Publicaciones: Boletín Perspectivas

Uno de los aspectos más importantes en la agenda de solución para la
crisis política de Nicaragua y para el restablecimiento de la
democracia, es la realización de reformas electorales que permitan
restablecer la transparencia y credibilidad de los procesos electorales,
así como el pleno ejercicio del voto ciudadano como un derecho. En las
dos rondas de negociación efectuadas durante la crisis en mayo de 2018 y
febrero de 2019, el gobierno se ha negado a abordar el tema porque sabe
que es una llave maestra para destrabar la crisis, facilitar la salida
pacífica de Ortega de la presidencia e iniciar un proceso de transición
política. Sin embargo, la importancia de las reformas electorales
permanece en la agenda política del país y el pasado 29 de agosto, la
Alianza Cívica presentó públicamente su propuesta.

La participación electoral en Nicaragua

El
voto ciudadano adquirió importancia en Nicaragua a partir de 1990
cuando la masiva participación y los resultados electorales permitieron
finalizar el largo conflicto bélico durante los años 80 y abrir un
proceso de transición hacia la democracia. De allí en adelante, la
importancia de acudir a las urnas a depositar el voto ciudadano se
instaló en el imaginario colectivo como uno de los mecanismos cívicos
para el cambio político.

A lo largo del tiempo eso se tradujo
en altos porcentajes de participación electoral, especialmente durante
las campañas para elegir presidente y diputados, aunque es cierto que
desde aprobó una nueva ley electoral en el año 2000, como resultado del
pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, la participación ciudadana
en los procesos electorales comenzó a disminuir gradualmente hasta
alcanzar un alto porcentaje de abstención durante los comicios
presidenciales del 2016 y los municipales del 2017.

Las razones
en la disminución de la participación electoral están directamente
vinculadas con los cambios que ha venido sufriendo el sistema y cómo se
fue convirtiendo en un aparato más al servicio del proyecto político de
los Ortega-Murillo. Algunas de las graves irregularidades del sistema
electoral son: el control partidario sobre el  aparato electoral, de tal
manera que sus funcionarios responden a las directrices del gobierno
desde los titulares hasta las personas que integran las Juntas
Receptoras de Votos durante las elecciones; padrón electoral
desactualizado y manipulado; limitaciones a la participación de los
partidos políticos de oposición; limitaciones al ejercicio del voto
ciudadano mientras se facilita que los partidarios del gobierno puedan
realizar fraudes; conteos y resultados fraudulentos.

A eso se
agrega el enriquecimiento ilícito de algunos de los magistrados
electorales, especialmente Roberto Rivas, actual presidente del Consejo
Supremo Electoral (CSE); la aprobación de la ilegal candidatura de
Daniel Ortega en la campaña del 2011, aun cuando la Constitución
Política del país lo prohibía expresamente; y otras anomalías como el
uso de recursos estatales para realización de actividades de
proselitismo político en favor de Ortega y la irregulentrega de cédulas
de identidad a sus partidarios.

Las perversiones del sistema
electoral no son nuevas, comenzaron con la aprobación de la Ley
Electoral del año 2000 y, como ya se dijo antes, son el resultado del
pacto entre Alemán y Ortega. La demanda de rectificarlas se planteó
desde el inicio, pero fue sistemáticamente ignorada de tal manera que
esas perversiones se agravaron en el tiempo y la crisis ha revelado la
inevitabilidad de reformar el sistema electoral a fondo, cuando no
refundarlo.

Los aspectos críticos de la ley electoral

Tanto
en el articulado como en la práctica, hay aspectos críticos que
requieren modificaciones sustanciales en la ley electoral. Uno de ellos
se refiere a la composición de los órganos electorales, especialmente a
la elección e idoneidad de los magistrados del CSE, y la composición de
los consejos electorales regionales, municipales y las Juntas Receptoras
de Votos (JRV). El problema con la composición es que los órganos se
encuentran bajo el total control de los simpatizantes del gobierno.
Recién firmado el pacto Alemán-Ortega, los magistrados eran elegidos
entre personas de confianza de los dos caudillos, pero en la medida que
Ortega fue adquiriendo poder y que se instaló nuevamente en la
presidencial, haciendo a un lado a su antiguo socio, adquirió mayor
control sobre los magistrados del CSE, cooptándolos a todos.

