Institucionalidad
democrática y desarrollo

Crecimiento
y reducción de pobreza: fragilidades

Uno
de los conceptos publicitarios más divulgados por el gobierno del
inconstitucional Daniel Ortega ha sido el de su relevante gestión
económica. Pasados más de diez años desde su ascenso al poder se
pueden medir con mayor claridad los resultados para Nicaragua. En el
análisis trimestral pasado valoramos el pobre desempeño del país
medido por el Índice de Desarrollo Humano de 2015. En esta ocasión
pondremos de relieve algunas reflexiones en el contexto del
diagnóstico de país realizado por una misión del Banco Mundial y
publicado en junio pasado.

Durante
los años noventa, se realizaron reformas estructurales de gran
magnitud en la economía nicaragüense, en el sistema financiero, el
comercio exterior, la propiedad estatal, el comercio interno, la
política fiscal y monetaria. Acompañando la reforma económica se
desarrollaron programas de amortiguamiento social de alcance
limitado. A pesar de su proclamación anti neoliberal, el gobierno
de Ortega se ha limitado a la administración del modelo fiscal,
monetario y comercial establecido en esos años, incluyendo los
tratados de libre comercio suscritos por los gobiernos previos.

La
política económica del gobierno de Ortega se ha limitado a asegurar
la estabilidad financiera y fiscal, la promoción de la inversión
extranjera y los acuerdos y garantías otorgadas al gran capital
nicaragüense y extranjero sobre sus empresas.