Publicaciones: Boletín Perspectivas

Foto: Carlos Herrera

Este año
2020 inicia con retos complejos e importantes para Nicaragua, después
que el 2019 fue un año de sistemática resistencia cívica en los
que se fue configurando un escenario más claro de la contienda
política. Los retos están planteados tanto para el gobierno de
Daniel Ortega y su grupo, como para el movimiento cívico que emergió
en 2018 con la insurrección ciudadana. De la forma en que ambos
actores asuman esos retos depende el futuro de toda la sociedad
nicaragüense, que aguarda esperanzada el final de la crisis
sociopolítica que pronto cumplirá dos años.

Los
retos de Ortega

En
estos 22 meses de crisis, en aras de aplastar el tsunami de
descontento que estalló en abril de 2018, Ortega optó por una
estrategia que le significó abrir todos sus frentes internos y
externos, exponiéndose públicamente ante el país y la comunidad
internacional. A juzgar por sus acciones, aparentemente pensó que la
represión de los primeros meses iba a desactivar al movimiento y sus
acciones cívicas; sin embargo, el tiempo ha demostrado que su
cálculo inicial no logró su cometido. El movimiento cívico y las
acciones de protesta se han mantenido a lo largo de esos 22 meses de
crisis, además que el rechazo y descontento se han generalizado
entre toda la población.

Por
otra parte, en la medida que su estrategia de aplastar al movimiento
cívico ha fallado y que las negociaciones tampoco le permitieron la
recomposición y legitimidad que esperaba, decidió cerrar las
alternativas de solución pacífica y negociada para desgastar al
movimiento prolongando la crisis en el tiempo y construyendo un
escenario de caos controlado; es decir, un escenario en el que la
violencia es controlada desde el gobierno. Con esa estrategia, Ortega
literalmente se ha enroscado y en vez de mejorar sus posibilidades,
en realidad las ha empeorado con la imposición de sanciones a más
de 15 personas allegadas a su grupo de poder y funcionarios de
primera línea.

Durante
todo este tiempo ha logrado mantener el estado de excepción de
facto, impidiendo que los ciudadanos se puedan expresar y movilizar
libremente y se ha sostenido en el poder a sangre y fuego,
violentando derechos ciudadanos y humanos fundamentales; pero eso no
hace sus retos menos complejos y urgentes. Por el contrario,
profundiza los niveles de descontento y rechazo que emergieron desde
abril de 2018. De manera que al iniciar el 2020, esos retos se han
convertido en una de sus principales urgencias para el corto plazo,
pues el tiempo es uno de sus peores enemigos.

Uno
de los retos más grandes es enfrentar la crisis económica y
resolver la disponibilidad de fondos que le permita operar al aparato
estatal pero sobre todo, contar con recursos suficientes para la
represión. En este aspecto, Ortega se enfrenta a un escenario donde
los efectos de la crisis ya golpean seriamente los indicadores
económicos más importantes y las condiciones de vida de la gente;
las fuentes de cooperación se han reducido sensiblemente y hasta
ahora no hay señales visibles de que se restablezcan y mucho menos,
que se incrementen. Ortega no ha logrado conseguir fuentes
alternativas de financiamiento al presupuesto y las remesas enviadas
desde el exterior se han convertido en uno de sus principales
salvavidas, sobre todo para paliar la situación económica de las
familias dentro del país. Sin embargo, Ortega ha escogido el camino
de apretar con más impuestos, eliminar los subsidios a la energía
eléctrica, incrementar el precio de los combustibles y emprender una
agresiva política recaudatoria que además, se ha convertido en una
forma de represalia, sobre todo con los empresarios privados que han
apoyado al movimiento cívico.

Foto: Carlos Herrera

El
quid del asunto se encuentra en que necesita sostener el flujo de
recursos para mantener en el tiempo las acciones de represión,
obtener recursos para el presupuesto y apalancar algunas actividades
económicas para que su grupo de poder no se desintegre, y conseguir
fondos para relanzar sus políticas clientelistas de manera que le
permita recomponer su exigua base política con vistas a las
elecciones del 2021. Pero en el corto plazo, con las leoninas
políticas fiscales y recaudatorias, en realidad lo que está
incubando es más descontento social.

