Publicaciones: Boletín Perspectivas

Mayo es el mes en el que comienza a ascender exponencialmente la curva de contagios por causa del COVID-19 en Nicaragua, según las estimaciones que han hecho reconocidos epidemiólogos nacionales e instituciones internacionales especializadas. En efecto, desde la primera semana del mes, la población ha observado horrorizada el incremento en la cantidad de personas enfermas, ingresadas en los hospitales y los fallecimientos por causa de la pandemia. Mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su política de negar la pandemia y sus efectos.

La negación reiterada de la emergencia

Las alertas mundiales sobre la pandemia se activaron rápidamente a inicios de año en todos los países del mundo cuando se conocieron los efectos en la ciudad de Wuhan, en China, y poco después en Italia y España. En Centroamérica, los primeros casos aparecieron a inicios de marzo en Costa Rica y Panamá. En Nicaragua, el primer caso fue reportado por el gobierno el 18 de marzo.

Entre las primeras alertas mundiales y la aparición del primer caso en el país, transcurrieron más de dos meses, suficiente tiempo para que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo adoptaran las medidas que semanas atrás ya estaban implementando otros países de la región como Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, que fueron los que reportaron los primeros casos. Sin embargo, eso no sucedió porque los Ortega-Murillo han negado reiteradamente la presencia de la pandemia y sus efectos en el país. Tampoco hicieron caso de las estimaciones tempranas que hicieron epidemiólogos nicaragüenses y prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad Johns Hopkins y el Imperial College de Londres sobre los graves efectos humanos que tendría el contagio entre la población desde antes que se presentara el primer caso.

Fuera de toda lógica de humanidad, el gobierno de los Ortega-Murillo decidió hacer todo lo contrario a lo que han recomendado organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se dedicó a organizar festivales y marchas como la que denominó “Amor en tiempos del Covid” donde obligaron a los trabajadores de la salud a desfilar con carrozas y disfraces. Estas actividades con aglomeraciones de personas, se organizaron en todo el país e incluyeron fiestas patronales, actividades culturales y deportivas, entre otras. Sus simpatizantes y empleados públicos son obligados a participar bajo amenaza. El gobierno también se ha negado a suspender las actividades educativas en las escuelas públicas y universidades, así como otras actividades cotidianas en oficinas públicas.

Desde que el mismo gobierno reportó el primer caso de contagio, comenzó a implementar un férreo control sobre la información relacionada con la pandemia; control que se mantiene al día de hoy y que tiene como principal propósito simular un estado de “normalidad” falso. Durante semanas, la vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, así como los funcionarios del Ministerio de Salud sistemáticamente han ocultado las cifras reales del contagio y sus efectos a la población en general, a la comunidad internacional y a los organismos internacionales como la OMS y OPS. Durante varias semanas las estadísticas gubernamentales se mantuvieron sin variaciones aun cuando los epidemiólogos y trabajadores del sistema de salud sabían que el país ya se encontraba en una fase de expansión por el contagio comunitario y que era indispensable tomar medidas de prevención y contención de la pandemia, especialmente las relacionadas con la cuarentena y el distanciamiento social.

El gobierno optó por mantener el silencio y las actividades con aglomeración de personas, obligar a los trabajadores estatales a presentarse a sus centros laborales, no cerrar las fronteras ni las terminales aéreas hasta que los países vecinos las cerraron y las líneas suspendieron los vuelos, mantener las actividades escolares y orientar a los médicos y hospitales a ocultar los casos de COVID atendidos y los decesos bajo otras tipologías como “neumonía atípica”.

Daniel Ortega ha permanecido como un gobernante ausente durante toda la pandemia. La primera vez que apareció públicamente durante la pandemia fue el 12 de marzo cuando se entrevistó con unas funcionarias de la OPS y participó en una reunión virtual de los presidentes centroamericanos; después de eso, estuvo ausente por 34 días hasta el 15 de abril cuando compareció públicamente sin mencionar ninguna medida para enfrentar la emergencia. Más adelante, solamente se le ha visto en comparecencias públicas el 30 de abril y el 18 de mayo. En ninguna de sus apariciones ha anunciado medidas para enfrentar la pandemia, ha negado sistemáticamente sus efectos y sus mensajes han sido confusos e incluso, contradictorios.