El
control sobre el resto de los órganos electorales se extendió
rápidamente con el nombramiento de funcionarios leales al gobierno
Ortega en los consejos regionales y municipales. La operación se
completó cuando cambiaron la composición de las Juntas Receptoras de
Voto para asegurar el control del partido de gobierno durante todo el
proceso de ejercicio del voto. La composición de los órganos electorales
es crítica porque es la infraestructura institucional que debe asegurar
a los ciudadanos el pleno ejercicio del voto, que es su derecho
fundamental, y garantizar que se cumpla la voluntad popular expresada en
los resultados de las votaciones.

El segundo aspecto crítico
se refiere al padrón electoral, el cual no ha sido depurado en mucho
tiempo y a propósito para facilitar irregularidades como el uso de las
identidades de personas fallecidas para nombrarlas en cargos del mismo
sistema electoral o hacerlos aparecer como votantes. Por otra parte, se
ha denunciado que en el padrón se incluye a personas simpatizantes del
gobierno mientras que se deja fuera a las personas sospechosas de ser
opositoras.

El padrón electoral también está asociado a la
inscripción a través de la entrega de cédulas de identidad, aspecto que
ha presentado numerosas anomalías durante los últimos años y que incluye
entre otras cosas: favoritismo para entregar cédulas a simpatizantes
del gobierno mientras se retienen las de ciudadanos opositores, entrega
de cédulas a menores de edad y entrega de varias cédulas a personas
simpatizantes del gobierno para que puedan votar varias veces. Además,
es necesario realizar un verdadero proceso de verificación de manera que
los ciudadanos puedan constatar el centro de votación que les
corresponde y otros aspectos previos a las elecciones.

Otro
aspecto crítico es la participación de los partidos políticos en las
competencias electorales. Actualmente, y desde antes de abril de 2018,
en el país no existe un ambiente de competencia justa e igualitaria para
todas las fuerzas políticas. Varios partidos han sido excluidos y les
han negado la personería jurídica convirtiéndolos prácticamente en
organizaciones proscritas porque les cierran todas las oportunidades de
participar en las competencias electorales; por otra parte, solamente se
facilita o permite la inscripción de partidos colaboracionistas con el
gobierno, de tal manera que la oferta electoral es limitada para los
ciudadanos.

Un aspecto crucial se refiere al ejercicio del
voto, pues allí se han producido las más graves violaciones al derecho
ciudadano. Uno de los aspectos más urgentes a reformar es el proceso de
cedulación; esto significa asegurar que todos los ciudadanos en edad de
votar tengan acceso a su cédula de identidad, que es el documento
primordial para esos efectos. Hasta ahora lo que ha sucedido, como ya se
mencionó antes, es que la Dirección de Cedulación al depender del CSE,
está subordinada también al control de Ortega, de tal manera que se
entregan cédulas de manera privilegiada e irregular a los partidarios
del gobierno.

El conteo de los votos, así como la elaboración
y el traslado de las actas también constituyen aspectos críticos del
ejercicio electoral, pues se han identificado anomalías serias en la
forma en que se cuentan los votos, la forma en que se manipulan los
resultados electorales durante la elaboración de las actas y la forma en
que son trasladadas hacia los centros de cómputo. De tal manera que los
partidos políticos de oposición no tenían oportunidad de observar,
supervisar y menos impugnar los resultados de las votaciones en las JRV,
los centros de cómputo municipales, departamentales, regionales y el
nacional.

El último aspecto del proceso electoral que
requiere reformas importantes se refiere a los resultados electorales,
es decir, asegurar que se respete la voluntad ciudadana expresada en las
urnas y que el CSE informe de manera eficiente y transparente esos
resultados a toda la sociedad nicaragüenses. Hasta ahora esa obligación
no ha sido cumplida por los magistrados electorales a pesar que la ley
lo establece, de manera que desde las elecciones presidenciales
realizadas en el 2006 no se ponen a la orden de los ciudadanos los
resultados totales de las votaciones ni las copias de las actas
entregadas al CSE. A partir de eso siempre han quedado sombras de duda
sobre los resultados finales de las votaciones en todos los casos.

