez de iniciativas que transcurren de manera separada.
 
Las tensiones que transcurren en el ámbito nacional no son indiferentes para las organizaciones y grupos en las localidades, de tal manera que en varios de estos encuentros los lideres nacionales han sido interpelados abiertamente a fin de aclarar la situación del proceso de unidad, escuchar las demandas y críticas de quienes integran el movimiento en las localidades y los fuertes llamados de atención que les han hecho para que dirijan los esfuerzos a construir una alianza amplia entre las fuerzas de oposición.

Una nueva fase de represión

 
En la medida que se han reactivado los encuentros territoriales y las acciones de resistencia cívica, el gobierno ha escalado una vez los niveles de violencia, de tal manera que ha abierto una nueva fase de represión que tiene como objetivos: impedir el fortalecimiento de la organización territorial, las acciones de protesta y preparar las condiciones para mantener el control político sobre la ciudadanía durante el 2021, un año electoral.
 
En ese sentido, las principales acciones de la política de represión del gobierno se han dirigido a impedir que los líderes de la ACJD, UNAB y Coalición Nacional se desplacen por el país para participar en los encuentros territoriales. Para eso está utilizando grandes dispositivos de policía y grupos paramilitares que instalan retenes en diferentes lugares de la carretera para detenerlos, registrarlos y amenazarlos. También instalan dispositivos policiales y de paramilitares en los locales de las reuniones, agrediendo, amenazando y violentando el derecho ciudadano a la reunión al introducirse a los locales para escuchar lo que se dice. El incidente más grave ocurrió el 11 de octubre cuando las personas participantes en un encuentro en Masaya fueron atacadas a pedradas por paramilitares en presencia de la policía. Una de las pedradas lesionó de gravedad a la periodista Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, integrante de la Coalición Nacional. Otra característica del asedio y agresiones ejecutados por la policía y paramilitares, es impedir que los líderes políticos, familiares de presos políticos y excarcelados salgan de sus casas, violentando su derecho a la libre movilización. Estos ataques también incluyen a organizaciones sociales como ocurrió cuando la policía sitió la sede del Movimiento María Elena Cuadra y pretendía allanarlo sin orden judicial.
 
Esta nueva etapa de represión también incluye el uso de los recursos legales y fiscales para atacar a empresarios privados, medios de comunicación y periodistas independientes. Por ejemplo, una gran cantidad de empresarios privados han sido víctimas de terrorismo fiscal al exigirles el pago de impuestos exorbitantes y sin fundamento, además que a algunos de ellos les han embargado sus bienes. Medios de comunicación como Radio Darío han sido víctimas de nuevos ataques a sus instalaciones, también se han abierto juicios a periodistas independientes por supuestas injurias y calumnias, y a otros medios les han abiertos juicios por demandas laborales o por supuestas deudas fiscales como en el caso de Nicavisión, el canal 12, 100 % Noticias y el diario La Prensa.
 
Otras modalidades de esta etapa de represión son las detenciones arbitrarias de los excarcelados para abrirles juicios y condenarlos por delitos de orden común; además, se han incrementado las golpizas y el maltrato a los prisioneros políticos, de manera que un grupo de ellos decidió iniciar una huelga de hambre que ya lleva más de dos semanas y varios se cosieron los labios como una forma de protesta.
 

Las leyes de la ignominia

 
Para terminar de configurar su escenario de represión y el estado de excepción de facto que los Ortega-Murillo mantienen sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018, desde septiembre han promovido la aprobación de tres leyes ignominiosas: una ley para restablecer la cadena perpetua, una ley para el registro de personas y organizaciones que han denominado “agentes extranjeros”, y una ley para sancionar los ciberdelitos.
 
La iniciativa para la ley de cadena perpetua es promovida por el gobierno bajo el supuesto de sancionar los crímenes de odio y a raíz de varios femicidios atroces cometidos en contra de varias niñas. En un procedimiento irregular, Ortega envió una misiva a la Corte Suprema de Justicia “instruyéndola” a dar inicio al procedimiento y la Asamblea Nacional se ha prestado a avanzar sin las consultas establecidas en la ley. Su aprobación se requiere en dos legislaturas considerando que implica una reforma a la Constitución que establece una pena máxima de 30 años para las penas. Rosario Murillo dispuso organizar la recolección de firmas entre los empleados públicos para justificar su aprobación; mientras que el propio Daniel Ortega se encargó de revelar con claridad las intenciones detrás de esta iniciativa: contar con un instrumento jurídico para acusar e incriminar a quienes se opongan a su gobierno. La iniciativa ya fue presentada formalmente a la Asamblea Nacional y está en proceso de aprobación, pero requiere dos legislaturas porque implica una reforma a la Constitución.
 
Con un trámite expedito y una consulta entre instituciones subordinadas a la presidencia, la Asamblea Nacional aprobó a mediados de octubre la llamada Ley de agentes extranjeros, una ley que tiene como propósito perseguir y encarcelar a las personas individuales u organizaciones, nacionales o internacionales, que reciben o facilitan apoyo del exterior para acciones que el gobierno considere como injerencia o que amenacen los asuntos internos y externos de Nicaragua, la independencia, autodeterminación, soberanía nacional y estabilidad del país. En resumen, cualquier acción que el gobierno perciba como una amenaza. La ley entró en vigor a lo inmediato y obliga a personas y organizaciones a registrarse ante una oficina del Ministerio de Gobernación, a quien se le atribuyen facultades amplias. Desde el punto de vista de algunos analistas, esta ley se considera una copia de otra establecida por Vladimir Putín, el presidente de Rusia, y su propósito fundamental es limitar el apoyo financiero e institucional al ejercicio de ciudadanía y la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.

