Publicaciones: Boletín Perspectivas
EL ESCENARIO CERRADO DE ORTEGA
Desde julio, cuando el gobierno de Daniel Ortega dio por finalizadas las negociaciones para solucionar la grave crisis que vive el país, pareciera que el escenario político nicaragüense se ha cerrado y las posibilidades de una salida están más bien lejos. El gobierno mantiene una fuerte represión para impedir las protestas de los ciudadanos que no han cesado a pesar de los grandes despliegues policiales, las agresiones y las amenazas. ¿Cuál es el estado actual del proceso?, y más importante, ¿cuáles son los escenarios posibles? Son dos de las preguntas que flotan pesadamente desde entonces.
Redefinición del escenario
El gobierno cerró la negociación a finales de julio y en septiembre también le dio la espalda a los espacios de diálogo con la comunidad internacional cuando se negó a reconocer el informe presentado por la relatora de derechos humanos Michelle Bachelet y se negó a recibir en el país a la comisión de alto nivel conformada por la OEA. Esas tres decisiones han significado en la práctica, el cierre de los espacios institucionales más importantes para solucionar la crisis que ya acumula 18 meses y se agrava cada día más, especialmente en el ámbito económico. Aunque esta lógica pareciera no tener sentido y responder a los supuestos caprichos de la pareja Ortega-Murillo, en realidad si lo tiene desde su racionalidad política.
Desde su lógica, los Ortega-Murillo están construyendo deliberadamente un escenario cerrado que les permita un espacio de respiro para recomponer su estrategia de cara a dos frentes importantes: la comunidad internacional, específicamente las sanciones, y las acciones de resistencia del movimiento cívico. En ambos casos, Ortega no ha tenido éxito para frenar las sanciones y el rechazo de la comunidad internacional, y menos para contener las acciones de protesta.
En el ámbito internacional, sus esfuerzos en espacios como la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han sido en vano, pues no ha logrado revertir la imagen del gobierno como un régimen dictatorial y flagrante violador de derechos humanos. Tampoco ha logrado frenar las sanciones a funcionarios y personas del círculo de poder de los Ortega-Murillo. Si bien es cierto se ha aprovechado de la lentitud que tienen los tiempos de la diplomacia para la adopción de ciertas resoluciones en la OEA como la aplicación de la Carta Democrática, además de la aplicación de sanciones por parte de la Unión Europea, los informes elaborados tanto por la CIDH como por la OACNUDH han dejado bien claro a la comunidad internacional cuál es la verdadera naturaleza del régimen Ortega y lo ha colocado en un balance de apoyo precario que desde abril de 2018 se reduce prácticamente a los países del ALBA en Latinoamérica, y otros regímenes dictatoriales en el resto del mundo.
Por otro lado, cerrar el frente de la negociación interna también es parte de su estrategia por varias razones. La primera de ellas, porque necesitaba eliminar a la Alianza Cívica como interlocutora reconocida para cualquier diálogo y alternativa de resolución de la crisis tanto en el ámbito nacional como internacional. La explicación es que la Alianza logró posicionarse tanto frente a la sociedad nicaragüense como frente a la comunidad internacional, como un actor político fuerte, con un discurso, propuestas y capacidad de acción. Desde esa perspectiva, al cerrar la negociación, Ortega puede enforcarse en recuperar el control del proceso y de la crisis, para solucionarla de acuerdo con sus intereses y con interlocutores escogidos a su conveniencia, es decir, los partidos zancudos o colaboracionistas.
Mientras cambia a los interlocutores internos y recompone sus fuerzas en el plano internacional para recomponer la balanza a su favor, Ortega tiene que frenar al movimiento cívico y sus acciones de protesta, pues ese constituye su factor de presión más fuerte y estratégico. Para ello ha optado por hacer más presión a las organizaciones del movimiento en todo el país, tal como se puede apreciar con la represión de los últimos meses que busca impedir el proceso de fortalecimiento y ampliación que se está gestando en su interior, así como el constante hostigamiento y ataques a los líderes del movimiento, prisioneros políticos excarcelados y defensores y defensoras de derechos.
¿Divide y vencerás?
La urgencia de Ortega por contener al movimiento cívico tiene carácter estratégico porque, a pesar de los niveles de violencia y represión empleados durante todo el 2018, así como la imposición de un estado de excepción de facto que impide el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, no ha logrado detener las acciones cívicas de protesta dentro y fuera del país. Además, lejos de desestructurarlo, el movimiento se ha fortalecido en sus convicciones, aspectos organizativos y las acciones de resistencia, aunque no son multitudinarias como en los primeros meses de la crisis, desafían constantemente a las fuerzas policiales y paramilitares en todo el país.
