Publicaciones: Boletín Perspectivas

A las
puertas de cerrar el año 2019, vale la pena hacer un recuento con
los vaivenes del proceso político en Nicaragua y la continuidad de
la crisis. Anticipando el análisis, el 2018 puede considerarse el
año de la insurrección cívica o del estallido del descontento
social acumulado; mientras que el 2019 ha sido el año de la
resistencia cívica en todos los frentes. Una resistencia que ha
tenido múltiples expresiones, tanto en el ámbito nacional como
internacional, que mantiene al gobierno de los Ortega-Murillo en
jaque y sin que disminuya el nivel de la contienda política.

La
esperanza de la negociación

El
2019 inició con un profundo sentimiento de duelo y tristeza para
toda Nicaragua considerando la cantidad de jóvenes y ciudadanos
asesinados durante las protestas, así como las graves violaciones a
los derechos humanos cometidos en contra de la sociedad nicaragüense
en general, pero en especial contra los prisioneros políticos
encarcelados, torturados y enjuiciados arbitrariamente por el
gobierno de los Ortega-Murillo.

Las
esperanzas y expectativas se reavivaron cuando, en medio de una
fuerte presión nacional e internacional, así como la amenaza de
sanciones por parte de Estados Unidos, inició la segunda ronda de
negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia
y la Democracia (ACJD) el 27 de febrero. Sin embargo, las
expectativas se desvanecieron poco a poco cuando se cambió el
formato de la negociación, reduciendo el equipo a una comisión de 6
representantes de cada lado teniendo como testigos al enviado del
Secretario General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y al Nuncio,
Waldemar Sommertag. En esa ronda no se contempló la participación
de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que había dirigido las
sesiones del Diálogo Nacional en mayo de 2018, pero además, las
sesiones no fueron transmitidas por los medios de comunicación.

La
negociación avanzó en medio de dos visiones: una donde se la
consideraba como una estratagema de Ortega para ganar tiempo; y otra,
donde se la consideraba un paso necesario que debía agotarse a fin
de encontrar una salida negociada a la crisis. Mientras duró, se
elaboró una hoja de ruta y se tomaron acuerdos importantes para
seguir la negociación. El más importante se firmó el 29 de marzo
de este año y establecía las bases para restablecer los derechos
ciudadanos conculcados por el régimen Ortega; sin embargo, tuvo
corta vida porque, no habían pasado 24 horas cuando fue violentado
por el gobierno.

Luego
de varios intentos, tensiones y llamados para regresar a la mesa de
negociaciones y cumplir los acuerdos, el gobierno unilateralmente
decidió cerrar la ronda y el 30 de julio se lo comunicó
oficialmente al Nuncio Apostólico que fungía como testigo de las
mismas. Desde ese fecha hasta la actualidad, las negociaciones han
quedado suspendidas y el gobierno no ha dado mayores muestras de
voluntad política para retomarlas a pesar de las sanciones que le ha
impuesto el gobierno de Estados Unidos a un grupo de personajes de la
familia Ortega-Murillo y leales seguidores; los llamados de la
comunidad internacional y foros como la OEA.

A
pesar de la negativa del gobierno, la Alianza Cívica mantiene su
disposición a negociar para encontrar una salida cívica a la crisis
que ya lleva 20 meses de prolongación.

Los
prisioneros políticos excarcelados

En
el contexto de la segunda ronda de negociaciones, el gobierno inició
de manera unilateral la ex carcelación de más de 600 prisioneros
políticos, la mayoría de ellos brutalmente torturados, enjuiciados
y sentenciados de manera arbitraria. Una buena parte de los
prisioneros fueron excarcelados en grupos de 100 y 50 en diferentes
fechas entre el 28 de febrero y el 11 de junio de 2019.

El
primer grupo salió el día que inició la segunda ronda de
negociaciones. Se trató de unos 100 prisioneros; un segundo grupo de
50 prisioneros fue ex carcelado el 15 de marzo, mientras que el 20 de
mayo le tocó el turno a unos 100 prisioneros más. Un último grupo
de 56 prisioneros fue excarcelado el 11 de junio, entre ellos los más
reconocidos como líderes del movimiento cívico, entre otros:
Medardo Mairena, Edwin Carcache, Byron Estrada, Nayrobi Olivas,
Irlanda Jeréz, Olesia Muñoz, Kenia Gutiérrez, y los periodistas
Lucía Pineda y Miguel Mora.