La tercera ley, llamada Ley Mordaza, tiene como supuesto sancionar los ciberdelitos; sin embargo, por su contenido es claro que tiene como propósito controlar el acceso al internet, limitar la libertad de expresión entre los ciudadanos, especialmente el uso de las redes sociales, y la libertad de prensa, pues incluye una serie de disposiciones orientadas, supuestamente, a castigar la emisión de mensajes de odio, fake news y otras opiniones que el gobierno considere como amenazas. Previo a la aprobación de la ley, Los Ortega-Murillo emitieron un decreto presidencial estableciendo una estrategia para prevenir los ciberdelitos a fin de preparar las condiciones para la ley.
 
Este paquete de leyes que está en proceso de aprobación son un endurecimiento de la política de represión y el estado de excepción de facto que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018; además, forman parte de una serie de medidas que buscan como crear las condiciones para mantener el control sobre las acciones de resistencia de la ciudadanía, especialmente de cara al escenario electoral del año 2021. Con ellas, los Ortega-Murillo pretenden acallar a la ciudadanía, la prensa independiente, las organizaciones sociales y los líderes políticos.
 

Más presiones de la comunidad internacional

 
Entre septiembre y octubre se incrementaron las presiones de la comunidad internacional sobre los Ortega-Murillo. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Ana Julia Guido, la fiscal que ha dirigido los juicios en contra de líderes del movimiento cívico; Paul Oquist, un norteamericano nacionalizado que además de ser secretario personal de Ortega desde hace muchos años, ocupaba puestos en varias instancias económicas y actuaba como vocero en instancias internacionales; y la Caja Rural Nacional R.L. (Caruna), una cooperativa que se había convertido el principal instrumento financiero del grupo económico de los Ortega-Murillo, especialmente desde que Estados Unidos sancionó a varios de sus operadores económicos y al Bancorp, la institución financiera creada para manejar los fondos del conglomerado Albanisa. Evidentemente, esas sanciones golpean tres sectores clave: el poder judicial como mecanismo de represión, la vocería y la capacidad de gestión internacional que todavía tiene el gobierno y cerró casi completamente el cerco para el grupo económico de los Ortega-Murillo.
 
Por su lado, la Unión Europea decidió extender el tiempo de las sanciones impuestas el año pasado a seis funcionarios del gobierno por su participación en las acciones de represión contra la ciudadanía. Además, están considerando seriamente la suspensión del Acuerdo de Asociación por las violaciones al primer capítulo referido a los derechos humanos.
 
En octubre se realizó una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aprobó una resolución demandando a Nicaragua la realización de reformas electorales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones justas, competitivas y transparentes. Aunque algunos sectores políticos esperaban una resolución más fuerte, declarando la ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega, en realidad terminó resultando en una derrota clara considerando que solamente recibieron un voto de apoyo de la isla de Saint Vincent, contra 20 votos que aprobaron la resolución y 12 países que se abstuvieron entre los que se encuentran México, Argentina, Honduras y Guatemala.
 
Es claro que el principal factor de presión sobre Ortega es la acción ciudadana dentro del país, sin embargo, las acciones de la comunidad internacional también tienen un peso importante. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea han expresado sus intenciones de presionar aún más si Ortega aprueba el paquete de leyes mencionado antes e insiste en mantener la política de represión sobre la ciudadanía. En ese escenario, uno de los factores más importantes es que efectivamente, se concreten los esfuerzos de unidad entre las fuerzas de oposición. Esa es la expectativa más importante de la comunidad internacional, pero también de la mayoría de la sociedad nicaragüense.
 

Un escenario prefabricado para el 2021

 
Las sanciones y la presión de la comunidad internacional, así como la reactivación de las acciones ciudadanas llegan en uno de los momentos de mayor debilidad de Ortega. La política necrófila que ha ejecutado frente a la pandemia, la prolongación de la crisis sociopolítica, las constantes presiones y amenazas a los empleados públicos, y los efectos económicos de las crisis sobrepuestas han disminuido sensiblemente sus bases de apoyo político.
 
Por otra parte, después de la sanción a Avilés, el Ejército ha adoptado una actitud cautelosa aun cuando mantiene el apoyo a Ortega, de manera que su capacidad represiva se encuentra cada vez más limitada y cuenta con menos recursos económicos para sostener los continuos y extensos despliegues de policías y paramilitares.
 
El 2021 será un año de intensa actividad política, lo quiera Ortega o no, por lo tanto, necesita mantener el control sobre las expresiones de protesta ciudadana desde ahora y a toda costa porque sabe que la gente está dispuesta a salir a las calles nuevamente. Las encuestas de opinión muestran que la opinión favorable es cada vez más baja y que la ciudadanía está esperando el momento de las votaciones para empujar el cambio hacia una transición democrática.
 
Para quienes tienen dudas sobre la ruta que tomará Ortega, lo cierto es que se enfrentará a la acción cívica cualquiera que sea la opción que tome. Si decide negociar, hacer reformas electorales antes de la campaña electoral y restablecer los derechos ciudadanos, la población podrá realizar sus actividades políticas tal como se desea. Si decide no negociar ni hacer reformas electorales, pero realizar las elecciones, también se enfrentará a las acciones de protesta de la gente reclamando condiciones básicas para ejercer su derecho. Si realiza elecciones y comete fraudes como en los procesos anteriores, también tendrá acciones de protesta. Y si decide posponer o suspender las elecciones, en ese caso el nivel de protesta se incrementará incluso más que los otros escenarios. Por esa razón, Ortega se ha apresurado a instalar un escenario de represión, inseguridad y violencia controlado por él mismo.