Uno de los objetivos de Ortega para desactivar al movimiento es golpear a su liderazgo. De ahí que una de las formas utilizada con más frecuencia es intentar dividirlo a través de campañas de desprestigio y la cooptación de sus líderes. Las campañas de desprestigio las ha empleado desde antes de abril de 2018 en contra de organizaciones y líderes sociales a fin de desacreditarlos frente a la opinión pública. Esta vez sus acciones se han dirigido principalmente a las caras más visibles de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, así como a algunas organizaciones cercanas, atribuyéndoles falta de transparencia en el manejo de recursos y otras acusaciones. Generalmente estas campañas se realizan utilizando las redes sociales. Otra de las acciones de Ortega para desacreditar y dividir al liderazgo del movimiento social han sido los intentos de cooptación de algunos de ellos a través del acercamiento con otros líderes políticos o partidos colaboracionistas, así como personas de dudosa reputación pública.
Otras acciones para debilitar y dividir al movimiento están dirigidas a atemorizar e inmovilizar a las caras más visibles de las acciones de resistencia. Para eso utilizan la fuerza bruta con la policía y los grupos paramilitares, desplegando fuertes dispositivos policiales para rodear y acosar las viviendas de líderes sociales, prisioneros políticos excarcelados, periodistas y defensores de derechos humanos. También utilizan fuerzas paramilitares para hostigarlos verbalmente, atacarlos y amenazarlos, destruyendo o pintando los exteriores de las viviendas a fin de provocarlos para que salgan de las casas o bien para hacerlos huir del país. Durante las últimas semanas, el nivel de hostigamiento y violencia empleado por la policía y los paramilitares en contra de estos líderes es sumamente alto y no solamente los afecta a ellos, sino también a las personas que viven a sus alrededores. Comportamiento similar han tenido en el caso de templos religiosos católicos.
El proceso organizativo del movimiento cívico
Desde abril de 2018 a la actualidad, el movimiento cívico ha vivido un proceso de fortalecimiento organizativo a pesar de la violenta y sistemática represión del gobierno, así como el impedimento para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Inicialmente, las acciones y la participación tuvieron un carácter de autoconvocados, sin estructuras ni liderazgos predefinidos. En la medida que el tiempo ha avanzado y las acciones de resistencia se han mantenido y extendido a todo el país, el movimiento ha construido espacios estructurados y una participación más organizada y estratégica.
Muchos de espacios, especialmente los territoriales, surgieron al calor de las protestas y desde entonces se han venido configurando de manera más clara y flexible. Estos espacios no existían antes de abril y significan un nuevo capital social y político para el país, pues son estructuras que a pesar de la violenta represión emprendida durante la segunda mitad del 2018 y a pesar de los miles de exiliados que dejaron el país, se han mantenido activas, desarrollando numerosas tareas que van desde la protesta política hasta el apoyo a las víctimas más directas de la represión y el fortalecimiento de la propia organización y sus liderazgos.
El movimiento también está integrado por otras expresiones organizadas como el movimiento campesino, el movimiento de mujeres y numerosas organizaciones de jóvenes. Algunas de ellas ya existían desde antes de abril, pero otras fueron conformadas a partir de la insurrección cívica, como es el caso de las organizaciones juveniles y estudiantiles.
Los dos espacios políticos más importantes surgidos a raíz de la crisis de abril son la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La primera fue conformada a inicios de mayo de 2018 con una representación de los sectores sociales más importantes del país para participar con el gobierno en el Diálogo Nacional. Una vez que la primera ronda de negociaciones fue suspendida la Alianza se mantuvo y participó en la segunda ronda de negociaciones efectuada en los primeros meses de 2019. La Alianza ganó reconocimiento y credibilidad nacional e internacional por su papel en las negociaciones; ha sido objeto de fuertes críticas por los resultados de las negociaciones y por su composición, pero también ha sido el blanco de las campañas de desprestigio promovidas desde el gobierno para desacreditarla como interlocutora de las negociaciones y como uno de los actores políticos más importantes para la solución de la crisis. Después que el gobierno dio por cerrada la negociación, la Alianza se reorganizó y actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de propuestas sobre diferentes temas de la agenda política planteada desde abril de 2018.
Existen otras organizaciones y grupos que forman parte del movimiento cívico, pero no cuentan con el nivel de desarrollo organizativo, extensión y diversidad de los espacios que se han venido estructurando alrededor de la ACJD y la UNAB. La Alianza Cívica forma parte de la UNAB, pero durante las últimas semanas, estas dos instancias han venido trabajando para conformar una coalición y propuesta más amplia de estrategia y resistencia ciudadana.