Los
primeros grupos de prisioneros salieron bajo la figura de cambio en
la detención carcelaria por arrestos domiciliares. El 27 de marzo se
firmó un acuerdo entre la Alianza Cívica y el gobierno para la
liberación de los prisioneros. Ese acuerdo establecía que el Comité
Internacional de la Cruz Roja iba a facilitar ese proceso, revisando
y conciliando listas, así como otras acciones. El plazo establecido
era de 90 días a partir de la firma del acuerdo. Más adelante, el 8
de junio, el gobierno aprobó una Ley de Amnistía para utilizarla
como justificación; sin embargo, muchos de los ex carcelados no han
recibido todavía sus documentos legales de liberación, de manera
que sus expedientes siguen abiertos y sobre ellos pende la permanente
amenaza de volver a la cárcel.

La
liberación de los prisioneros y prisioneras políticas ha sido un
tema de primera prioridad en las negociaciones y la agenda del
movimiento cívico. Aunque con esas ex carcelaciones salió una
mayoría de ellos, en las cárceles todavía permanecen más de 160
prisioneros políticos. Uno de los grupos más importantes es el de
los llamados “La Banda de los Aguadores”, conformado por 13
líderes de la Unidad Nacional y otras organizaciones sociales que
fueron apresados el 14 de noviembre cuando llevaban agua a un grupo
de madres de prisioneros políticos que estaban en huelga de hambre
en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya.

Muchos
de los excarcelados sufren asedio, hostigamiento, vigilancia y
ataques permanentes de parte de la policía y los grupos
paramilitares; algunos han tenido que resguardarse para preservar su
seguridad y la de sus familias; otros han sido apresados en repetidas
ocasiones y algunos de ellos, acusados de delitos comunes; mientras
que un grupo más pequeño se ha visto forzado al exilio.

Las
nuevas fases de la represión

Al
inicio del año y luego de una brutal represión durante 2018 para
desmontar las multitudinarias y múltiples marchas, desbaratar los
focos de acción cívica en diferentes ciudades del país y
descabezar al liderazgo del movimiento cívico, el gobierno cambió
las modalidades de la represión, especialmente en los centros
urbanos.

En
el transcurso del 2019 se pueden apreciar tres nuevas fases de
represión. Al inicio del año, los niveles de violencia de parte de
policías y paramilitares disminuyeron relativamente para dar una
sensación de “normalidad” mientras se desarrollaba la segunda
ronda de negociaciones. Sin embargo, cuando comenzaron a excarcelar a
los prisioneros políticos se incrementaron los niveles de represión,
especialmente en su contra.

Eso
significó pasar a una nueva fase represiva con acciones
diferenciadas en los centros urbanos y las zonas rurales. En el caso
de los centros urbanos han prevalecido los grandes despliegues
policiales y de paramilitares; la prohibición para la realización
de marchas y actividades públicas de protesta; el asedio,
intimidación, vigilancia, ataques y nuevas detenciones a los
prisioneros excarcelados. En las zonas rurales, mientras tanto, se
incrementaron significativamente los asesinatos con armas de fuego,
incluidas armas de guerra, especialmente en municipios de la zona
norte del país. En un porcentaje significativo de los casos, los
asesinatos parecen estar vinculados con motivaciones políticas
considerando que las víctimas pertenecían a partidos políticos y
otras organizaciones del movimiento cívico; pero también, porque se
señala como perpetradores a paramilitares o policías.

Casi
para finalizar el año, el gobierno Ortega comenzó a ejecutar una
nueva fase de represión en el que ha incrementado significativamente
los niveles de violencia, tal como se puede ver en el asedio y sitio
en contra de la iglesia de San Miguel de la ciudad de Masaya, donde
un grupo de madres de prisioneros políticos y el sacerdote de la
parroquia estaban realizando una huelga de hambre; el apresamiento y
posterior enjuiciamiento, de los líderes y activistas sociales que
acudieron a dejarles agua; el secuestro, agresiones y escarnio al que
fue sometida la familia Alonso en la ciudad de León.

Se
han incrementado en número y niveles de violencia, las agresiones
físicas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos,
líderes y ciudadanos del movimiento, tal como sucedió con las
agresiones de policías y paramilitares el día que se presentó la
propuesta conjunta de reformas electorales. Los prisioneros políticos
excarcelados y sus familias también han sido víctimas de violentos
asedios, persecuciones, agresiones y ataques. Mientras que en las
zonas rurales los asesinatos y muertes violentas no han disminuido.
Además, incrementaron los ataques y agresiones a religiosos y
templos católicos como sucedió en el caso de la catedral de León
durante la misa de aniversario del jovencito Sandor Dolmus, los
ataques a varias iglesias en diferentes ciudades del país,
especialmente Masaya y Catarina; y más recientemente, el ataque y
ocupación de la catedral de Managua.