Las propuestas de reforma más recientes

El
planteamiento sobre la necesidad de reformar la Ley Electoral se
remonta mucho tiempo atrás, desde inicios del 2000 y ya se habían
elaborado varias propuestas, entre ellas la del Grupo Promotor de las
Reformas Electorales integrado por varias organizaciones sociales
nicaragüenses. Esas propuestas fueron desestimadas sistemáticamente
tanto por el CSE como por el órgano legislativo.

Con el paso del
tiempo, los procesos electorales se volvieron más irregulares,
conflictivos y violentos como en el caso de la masacre de El Carrizo
ocurrida en el 2011, así como los frecuentes conflictos en varios
municipios del país por la entrega de cédulas de identidad y más
recientemente a inicios del 2018 cuando se realizó el traspaso de los
gobiernos municipales después de las elecciones del 2017 y donde
resultaron ganadoras autoridades de partidos de oposición fueron
saqueadas por los alcaldes salientes simpatizantes del gobierno. De allí
que la credibilidad del sistema electoral en su conjunto está
seriamente comprometida desde hace años y la necesidad de reformarlo es
ineludible.

Frente a la presión de algunos partidos y fuerzas
políticas del país, el gobierno siempre pretendió realizar unas
reformas a la medida de sus intereses y legitimadas frente a la
comunidad internacional, de tal manera que abrió un proceso de
entendimiento con la Secretaría General de la OEA desde el 2016 a fin de
lograr sus objetivos. Ese proceso ha tenido varios momentos y ha
transcurrido con altibajos. El punto de partida fue la elaboración de un
informe sobre el proceso político del país elaborado por la OEA y la
firma del “Acuerdo para el fortalecimiento de la democracia” entre las
dos partes, en octubre de ese año.

Entre otras cosas, el
Acuerdo establecía la apertura de un diálogo entre las dos partes, el
establecimiento de una mesa de trabajo conjunta y la visita del
Secretario General Luis Almagro, la cual se efectuó en diciembre del
2016. Después de esa visita, el gobierno y la Secretaría General de la
OEA acordaron en enero de 2017, un plazo de tres años para “fortalecer
la democracia en Nicaragua” y al mes siguiente firmaron un Memorándum de
Entendimiento que estaba enfocado principalmente en “acompañar” el
proceso electoral municipal que se realizaría a finales de ese mismo
año.

En mayo de 2017, una misión de la OEA llegó a Nicaragua y
después de reunirse con algunas autoridades nicaragüenses suspendió las
reuniones y entrevistas que había organizado con diferentes partidos y
fuerzas políticas del país. A todas luces, había ocurrido un fuerte
desencuentro. Sin embargo, en noviembre la OEA envió una misión de
acompañamiento para las elecciones municipales que emitió un informe
preliminar inmediatamente después de su visita donde se plantearon
recomendaciones sobre a las graves irregularidades observadas durante el
proceso. En abril de 2018, ya iniciada la insurrección cívica, una
misión de la OEA llegó nuevamente, pero sin mayores resultados
considerando la situación del país.

Previo a esa visita de la
OEA, varias fuerzas políticas y organizaciones habían puesto sobre la
mesa del debate público al menos tres propuestas de reformas
electorales, entre ellas: el Frente Amplio por la Democracia (FAD), el
partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el organismo Hagamos
Democracia. Unas más extensas que las otras, las propuestas tenían
fuertes coincidencias sobre los aspectos críticos del sistema electoral;
sin embargo, con el inicio de la insurrección cívica y la evolución de
la crisis quedaron en suspenso hasta que, luego de fuertes tensiones
entre el Secretario General Almagro y Ortega, los
negociadores del
gobierno y la Alianza Cívica retomaron el Memorándum de Entendimiento
con la OEA. En ese marco y con un funcionario de la Secretaría General
como testigo del diálogo, se produjo la visita de un enviado para
entrevistarse con el gobierno y la Alianza Cívica.