A pesar de la represión, la violencia estatal y el estado de excepción de facto que ha impuesto el gobierno, los tejidos organizativos y de acción política que han surgido desde abril de 2018 con el movimiento cívico, constituyen uno de los más amplios, diversos, fuertes y coincidentes de las últimas décadas, y probablemente, en toda la historia de Nicaragua. Ortega lo sabe y por eso se ha empeñado en desarticularlo e inmovilizarlo, sin éxito.
Agendas y propuestas
La agenda para la salida de la crisis y el restablecimiento de la democracia no ha variado desde abril de 2018, aunque ha tenido énfasis particulares en diferentes momentos. Los ejes de la agenda siguen siendo: libertad para los prisioneros políticos, restablecimiento de los derechos ciudadanos, justicia y democracia. Las diferentes organizaciones del movimiento cívico y especialmente la ACJD y la UNAB, han sostenido la demanda de esta agenda en el tiempo, de tal manera que el consenso se ha mantenido.
Durante las dos rondas de negociaciones, especialmente la segunda, la Alianza trabajó propuestas sobre los aspectos de la agenda. La UNAB también hizo lo mismo; sin embargo, hasta hace unas semanas atrás se presentaron públicamente las propuestas más acabadas, de tal manera que la ACJD presentó una propuesta de reformas electorales necesarias para llevar a cabo elecciones transparentes y creíbles que permitan un cambio de gobierno y el restablecimiento de la democracia por mecanismos cívicos. Propuestas sobre el mismo tema fueron presentadas también por la UNAB y por el COSEP.
La UNAB también presentó una propuesta de programa con 20 puntos sobre diferentes aspectos económicos, políticos y sociales para desarrollar en una próxima etapa de transición hacia la democracia. Aunque las propuestas se han presentado por separado, hay coincidencias importantes en la mayoría de los puntos especialmente en lo que se re?ere a las reformas electorales.
La apuesta de Ortega
Al intentar construir un escenario cerrado, Ortega está haciendo una apuesta política por la “normalización” de la crisis, entendida como una situación en la que ha logrado controlar a las fuerzas de oposición y la resistencia cívica para recomponer las suyas. Su meta es prolongar el punto de resolución de la crisis hasta el 2021.
Para eso necesita retardar tanto como sea posible las necesarias reformas electorales, pues sin ellas y sin una reforma del sistema electoral, el próximo proceso electoral no contará con legitimidad ni reconocimiento nacional e internacional. Aparentemente eso no le importa, pero en el fondo si es de su interés porque se ha ido quedando solo, sin apoyo interno ni de sus propios partidarios y aliados, y sin apoyo de la comunidad internacional. Sus principales aliados internacionales, los países del ALBA, están todos en crisis y los apoyos espurios que ha logrado conseguir provienen de países pequeños y con regímenes políticos cuestionados.
Aparte de las reformas electorales y del sistema electoral mismo, Ortega necesita tiempo para preparar su tendido electoral; sin embargo, aquí enfrenta un problema mayor y es que durante esta crisis, su base partidaria se ha ido decantando rápidamente, el apoyo político de base es bastante limitado y sus fuerzas están compuestas sobre todo por la policía, los grupos paramilitares y los CPC. Ese tendido es muy pobre y débil para controlar el aparato electoral como lo hicieron en votaciones anteriores.
Del otro lado, aun bajo una fuerte represión, el movimiento cívico tiene la posibilidad de construir una amplia red de vigilancia y defensa del voto ciudadano. Por eso se ha empeñado en impedir las movilizaciones, las protestas y ha buscado como minar los procesos de fortalecimiento organizativo del movimiento. Ortega sabe también que el movimiento tiene la capacidad de construir una coalición electoral amplia que lo superaría fácilmente en las urnas; de allí sus intentos por dividir y retardar tanto como sea posible el proceso de construcción de alianzas y creación de esa coalición.
Finalmente, sabe que también hay posibilidades de conformar una fórmula electoral capaz de atraer una amplia mayoría de votos en un proceso electoral transparente y verdaderamente competitivo.
También necesita frenar las sanciones y tener un respiro económico que le permita llevar su barco hasta ese esperado 2021. Las sanciones han golpeado fuertemente a su grupo familiar y partidario más cercano y les impiden hacer cualquier tipo de transacciones económicas o comerciales; la economía del país está haciendo agua y requiere apoyos presupuestarios que no están disponibles en este momento, mientras que los costos de la represión se han incrementado en la medida que se mantienen los amplios despliegues policiales y el funcionamiento de los grupos paramilitares. Los frenéticos esfuerzos de Ortega por conseguir fondos y abrir nuevas relaciones comerciales con países de dudosa reputación política no son suficientes para cubrir los costos de la represión y además recuperar al país del desastre económico. Por esas razones, el 2021 es un año crítico para los Ortega-Murillo, por eso está intentando a toda costa prolongar su permanencia en la presidencia hasta entonces. Sabe que su futuro es incierto y el cambio es inevitable.