Durante
todo este tiempo el gobierno nunca ha suspendido el estado de
excepción y la suspensión de derechos ciudadanos de facto que
mantiene sobre el país, de tal manera que es prácticamente
imposible realizar protestas, manifestaciones o marchas; además que
tanto los policías como los grupos paramilitares siguen actuando
impunemente.

Aislamiento
internacional y sanciones

Durante
todo el 2019, se profundizó el aislamiento internacional del régimen
de Ortega. El caso fue abordado en diferentes oportunidades en la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el organismo aprobó
varias resoluciones sobre la situación de Nicaragua. Cuando se
realizó la Asamblea General a mediados de año, el organismo aprobó
la creación de una Comisión de Alto Nivel integrada por varios
países que tenía como misión realizar gestiones diplomáticas con
el gobierno de Nicaragua para una solución a la crisis y elaborar un
informe que sería presentado al órgano hemisférico. El gobierno se
negó a recibir a la Comisión y el informe fue presentado en
noviembre. Con excepción de algunos países pequeños del Caribe y
un apoyo ambiguo de México, prácticamente todos los gobiernos del
hemisferio han rechazado a Ortega y el régimen se encuentra muy
cerca de la aplicación de la Carta Democrática.

La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también realizó
varias audiencias donde se presentaron diferentes informes sobre la
situación de Nicaragua, entre ellas: la libertad de prensa, los
asesinatos de campesinos y la situación general de los derechos
humanos. La CIDH también presentó varios informes ante el Consejo
Permanente de la OEA; sin embargo, el gobierno siempre se ha negado a
reconocerlos y ha acusado de parcialidad al organismo. Una situación
similar ocurre con el Consejo Permanente de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.

La
Unión Europea también ha manifestado su preocupación con la
situación del país, ha rechazado las violaciones a los derechos
humanos por parte del gobierno y ha demandado una solución negociada
a la crisis. La relación con el Ortega se deterioró desde el inicio
de año cuando una comisión de eurodiputados visitó el país y
constataron las crueles condiciones en que se encontraban los
prisioneros políticos, especialmente Lucía Pineda y Miguel Mora.
Varias declaraciones del Parlamento Europeo, así como los avances en
la aplicación de sanciones a funcionarios del régimen, han
terminado de distanciar las relaciones diplomáticas entre ambos.

Pero
lo que más ha afectado a gobierno de Ortega, es la aplicación de
sanciones a diferentes miembros de la familia y allegados del
círculos presidencial por parte de gobierno de Estados Unidos. A
inicios de año, incluyó a Alba de Nicaragua (Albanisa) como parte
de sanciones impuestas a PDVSA, la empresa petrolera venezolana. En
abril, Estados Unidos sancionó a Bancorp, el banco del grupo
económico Ortega-Murillo, y a uno de los hijos de la pareja
presidencial, Laureano Ortega. Pocos meses después, en junio,
sancionó a cuatro funcionarios, entre ellos: Gustavo Porras,
presidente de la Asamblea Nacional; la ministra de salud, Sonia
Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica; y
al director de telecomunicaciones, Orlando Castillo.

En
noviembre sancionó a tres funcionarios más: Lumberto Campbell,
vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE); Ramón Avellán,
subdirector de la Policía; y Roberto López, director del Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Finalmente, antes de
terminar el año, la administración Trump sancionó a Rafael Ortega
Murillo, hijo de la pareja presidencial, y a tres empresas
importantes: DNP, Zanzíbar y la empresa de seguridad El Goliat.
Aunque los Ortega-Murillo no se han referido directamente a las
sanciones, si han acusado a Estados Unidos de injerencista y a los
opositores nicaragüenses de ser vendepatrias, responsabilizándolos
de las mismas. El impacto, además de político, ha afectado
económicamente a los Ortega Murillo y sus allegados en términos
personales, pero también a sus negocios y empresas.

Las
fuentes financieras de apoyo también han disminuido sensiblemente
para Ortega, de tal manera que lo han obligado a buscar nuevos socios
entre países de dudosas referencias democráticas sin obtener
resultados positivos hasta ahora.

La
resistencia que no cesa

Desde
que estableció el estado de excepción de facto en octubre de 2018,
el gobierno de Daniel Ortega se ha negado a permitir que los
ciudadanos ejerzan sus derechos con libertad, especialmente el de
movilización y protesta, libertad de pensamiento y expresión, y la
libre asociación. Aun así, las acciones de resistencia ciudadana
persisten dentro y fuera del país bajo variadas y creativas formas.