Ortega ha
rechazado sistemáticamente los planteamientos de la Alianza Cívica, de
otros actores nicaragüenses y de la misma Secretaría General de la OEA
en relación al adelanto de elecciones, pero ha aceptado abordar el tema
de las reformas. Como mencionamos antes, desde su perspectiva las
reformas tienen el propósito de maquillar la crisis y dotarse de una
falsa legitimidad procurando imponer como interlocutores específicos a
los partidos políticos colaboracionistas, o zancudos, para desplazar a
la Alianza. Además, ha intentado cooptar e instrumentalizar a la
Secretaría General de la OEA.

La propuesta de reformas de la Alianza

Las
reformas tienen como propósito corregir la enorme discrecionalidad que
existe actualmente en el sistema electoral, así como sus
vulnerabilidades más importantes, a saber: un padrón electoral
contaminado y difícilmente auditable; funcionarios de las JRV de origen
partidario; registro de resultados ineficiente; barreras a la
observación nacional e internacional; falta de controles en los procesos
previos a la votación; procesos desfasados en las JRV; sistema de
transmisión anacrónico; voto múltiple para simpatizantes del partido
hegemónico.

La Alianza propone construir un marco jurídico
normativo e institucional para corregir las irregularidades del sistema
electoral que incluyen reformas a la Ley Electoral y la Constitución,
aprobación de una ley de partidos políticos que actualmente no existe,
crear un código de procedimientos electorales, formular una ley orgánica
del poder electoral y crear el instituto de cedulación como un
organismo separado del CSE. Además, propone que estos cambios se
realicen en dos momentos. En el primero, 13 reformas electorales y 5
reformas Constitucionales inmediatas a fin de crear las condiciones
necesarias para la realización de un proceso electoral transparente,
competitivo y que respete la voluntad popular. Estas reformas estarían
orientadas a devolver la credibilidad al sistema electoral, asegurar la
imparcialidad de los integrantes de los órganos electorales, asegurar el
ejercicio del voto ciudadano y que se respeten los resultados
electorales.

La
Alianza plantea que otras reformas se podrían realizar en un segundo
momento, con un gobierno democrático al frente del país. Con la
propuesta, la Alianza espera promover un proceso de construcción de
consenso nacional que permita llevar a la mesa de negociación una
propuesta de reformas con respaldo amplio y reconocimiento de la
comunidad internacional. Para ello propone una serie de acciones que
permitan dar a conocer la propuesta, ponerla a discusión y ajustarla con
la participación de distintos actores sociales, particularmente
aquellos que integran el movimiento cívico.

Las condiciones para esas reformas

La
interrogante que surge de esa propuesta está relacionada con las
condiciones para tales reformas. Como bien se sabe, el gobierno se ha
negado sistemáticamente a tratar el tema, al punto que ha preferido
cerrar las negociaciones justo en el momento en que era inevitable
abordarlo. Con la mayoría de los prisioneros políticos excarcelados, el
adelanto de las elecciones y las necesarias reformas electorales vuelve a
colocarse como una prioridad en la agenda de negociaciones, por eso
decidió cerrar formalmente las negociaciones a finales de julio y ha
intentado descalificar a la Alianza como su interlocutora,
sustituyéndola con partidos políticos colaboracionistas, así como
negociar con la Secretaria General de la OEA para continuar con el
proceso que estaban desarrollando hasta antes de abril de 2018.

En
ese sentido, el papel que juegue la OEA en su conjunto y especialmente
la Secretaría General a cargo del señor Almagro, será crucial. Como
también lo será la presión y resistencia del movimiento cívico. La
Alianza Cívica tiene un papel crítico en tanto ya ha dado el primer paso
para la construcción de un consenso amplio, pero efectivamente, se
requiere que esa propuesta sea conocida, debatida y mejorada por la
mayor cantidad de actores sociales posible.

Las reformas son
complejas y algunas representan un verdadero reto político y jurídico,
pero no son imposibles. Ciertamente constituyen una llave maestra para
solucionar la crisis por la vía cívica, pacífica y negociada. Allí es
donde radica su importancia y centralidad.