Ha sido Rosario Murillo, la esposa de Ortega, vicepresidenta y a la vez vocera, quien ha estado a cargo de los mensajes gubernamentales, solamente se ha dirigido a la población a través de llamadas telefónicas diarias. Durante algunas semanas varios funcionarios del Ministerio de Salud dieron entrevistas y se presentaron a los medios de comunicación para presentar reportes que en realidad no tenían información significativa sobre la evolución de la pandemia.

De acuerdo a las estimaciones de los especialistas y las realidades constatadas en los hospitales y centros de salud, durante el mes de mayo la pandemia entró en la fase más crítica de contagio amplio a nivel comunitario. Al negarse a tomar medidas previas y solamente algunas de naturaleza parcial durante este período, el gobierno ha manifestado reiteradamente una voluntad negligente exponiendo al contagio premeditado a toda la población y especialmente a sus seguidores; pero además, ha mostrado un comportamiento criminal al impedir las acciones de prevención y ocultar intencionalmente la información a la población y a la comunidad internacional. Su acción más reciente ha sido la publicación de un “Libro Blanco” donde supuestamente explican la política gubernamental de manejo de la pandemia e intentan equipararse con la política que adoptó Suecia, sin embargo, no ofrecen información consistente ni veraz y en el fondo, lo que intentan es tratar de limpiar su imagen frente a la enorme negligencia criminal con la que se han comportado todos estos meses.

El colapso del sistema de salud

Desde que se presentó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, los datos oficiales mostraron una evolución lenta, de tal manera que entre el 18 de marzo y el 17 de mayo, el gobierno reportó solamente 25 casos, con una tasa de letalidad por encima del 30 %. Un panorama bien diferente del resto de países centroamericanos que muestran estadísticas más altas. Como se mencionó antes, estos datos no se correspondían con la realidad sino con la política de ocultamiento de información de los Ortega-Murillo.

Cuando sucedió lo que los epidemiólogos advirtieron con sus proyecciones y alertas, al gobierno no le quedó más remedio que aceptar el incremento de los contagios y desde el 19 de mayo reporta 279 casos, con 63 activos, 199 recuperados y 17 decesos; un incremento exponencial de una semana a otra que solamente revela la opacidad con la que el gobierno estaba manejando los datos con anterioridad. Aun así, este incremento en los datos gubernamentales no se corresponde con la realidad que se vive en los hospitales y centros de salud de todo el país desde hace varias semanas.

Las denuncias de más de 700 médicos nicaragüenses y los reportes de la prensa independiente dan cuenta de un sistema de salud ya colapsado por la cantidad de personas ingresadas y el alto número de decesos, con una pobre infraestructura y recursos humanos insuficientes para enfrentar la emergencia. El gobierno cuenta con más de 26 mil kits de prueba para detectar el virus, donados por el BCIE desde hace más de un mes y no ha informado a nadie sobre su utilización.

Pero lo más grave de todo, es que desde el inicio de la pandemia prohibió al personal de salud la utilización de equipos de protección, aunque fueran mascarillas. De nada han valido los reclamos, las denuncias y alertas del propio personal de salud que ha quedado irresponsablemente expuesto al contagio por atender casos sin la debida protección, en consecuencia, se reporta que más de 40 médicos y enfermeras han adquirido la enfermedad, con varios de ellos hospitalizados y fallecidos. Esta situación debilita aún más las escuálidas capacidades del sistema de salud para atender a la población enferma pues lo priva de su recurso más valioso.

Un drama humano en las calles

Según se había pronosticado por los especialistas, la curva de contagio comenzó a crecer desde finales de abril, pero fue durante la primera semana de mayo que se incrementó exponencialmente la cantidad de personas contagiadas en todo el país. Los reportes ciudadanos y periodísticos identifican algunos focos importantes en Chinandega, Masaya, Managua y otras localidades del país. Como ya se dijo antes, el gobierno insiste en presentar estos casos como “neumonías atípicas” y las expresiones más duras se han visto en los numerosos casos de personas que caen desmayadas en las calles, la saturación de los hospitales con enfermos y familiares angustiados que piden información sobre las personas ingresadas, y el terrible incremento de los decesos.