El
segundo reto de Ortega es encontrar una fórmula que le permita
mantener la represión pero disminuir la violencia para fabricar un
cierto estado de “normalidad” en un año pre electoral que le
significa una fuerte presión política desde dentro y desde afuera.
Esa fórmula de represión con violencia “menos visible” es para
dar una imagen, sobre todo frente a la comunidad internacional y sus
simpatizantes, en la que busca aparentar que el próximo proceso
electoral se efectuará con normalidad, aunque no sea cierto. Según
se puede observar en las acciones de represión de los próximos
meses, una de sus recursos será una estrategia de represión
selectiva que le permita mantener las protestas y a los liderazgos
del movimiento cívico bajo control, y encubrir la violencia política
directa como delincuencia común. Los fuertes despliegues policiales
en los puntos más visibles de la capital y otras ciudades
importantes del país, así como las agresiones, intimidación,
asedio y amenazas por parte de grupos paramilitares a los líderes
del movimiento se van a mantendrían como acciones recurrentes.

Frenar
el resquebrajamiento de su apoyo político es otro de los retos
importantes para el 2020. De cara a un eventual proceso electoral,
sea maquillado o verdaderamente transparente, Ortega necesita
reconstituir sus bases de apoyo de tal manera que le garanticen el
músculo necesario para esa contienda electoral. Eso significa que
debe reactivar la fuerza partidaria del FSLN y a los seguidores que
en anteriores procesos se involucraron en las actividades para
“asegurar” los resultados electorales. Aunque no lo parezca, este
es uno de los retos más importantes porque la base partidaria y de
apoyo político del gobierno se ha achicado sensiblemente durante los
22 meses de crisis, una gran parte de la militancia histórica está
descontenta; otra parte importante vinculado al orteguismo por los
beneficios y prebendas que recibían, han comenzado retirarse;
mientas que un porcentaje grande de empleados públicos siguen
participando públicamente en las actividades políticas
gubernamentales atemorizados y bajo amenaza.

Su
núcleo duro de apoyo real integrado por la policía, los
simpatizantes fanatizados, paramilitares y una parte del ejército,
está enfocados en las acciones de represión de tal manera que no
tienen capacidad de persuasión ni son tan numerosos como para
ocuparse de varias cosas a la vez: reprimir, convencer “electores”
y asegurar nuevamente que los resultados electorales favorezcan al
orteguismo. Otro componente de este reto es lograr la compra de votos
a través de una política clientelista antes y durante la campaña
electoral; sin embargo, como se señaló antes, esto depende de la
disponibilidad de recursos económicos y que la maquinaria del
partido en las localidades funcione de manera más o menos eficiente.

Adicionalmente
y no menos importante, son los candidatos que Ortega presentará en
esa contienda electoral. La primera incógnita a despejar es la
fórmula presidencial: mantener a Ortega como candidato es una espada
de doble filo porque, por un lado, dentro del mismo FSLN hay una
demanda de cambio de figuras; mientras por el otro lado, lanzar una
nueva cara, puede terminar de desgranar su base de apoyo. Otra
interrogante se refiere a los candidatos para diputados nacionales y
departamentales, pues Ortega debe cumplir con la formalidad, pero los
más importantes líderes políticos del FSLN en las localidades
están tan comprometidos con la represión que difícilmente logran
atraer votos a su favor. Este es uno de sus retos más grandes junto
con el económico, porque la pérdida de apoyo político entre la
población y entre sus mismos seguidores compromete seriamente la
existencia del FSLN como partido, así como las cuotas de poder que
necesitan para sobrevivir durante la inevitable transición política
que se está abriendo en el país a pesar que Ortega no lo quiera.

Otro
reto importante es crear las condiciones para unas elecciones que le
permitan, en su lógica, recomponerse un poco y maquillar la
situación del país en aras de frenar las sanciones y encontrar un
espacio de respiro económico en la comunidad internacional.
Evidentemente este un aspecto crítico porque es la llave para
avanzar en la solución pacífica de la crisis; es una espada de
doble filo porque si las reformas se hacen solamente en su lógica,
el maquillaje no tiene sentido y el esfuerzo le dejará muy pocos
réditos; mientras que si se hacen reformas que realmente permitan
una competencia más o menos justa, transparente y libre, Ortega sabe
que sus posibilidades están reducidas y su salida de la presidencia
es inminente. En este momento, ha optado por empujar unas reformas
unilaterales a su medida, pero aún para eso tiene que negociar con
los partidos colaboracionistas y abrirse a ciertos actores
internacionales.

