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Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha derivado en una ola de violencia y
represión gubernamental con graves consecuencias sobre los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Esa ola de violencia ha dejado como saldo más de 325 personas asesinadas, miles de lesionados y
decenas de miles obligados al desplazamiento forzado y al exilio (CIDH, 2018). Las acciones de represión
emprendidas por el gobierno para sofocar las extendidas y multitudinarias protestas han tenido varias
fases, en las cuales han escalado los niveles de violencia empleados por las fuerzas gubernamentales,
especialmente la policía.

Uno de los picos de la represión fue la “Operación Limpieza”, efectuada entre junio y septiembre de 2018
por fuerzas combinadas entre policías y civiles armados. La ‘Operación Limpieza’ buscaba frenar la ola
de protestas y acciones sociales en toda Nicaragua, especialmente deshacer las barricadas y tranques
(cortes de carretera) en distintas ciudades. Durante ese período ocurrió la mayor cantidad de asesinatos
en el contexto de la crisis. Casi inmediatamente después, los asesinatos y muertes violentas se volvieron
una constante en las zonas rurales, sobre todo en localidades de la zona norte del país, y en algunos municipios se han incrementado exponencialmente.