En relación con esto último, los llamados “entierros express” son la expresión más macabra de la tragedia. Consisten en funerales realizados a toda prisa, principalmente a altas horas de la noche por personal que utiliza equipos de protección. En algunos casos se permite la presencia de familiares, pero les prohíben realizar fotografías o videos. El propósito de realizarlos de esta manera es para evitar que la población los vea y pueda documentarlos.

A esto se agrega que el gobierno ha dispuesto la presencia de fuertes grupos de policías en los hospitales y cementerios para impedir cualquier protesta o reclamo. Además de los policías, también hay presencia de grupos paramilitares. Ambos grupos, policías y paramilitares, acostumbran a custodiar los vehículos que trasladan los féretros y en numerosos casos llegan hasta las viviendas de los familiares de fallecidos para amenazarlos.

Uno de los grupos con los que el gobierno se ha ensañado particularmente, son los prisioneros políticos que se encuentran detenidos en diferentes centros penales. Se trata de un poco más de 80 personas detenidas arbitrariamente y acusadas en su mayoría de delitos comunes para justificar su encarcelamiento. Sus familiares han denunciado las precarias condiciones en las que se encuentran, condiciones que se han agravado con la pandemia, pero sobre todo porque el gobierno Ortega-Murillo ha ordenado que no se les permita recibir atención médica, medicamentos o artículos de higiene y prevención para evitar el contagio. Informaciones recientes dan cuenta que al menos la mitad de ellos se encuentran con síntomas de COVID-19 y varios de ellos han sufrido desmayos u otros percances de salud en los juzgados evidentemente relacionados con el virus. A mediados de mayo, el gobierno decidió liberar a más de 2,800 detenidos por delitos comunes, pero a ningún prisionero político.

Los simpatizantes y partidarios del gobierno, así como los empleados públicos que han participado en las actividades promovidas por los Ortega-Murillo, son otro grupo afectado por el

contagio del virus porque han estado expuestos de manera premeditada y en muchos casos, continua. Aunque la información se ha manejado con mucho secretismo, se conoce que varios funcionarios importantes se han contagiado, algunos de ellos han fallecido recientemente y entre

sus grupos de apoyo también se reporta una importante cantidad de contagiados. Instituciones

como la Asamblea Nacional y el Poder judicial se han convertido en focos de contagio, incrementando el descontento, miedo e incertidumbre entre los propios partidarios del régimen.

Las iniciativas ciudadanas

Frente a la negligencia criminal de los Ortega-Murillo, la ciudadanía ha tomado sus propias medidas de prevención, cuidado y distanciamiento social, tanto a nivel individual como colectivo. Una parte comenzó a adoptar medidas de prevención cuando se conocieron los primeros casos en otros países de la región centroamericana y un porcentaje más grande las comenzó a practicar cuando se anunció el primer caso en el país. Desde entonces hasta la fecha, se han desarrollado numerosas y valiosas iniciativas ciudadanas.

Una de las primeras y más importantes de esas iniciativas es el Comité Científico Multidisciplinario integrado por un grupo de reconocidos especialistas de diferentes disciplinas. Este Comité Científico se ha constituido en la principal y más seria referencia de información a la población y los medios de comunicación en relación con el análisis de su evolución y las proyecciones que tendrá, pero sobre todo respecto a las medidas de prevención y contención que se deben tomar.

La Unidad Médica Nicaragüense, una organización de profesionales de la salud organizada en el contexto de la crisis política que vive el país desde el 2018, ha dispuesto una serie de números telefónicos para consultas y visitas a personas sospechosas de contagio, especialmente aquellas que son rechazadas en los hospitales y centros de salud públicos. Además, ha realizado varias campañas informativas y de prevención. Numerosos médicos en diferentes localidades del país también se han dispuesto para atender gratuitamente a la población afectada. La iglesia católica ha dispuesto parte de sus recursos para atender este tipo de situaciones y en Matagalpa, por ejemplo, el obispo anunció la apertura de clínicas para atender enfermos; sin embargo, el gobierno prohibió que se realizaran.