El
involucramiento de la OEA en este tema, especialmente la Secretaría
General, es una presencia crítica, ya sea para legitimar las
espurias reformas que pretende hacer Ortega como para establecer una
línea de rechazo hemisférica firme. Como se recordará, el
posicionamiento de la OEA respecto a Nicaragua ha variado de manera
importante durante los dos últimos años y ha tenido momentos
significativos como en junio de 2018, cuando en el marco de la
Asamblea General, se incluyó el seguimiento de la situación en la
agenda del organismo; otro momento importante fue la creación del
Grupo de Trabajo para contribuir a la búsqueda de una solución a la
crisis, en agosto de 2018; más tarde, la participación de un
delegado de la Secretaría General en la segunda ronda de
negociaciones entre febrero y marzo de 2019; y recientemente, cuando
se conformó una Comisión de Alto Nivel creada en junio de 2019.
Prácticamente desde el inicio de la crisis, el gobierno Ortega se ha
negado a reconocer las resoluciones, instancias e informes elaborados
por el organismo, aun cuando no deja de participar en las reuniones.
Ortega necesita que la OEA, o al menos la Secretaría General, le
facilite alguna legitimidad, por eso en el corto plazo necesita abrir
con esta instancia hemisférica canales de comunicación sobre el
tema electoral.

Foto: Carlos Herrera

En
el largo plazo, Ortega tiene dos retos relacionados con: a) proteger
el capital de su grupo económico para asegurar solvencia e
impunidad, especialmente para su familia; de allí que en algún
momento tiene que negociar los términos de este aseguramiento y
frenar las sanciones; b) el otro reto es preservar su escasa base
política y asegurar la supervivencia del FSLN como partido instalado
en los espacios de poder para seguir jugando políticamente. La gran
interrogante es si esto será posible considerando el grave
desprestigio y rechazo del partido entre la sociedad nicaragüense.

Los
retos del movimiento cívico

Por
su lado, el movimiento cívico que surgió en abril de 2018 enfrenta
sus propios retos para el 2020. Después de un año de acciones
cívicas de resistencia y el inicio de un proceso de fortalecimiento
organizativo durante el 2019, el movimiento cívico en su conjunto se
enfrenta al gran reto de construir una alternativa política
consistente no solamente de cara a las elecciones del 2021, sino
también frente a la próxima transición política. Ese es el reto
estratégico, pero para conseguirlo hay otros retos de corto plazo.

El
primero de ellos consiste indudablemente en la conformación de la
Gran Coalición que agrupe un frente amplio de actores y
organizaciones de oposición. Una de las iniciativas más importantes
en esa dirección es promovida por la Alianza Cívica por la Justicia
y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que
ya han dado pasos significativos; sin embargo, y según ellos mismos
lo han expresado públicamente, hace falta que numerosas
organizaciones y actores se sumen a este esfuerzo, sobre todo en el
ámbito local. De allí emergen varias aristas.

Una
demanda de diferentes sectores sociales y de las propias
organizaciones impulsoras de la iniciativa, es que la Gran Coalición
debería estar asentada en la inclusión y participación de diversos
actores y organizaciones. Pero eso plantea algunas disyuntivas en
relación a la participación de los partidos políticos que han sido
sistemáticamente rechazados por las organizaciones y movimientos
sociales desde abril de 2018, especialmente aquellos que tienen
personería jurídica y escaños en la Asamblea Nacional, porque se
los considera colaboracionistas. Por otra parte, también es cierto
que esa coalición debería incluir a los partidos políticos, así
como la mayor diversidad y cantidad de actores. Algunas voces
relevantes de la ACJD y UNAB han expresado que en la coalición
tendrán espacio aquellos partidos que se distancien y rompan sus
vínculos con el orteguismo; sin embargo, el asunto todavía está en
debate, tanto entre los propios partidos como entre los integrantes
de la coalición. Una señal significativa se produjo a mediados de
enero cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
visitó Costa Rica y se reunión con un grupo de líderes de la ACJD,
la UNAB y el movimiento campesino, mostrando su respaldo a estos
actores.

