Publicaciones: Informes

Ocho meses después que inició la insurrección cívica de abril en el año 2018, y de los
constantes ataques a los que han estado expuestos los medios de comunicación y
periodistas independientes desde entonces hasta la actualidad, el gobierno de Daniel
Ortega ordenó de manera arbitraria la cancelación de las personerías jurídicas a nueve
organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Una de ellas es el Centro de
Investigación de la Comunicación (CINCO), fundado a inicios de la década de los 90 y que
desde entonces ha dedicado su quehacer a la defensa y promoción de la libertad de
expresión y la libertad de prensa en Nicaragua. 

Simultáneamente a la cancelación de las personerías jurídicas, y en el contexto de la
violenta represión emprendida por el gobierno en contra de la sociedad nicaragüense
en general, y de las organizaciones sociales, ordenó a las fuerzas policiales asaltar,
saquear y confiscar sin órdenes judiciales las instalaciones de varias de las ONGs, así
como dos medios de comunicación reconocidos por su prestigio, independencia y
alcance: el semanario Confidencial y los programas de televisión Esta Noche y Esta
Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro; y el canal de televisión 100 % Noticias,
dirigido por Miguel Mora. Como resultado del ataque, Chamorro tuvo que exiliarse en
Costa Rica, mientras que Mora y la jefa de prensa del canal, Lucía Pineda Ubau, se
encuentran prisioneros y sometidos a torturas por el gobierno. 

Antes y después de estos ataques, otros medios de comunicación y periodistas han
sufrido también los ataques y represión del gobierno, tal como ha sucedido con Radio
Darío y Radio La Costeñísima, ambas localizadas en dos sitios distintos del país. Más de
70 periodistas han tenido que exiliarse por las amenazas y agresiones del gobierno;
mientras los pocos medios independientes que todavía permanecen dentro del país y
realizan su labor informativa, se enfrentan diariamente a las acciones represivas de la
policía y los grupos paraestatales conformados por civiles armados. Es decir, realizan su
labor bajo los niveles más altos de riesgo, tal como ocurrió en el caso del periodista Angel
Gaona, asesinado por la policía en abril de 2018 mientras cubría una manifestación cívica
en la ciudad de Bluefields. 

Con la presentación de este informe, CINCO ratifica su firme compromiso con la defensa
y promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua, aun bajo
las condiciones en las que se ha elaborado este informe, caracterizadas por un estado
de excepción de facto impuesto por el gobierno de Daniel Ortega, con la prensa
independiente bajo permanente ataque y amenaza, con medios destruidos y periodistas
amenazados. CINCO espera que este informe contribuya a documentar las acciones de
represión y las graves violaciones a dos derechos ciudadanos fundamentales