Otra iniciativa sumamente importante es el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua que se ha creado para dar seguimiento a la evolución de la pandemia en el país. Conformada por un grupo de voluntarios de diferentes especialidades, así como un amplio entramado de activistas y líderes sociales a nivel local, se ha encargado de identificar casos, verificarlos y construir una base de datos estadística que permita identificar el avance del contagio. Al momento de cerrar este análisis, los datos del Observatorio totalizan 2,325 casos sospechosos de COVID-19, incluidos los 279 confirmados por el MINSA, y 466 muertes sospechosas. Considerando que el gobierno ha limitado la realización de pruebas, así como el estado de represión que prevalece en el país, la recopilación de esta información se vuelve sumamente valiosa para que la misma ciudadanía adopte medidas por su propia cuenta.

Distintas organizaciones como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organizaciones de jóvenes e incluso del sector privado, están realizando campañas informativas y de prevención a través de diferentes redes sociales. Las campañas han sido constantes, se ha intentado divulgar información útil para la población y a través de medios accesibles.

Una de las más valiosas iniciativas la constituyen las cadenas de apoyo y solidaridad local que numerosos ciudadanos han organizado para ayudar a las personas enfermas y de más escasos recursos en sus barrios y comunidades. Estas cadenas están basadas en el amplio entramado de organizaciones y liderazgos sociales existentes en Nicaragua y constituyen el capital social y político más importante de las últimas décadas. Esas pequeñas organizaciones se han encargado de recopilar alimentos, así como artículos de higiene y limpieza para distribuir entre las personas o familias que deben realizar cuarentena, o bien, entre las personas que por razones de subsistencia económica no pueden quedarse en casa. Más recientemente, otros grupos se han organizado para proveer de equipos de protección adecuados a médicos y personal de salud pues los hospitales y centros no cuentan con esos materiales.

Pandemia y crisis política

La pandemia por el coronavirus es una nueva crisis sobrepuesta a la que ya arrastraba el país desde abril de 2018, tanto en el plano político como económico. Esta nueva situación configura un escenario mucho más crítico y complejo para el país, pero a la vez, vuelve más urgente la necesidad de una salida pacífica y democrática, toda vez que el régimen de los Ortega-Murillo ha decidido enfrentar la emergencia mediante una política necrófila que oculta la información y promueve el contagio, aun entre sus seguidores.

Esa política fuera de toda lógica de humanidad los hunde cada vez más y mina sus apoyos significativamente, pues la forma en que han expuesto a sus propios partidarios al contagio ya se nota en la alta cantidad de funcionarios públicos, allegados al círculo de poder y simpatizantes que se han enfermado, e incluso, fallecido.

Políticamente, su aislamiento de la comunidad internacional se ha profundizado con las nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea a policías y funcionarios de gobierno, así como las sanciones del gobierno de Estados Unidos al jefe del ejército, Julio César Avilés y al ministro de Hacienda, Iván Acosta. Eso muestra que la emergencia global por la pandemia no ha pospuesto ni relegado el interés de la comunidad internacional en la situación de Nicaragua. Antes bien, la ha resaltado precisamente por el manejo que han hecho los Ortega-Murillo de esta nueva situación. No ha tenido acceso a los recursos financieros internacionales más importantes de apoyo a la pandemia y aparentemente, tampoco los tendrá. De tal manera que su situación económica tiende a agravarse de manera acelerada.

Por otra parte, frente al vacío de poder y de gobierno que representan los Ortega-Murillo, el movimiento cívico se muestra activo a pesar de sus limitaciones y está desarrollando numerosas acciones en función de contrarrestar la pandemia. El esfuerzo de conformación de la Coalición Nacional se ha ralentizado por el contexto, pero también por las dificultades que entraña la construcción de consensos entre actores de variadas perspectivas y visiones políticas. Sin embargo, es un proceso que se encuentra en curso. Indudablemente, la pandemia y sus efectos va a acentuar el declive político de los Ortega-Murillo.