Foto: Carlos Herrera

Otra
iniciativa en curso para la creación de una coalición es promovida
desde el movimiento campesino, quien realizó una asamblea en enero,
han efectuado visitas a diferentes localidades del país para
sostener reuniones con líderes de otras expresiones del movimiento y
también se han reunido con partidos políticos. De acuerdo a Medardo
Mairena, uno de los líderes más reconocidos del movimiento, el 25
de febrero próximo, la fecha prevista para el lanzamiento de la Gran
Coalición, también será una fecha decisiva para ellos a fin de
decidir si se suman a ese esfuerzo o fortalecen su iniciativa.

La
posibilidad de trascender las visiones y agendas específicas,
construir relaciones inclusivas y respetuosas, fortalecer los
vínculos y alianzas entre actores y organizaciones, así como
fortalecer la confianza de los liderazgos son algunos de los aspectos
todavía pendientes de resolver en el camino para construir la Gran
Coalición.

Otro
reto importante para el movimiento cívico en su conjunto es
fortalecer las estructuras organizativas y las acciones cívicas de
manera simultánea al esfuerzo de construcción de la Gran Coalición.
Este es un reto complejo considerando el contexto de estado de
excepción de facto, la represión y los altos niveles de violencia
del gobierno precisamente para frenar esos esfuerzos en todo el país.
La policía y los grupos paramilitares mantienen un permanente acoso,
vigilancia, agresiones, ataques, secuestros y amenazas a los líderes
locales del movimiento, así como a los prisioneros políticos
excarcelados. Además, la policía y grupos paramilitares asedian e
intimidan los locales donde identifican que se realizarán
actividades del movimiento, o bien, persiguen y asedian a los líderes
de la ACJD y la UNAB cuando se movilizan a diferentes sitios para
sostener reuniones. Las estructuras organizativas son el elemento
clave para la conformación de la Gran Coalición y del movimiento en
general, son las que le dan materialidad a la oposición y la
participación ciudadana, pero además, permiten dar coherencia y
complementariedad a las acciones cívicas que hacen presión interna
sobre el gobierno Ortega.

Foto: Carlos Herrera

Más
adelante, en un eventual escenario electoral, el tendido organizativo
del movimiento cívico permitirá las acciones de campaña para
conseguir los votos que posibiliten la salida de Ortega de la
presidencia; la necesaria vigilancia y auditoría social durante la
campaña, las votaciones y el conteo de resultados a fin de
garantizar que se respete la voluntad ciudadana. En una fase de
transición política, este tendido electoral también tendría un
papel crítico en acciones de auditoría social y fortalecimiento
democrático.

Otro
reto de corto plazo son las reformas electorales para transformar el
sistema electoral y crear las condiciones mínimas necesarias para
que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en una
competencia justa, transparente y libre. A finales del 2019, las ACJD
y la UNAB presentaron una propuesta conjunta de reformas electorales
como la primera acción de la Gran Coalición, sin embargo, la
materialización de esas reformas depende de factores adicionales
entre los que se encuentran la presión nacional, la presión
internacional y la voluntad de Ortega. De ahí que una de las grandes
incógnitas que debe resolver la oposición en su conjunto y
especialmente la Gran Coalición es si participará en las próximas
elecciones aun cuando Ortega no permita esas reformas electorales. En
el escenario cerrado que Ortega ha construido las elecciones se han
convertido en la llave para abrir la transición, de allí su
trascendencia e importancia.

Pero
el movimiento cívico, especialmente la ACJD y la UNAB, tiene otro
reto y éste consiste en la formulación de una propuesta política
alternativa, democrática e inclusiva que le permita a la sociedad
nicaragüense reconocerse y asumirla como propia. No basta con crear
la coalición, lograr que el sistema electoral asegure el ejercicio
del voto y encontrar una fórmula electoral que atraiga los votos y
reconocimiento de los ciudadanos. También hace falta una propuesta
política que sintetice las demandas de la población comenzando por
las tres que han marcado la agenda de la insurrección cívica:
justicia, democracia y libertad. Tanto la UNAB como el COSEP
presentaron propuestas en esa dirección, pero es indispensable que
el contenido de esa propuesta programática tome en consideración
las prioridades nacionales, agendas específicas e ineludibles, las
expectativas de la sociedad nicaragüense, así como las
características particulares del contexto de transición.

Los
retos de la sociedad nicaragüense para el 2020 son complejos y no
admiten retardación; de manera que es un año decisivo,
especialmente para los actores políticos. Es el año en el que se
comenzará a materializar el cambio que se pide a gritos y se pelea
en las calles todos los días desde abril de 2018.