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Ocho meses después que inició la insurrección cívica de abril en el año 2018, y de los constantes ataques a los que han estado expuestos los medios de comunicación y periodistas independientes desde entonces hasta la actualidad, el gobierno de Daniel Ortega ordenó de manera arbitraria la cancelación de las personerías jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Una de ellas es el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), fundado a inicios de la década de los 90 y que desde entonces ha dedicado su quehacer a la defensa y promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua.  Simultáneamente a la cancelación de las personerías jurídicas, y en el contexto de la violenta represión emprendida por el gobierno en contra de la sociedad nicaragüense en general, y de las organizaciones sociales, ordenó a las fuerzas policiales asaltar, saquear y confiscar sin órdenes judiciales las instalaciones de varias de las ONGs, así como dos medios de comunicación reconocidos por su prestigio, independencia y alcance: el semanario Confidencial y los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro; y el canal de televisión 100 % Noticias, dirigido por Miguel Mora. Como resultado del ataque, Chamorro tuvo que exiliarse en Costa Rica, mientras que Mora y la jefa de prensa del canal, Lucía Pineda Ubau, se encuentran prisioneros y sometidos a torturas por el gobierno.