Varios
intentos de marchas fueron prohibidas por la policía, de manera que
los ciudadanos optaron por realizar los llamados piquetes express en
diferentes lugares, pero especialmente en Managua, la capital, por la
visibilidad que tienen. También se han efectuado plantones,
vigilias, conferencias de prensa, encuentros, foros, exposiciones
fotográficas y otras actividades similares tanto dentro como fuera
del país.

También
se han promovido otras formas de resistencia de carácter simbólico
considerando los altos niveles de violencia y represión, así como
los amplios despliegues policiales, tal como sucedió en marzo cuando
al impedir una marcha y varios piquetes express, fueron detenidos y
golpeados alrededor de 164 manifestantes, incluidos periodistas. Las
acciones de resistencia simbólica incluyen la presencia de
familiares de víctimas en misas y actos religiosos u otras
actividades públicas, por ejemplo, en las graduaciones de centros
escolares. Actividades como lanzar globos o confeti azul y blanco,
pegar carteles o realizar pintas en las calles, son acciones bastante
frecuentes que se repiten en todo el país.

También
se han realizado constantes acciones simbólicas en fechas
conmemorativas como el aniversario de la insurrección de abril, los
aniversarios de las víctimas asesinadas y otros similares. Dos de
las acciones más importantes han sido la instalación, por primera
vez en la historia del país, del Museo de la Memoria para recordar a
las personas asesinadas por el gobierno; y la huelga de hambre
realizada en noviembre por un grupo de madres de prisioneros
políticos en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya. Las
madres fueron acompañadas por el sacerdote Edwin Román y varias
personas que permanecieron dentro de la iglesia por 12 días,
sitiados por la policía y paramilitares que les cortaron el
suministro de agua y energía eléctrica, y que además, no permitían
que nadie se acercara a brindarles atención médica o agua. La
huelga de hambre volvió a poner al régimen Ortega en la agenda
pública internacional como un gobierno violador de los derechos
humanos, incrementó el rechazo de los ciudadanos dentro del país.

Una
mención especial merecen las acciones en redes sociales y la
resistencia digital. A lo largo del 2019 se han realizado varias
campañas digitales principalmente en relación a temas como la
liberación de los prisioneros políticos, que ha permanecido como un
punto prioritario en la agenda nacional. El uso de recursos digitales
tales como los carteles, videos, audios, fotografías y sobre todo,
los memes, se han convertido en recursos poderosos para la crítica y
la resistencia cívica en diferentes redes sociales.

Adicionalmente,
luego de transitar por la fase de acciones autoconvocadas y resistir
la escalada represiva de 2018, el movimiento cívico ha entrado en
una fase de fortalecimiento de las redes de organización territorial
y sectorial. En muchos casos esto ha significado la creación de
estructuras organizativas y la ampliación de la red de liderazgos.
Las dos plataformas que emergieron como actores reconocidos durante
el 2018: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y
la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también han transitado por
un proceso de fortalecimiento organizativo interno.

Los
medios de comunicación y los periodistas independientes merecen una
mención especial, pues a pesar de los ataques, el asedio, la
violencia policial y de los paramilitares, y las difíciles
condiciones en las que les ha tocado realizar su trabajo, no han
dejado de informar de manera crítica, con profesionalidad y
excelencia. Los dos diarios de mayor circulación en el país, La
Prensa y El Nuevo Diario, han sido duramente castigados con la
retención del papel y otros insumos críticos para su circulación,
de tal manera que El Nuevo Diario se vio obligado a cerrar
operaciones, igual que el tabloide Q´Hubo; mientras La Prensa ha
tenido que reducir significativamente la cantidad de páginas.

Durante
este año nacieron varias plataformas informativas dentro y fuera del
país para contrarrestar el cerco y la censura del gobierno sobre los
medios independientes; a la vez, los medios más convencionales y
algunas plataformas informativas digitales que existían antes de
abril de 2018, se han desarrollado y cuentan con audiencias extensas.
Estos nuevos formatos y medios independientes se han convertido en
recursos primordiales para la denuncia, la información y la
documentación de lo que sucede en Nicaragua, aun cuando cuentan con
recursos sumamente limitados para hacer su trabajo y han sido
identificados como uno de los blancos de la represión por parte de
la policía y los grupos paramilitares.

Las
acciones de resistencia también se han mantenido fuera del país,
promovida por los grupos de exiliados y migrantes nicaragüenses en
distintas partes del mundo, pero especialmente en Costa Rica, donde
se encuentra el número más grande fuera de Nicaragua. Los exiliados
y migrantes han conformado sus propias organizaciones para apoyar las
acciones de resistencia interna; su trabajo ha sido particularmente
para el lobby ante diferentes organismos y foros internacionales, así
como para la denuncia internacional del gobierno Ortega. Esas
acciones incluyen, desde marchas, festivales artísticos y
exposiciones fotográficas hasta foros, reuniones y recaudación de
fondos para ayuda humanitaria, entre otras.

