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Durante el año comprendido entre 2013 y 2014 la situación de la libertad de expresión en Nicaragua no ha mejorado. Más bien ocurrieron una serie de situaciones jurídicas cuyo cuadro evidencia que existe una voluntad política expresa de mantener invariable la posición  gubernamental y si los distintos actores políticos, económicos, académicos, gremiales y empresariales no intervienen en su defensa, esta situación se tornaría más precaria.