"En el pasado reciente de Nicaragua: el derrocamiento de la dictadura somocista, el conflicto interno de los años 80 y el ciclo de rearme de ex combatientes de inicios de los 90, nunca se estableció una Comisión de la Verdad; los procesos de investigación y judiciales para castigar a los responsables fueron pocos..."
Sofía Montenegrojulio 2019
El 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía con la que el gobierno de Ortega pretende proteger a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la sociedad nicaragüense. La Ley 996 contiene cuatro artículos en los cuales establece la liberación de todos los prisioneros políticos, el cierre de los expedientes de los que fueron previamente ex carcelados y el de aquellos que se encuentran en el exilio con causas abiertas. Sin embargo, esa ley también los amenaza con cárcel y reabrir los juicios si persisten participando en acciones cívicas.Una vez aprobada la ley, el gobierno liberó a 56 prisioneros y prisioneras políticos entre los que se encontraban los líderes más reconocidos del movimiento cívico. Poco después y a cuenta gotas, ha venido cerrando y archivando los expedientes de un grupo de ex carcelados, mientras por otra parte, asedia, amenaza y detiene arbitrariamente a la mayoría de ellos y a sus familias.Con la aprobación de esa Ley y el supuesto cierre de los casos, el gobierno quiere hacer creer a la comunidad internacional que está cumpliendo los acuerdos firmados en la mesa de negociación el 29 de marzo, específicamente aquellos referidos a la liberación de los prisioneros políti-cos y la justicia para las víctimas. Pero sus acciones están bien lejos de cumplir con sus compromisos y mucho menos de responder a la demanda de memoria, verdad, justicia y reparación a las víctimas de la represión.
El reclamo de justicia
La demanda de justicia surgió inmediatamente después que la sociedad nicaragüense se enteró del asesinato de los primeros jóvenes protestantes en los primeros días de la crisis. Más delante, en la medida que la cantidad de asesinados, heridos y secuestrados iba creciendo, así como la evidencia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía y los grupos paramilitares, la demanda de justicia se ha convertido en uno de los puntos más importantes de la agenda del país y de las negociaciones con el gobierno.A esa demanda se ha sumado la comunidad internacional que ha observado horrorizada los niveles de violencia y represión a las que ha sido sometida toda la sociedad nicaragüense, pero especialmente las víctimas de las acciones gubernamentales. Desde el primer informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2018 hasta la fecha, los análisis y reportes de los diferentes organismos nacionales e internacionales han documentado la gravedad de la situación y demostrado que las actuaciones de las fuerzas policiales y paramilitares están refrendadas por una decisión al más alto nivel, y por lo tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad. Así lo estableció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicado en diciembre de 2018.El reclamo no ha cesado y es por demás, legítimo, pues el gobierno Ortega-Murillo le ha negado a las víctimas y sus familiares no solamente el derecho a la denuncia de los responsables, sino que insiste en amenazarlos y atacarlos. Para hacerse escuchar y realizar acciones en función de su demanda, se han conformado varias organizaciones de víctimas y familiares tales como la Asociación Madres de Abril (AMA), el Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses. Otras organizaciones como la Unidad Nacional y la Alianza Cívica han respaldado sus planteamientos y posiciones en diferentes oportunidades, pero además, han establecido diferentes mecanismos de coordinación y se han realizado acciones conjuntas como la conformación de la delegación que participó recientemente en la Asamblea General Ordinaria de la OEA en junio de 2019.En el pasado reciente de Nicaragua: el derrocamiento de la dictadura somocista, el conflicto interno de los años 80 y el ciclo de rearme de ex combatientes de inicios de los 90, nunca se estableció una Comisión de la Verdad; los procesos de investigación y judiciales para castigar a los responsables fueron pocos; se promulgaron numerosas leyes de amnistía que cubrieron de impunidad a los culpables; miles de víctimas quedaron en el abandono, incluidos los combatientes desmovilizados, sus familias y quienes sufrieron heridas; pero además, desde los discursos y acuerdos establecidos entre los líderes políticos, militares y las autoridades estatales, se obligó a toda la sociedad nicaragüense a olvidar, no recordar y reconocer lo sucedido.A diferencia de otras épocas, el reclamo de justicia ahora es diferente. Se cobija en un enfoque de justicia transicional y bajo la premisa de que no puede haber ni perdón ni olvido, pero tampoco repetición de la violencia, la represión y la impunidad promovidas desde el Estado. La demanda incluye memoria para no olvidar lo sucedido, verdad para esclarecer los hechos, justicia y procesos penales para los responsables y reparación para las víctimas. Este plantea-miento ha sido recogido por todos los actores y organizaciones del movimiento cívico y ha sido respaldado por la comunidad internacional.
Autoamnistía y encubrimiento del gobierno
Frente a esta demanda social amplia, la posición del gobierno ha sido siempre de negación y criminalización de las víctimas, así como de su justo reclamo. Desde el inicio de la crisis en abril de 2018, el discurso gubernamental se ha llenado de epítetos que culpabilizan y criminalizan a los ciudadanos que se manifiestan y protestan cívicamente; además, de acusar a las víctimas de ser terroristas y participar activamente en un supuesto golpe de estado. El propósito de tal discurso de odio, como lo verificó el GIEI en su informe, es promover acciones de simpatizantes gu-bernamentales fanatizados en contra de los ciudadanos, las prisioneras y prisioneros políticos ex carcelados, las víctimas y sus familiares.En reiteradas ocasiones el gobierno se ha negado a reconocer los diversos informes presentados por los organis-mos internacionales de derechos humanos en foros como la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cuando no le quedó más alternativa que asumir su responsabilidad frente a la comunidad internacional a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la presión de otros foros internacionales, mandó a aprobar dos leyes: la Ley de atención integral a las víctimas, Ley 994, y la Ley de amnistía, Ley 996.La Ley de atención a las víctimas fue aprobada a finales de mayo de 2019 y su propósito es brindar “atención y reparación integral” a las víctimas de la crisis, mencionan la elaboración de un Plan de Atención Integral a las Víctimas que ofrecería una respuesta “de Estado” a las necesidades de las víctimas y sus familiares en ámbitos como la justicia, salud, educación, trabajo y atención social. Sin embargo, en el contenido de la ley no se establecen mecanismos ni procedimientos para atender de manera diferenciada a las víctimas en diferentes servicios estatales que ya están consignados para los ciudadanos en general y no detalla cómo se resolverá la demanda de justicia para las víctimas y sus familias. Además, manda a la Procuraduría de Derechos Humanos a establecer un registro nacional de las víctimas, pero no define claramente quiénes son las víctimas.La Ley de Amnistía fue aprobada el 8 de junio de 2019 y contiene cuatro artículos. El primero de ellos “concede” amnistía a todas las personas que participaron en las actividades cívicas del 18 de abril a la fecha de aprobación de la Ley. Según el texto, la amnistía cubre a las “personas que no han sido investigadas, que se encuentran en proceso de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”. Manda a las autoridades a no iniciar procesos de investigación, cerrar procesos administrativos y penales, y liberar inmediatamente a todos los prisioneros políticos. Sin embargo, en el artículo 3 bajo el supuesto de la “No Repetición” amenaza a las personas supuestamente beneficiadas si incurren nuevamente en los “hechos”.