Propuestas
y la coalición amplia

Desde
que se realizó la primera ronda de negociaciones entre el gobierno
Ortega y la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional de mayo 2018, y
especialmente durante la segunda ronda realizada a inicios del 2019,
se han venido elaborando distintos documentos y propuestas
relacionados con puntos torales para la solución de la crisis. Estos
documentos incluyen protocolos sobre aspectos específicos, pero
también propuestas.

Otros
actores importantes como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el mismo
COSEP, han trabajado propuestas sobre aspectos que consideran
importantes. Tal es el caso de las visiones programáticas sobre el
país y las reformas electorales. Estas propuestas han sido
presentadas por separado, sin embargo, cuentan con grandes
coincidencias entre ellos.

Durante
los últimos meses del 2019, la ACJD y la UNAB han trabajo en la
creación de una gran coalición que permita aglutinar el más amplio
número de organizaciones, movimientos y actores sociales, así como
conjuntar esfuerzos para presionar al gobierno de Ortega a buscar una
salida pacífica a la crisis del país. Ambas plataformas están
conformadas por una variedad amplia de actores territoriales y
sectoriales, lo cual les da una gran legitimidad. Sin embargo, fuera
de ellas existe todavía una gran variedad de grupos y actores con
los cuales es posible aunar esfuerzos en función del objetivo común.

El
proceso es complejo considerando las condiciones de represión y
persecución del país, la amplia diversidad de grupos que conforman
al movimiento cívico, así como la pluralidad de perspectivas y
posicionamientos respecto a la situación del país. Con todo, uno de
los primeros avances ha sido la presentación conjunta de una
propuesta para la realización de las necesarias reformas electorales
que aseguren procesos de votación competitivos, justos y
transparentes.

Una
derrota estratégica para Ortega

Desde
que inició la insurrección cívica de abril en el 2018, Daniel
Ortega ha intentado por todos los medios a su alcance, incluida la
represión más brutal, desarticular y desmovilizar al movimiento
cívico que emergió desde entonces. Todos sus esfuerzos tanto dentro
del país como en el exterior, han tenido como propósito
deslegitimar y deshacer al movimiento. Eso lo ha llevado hasta
construir un escenario casi cerrado de posibilidades donde el
horizonte parece sombrío.

Pero,
más que ganar tiempo y fortalecerse, la derrota estratégica de
Ortega se profundizó en el 2019. Las sistemáticas y firmes acciones
de resistencia que han realizado todas las expresiones del movimiento
cívico, dentro y fuera del país, lo han obligado a replegarse de
tal manera que se encuentra aislado y con apoyos políticos sumamente
reducidos entre sus propios partidarios. El único pilar que sostiene
a su régimen es el de la fuerza bruta personificada en la policía y
en los grupos paramilitares que actúan con total impunidad y fuera
de la ley.

Ortega
no ha logrado frenar las sanciones y el repudio de la comunidad
internacional. Tampoco ha podido evitar que el mundo conozca la
situación de Nicaragua, y en la medida que insiste en prolongar la
crisis, pierde fuerzas y los pocos aliados que le han quedado.

El
movimiento cívico, por su lado, ha logrado sostener en el tiempo las
acciones de movilización en todo el país, y fuera de él; ha
transitado de la fase autoconvocada a la conformación de estructuras
organizativas y redes tanto a nivel territorial como sectorial; ha
afianzado como interlocutores reconocidos y legítimos a la Alianza
Cívica y la Unidad Nacional, y ha desafiado firmemente y con gran
valor a la policía y los grupos paramilitares.

Más allá
del sentimiento de incertidumbre y pesimismo que a veces invade a
todos los nicaragüenses por la dureza de la crisis y el brutal
castigo que el régimen ha impuesto a toda la sociedad, es
indispensable reconocer que en realidad el derrotado es Ortega. Que
ha perdido terreno y se ha visto obligado casi literalmente a
encerrarse tras los muros de El Carmen mientras que el movimiento
cívico, aun con sus complejidades y tensiones, no ha sido
desarticulado, desmovilizado y por el contrario, avanza en un proceso
de maduración organizativa y articulación de acciones.
Definitivamente, el 2019 ha sido un año de resistencia, pero no
resistencia pasiva, sino resistencia cívica, activa y beligerante.