Persecución política sobre CINCO y OSC
Persecución política sobre CINCO y OSC
- 11 Feb 2009
CINCO y OSC declaran ante resolución de la Fiscalía
Varias organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas CINCO, la CC, el Grupo Venancia y el MAM con el acompañamiento del CENIDH, emitieron una declaración en respuesta a la resolución de la Fiscalía de la República, en la que denuncian la persecución a las OSC y advierten sobre los peligros para la sociedad civil en su conjunto.
Declaración ante la resolución de la Fiscalía en la investigación penal contra organizaciones de la sociedad civil
El pasado 22 de enero, la Fiscalía emitió una resolución en la cual desestima el caso de investigación criminal que realizaba en contra de ONGs nacionales e internacionales y movimientos sociales nicaragüenses, como parte de la persecución política que desató el gobierno desde septiembre del año pasado.
La Fiscalía justifica su desestimación alegando que “los donantes no se muestran como parte agraviada y no se logra estructurar el tipo delictivo”. Pero, en realidad, esto representa una clara admisión de que nunca tuvieron bases, ni méritos, ni pruebas, para hacer una acusación criminal en contra de todas las organizaciones investigadas, porque jamás se cometió un delito.
A pesar de las presiones contra los movimientos sociales y las ONG nacionales e internacionales y la campaña difamatoria, el gobierno ha fracasado en su intento de fabricar un caso penal de “lavado de dinero, triangulación, y fraude”, para reprimir a la sociedad civil autónoma.
Es justo, por lo tanto, reivindicar esta resolución que nos libera de la amenaza de cárcel, como una victoria de la sociedad civil. Una victoria sobre la arbitrariedad y el autoritarismo, que ha sido posible gracias a la resistencia cívica de todas las organizaciones, que a su vez generó una poderosa ola de la solidaridad nacional e internacional.
Sin embargo, en esta misma resolución la Fiscalía persiste en hacer graves acusaciones que atentan contra el Derecho de Asociación, el Derecho a la Libertad de Expresión y pretende coartar el funcionamiento de las ONG y de la cooperación internacional. Sobre la base de alegatos injuriosos, ahora se pretende justificar una política de control de la sociedad civil desde el gobierno a través de la Cancillería y el Ministerio de Gobernación.
Por ello, alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre la continuidad de la persecución bajo nuevos y más peligrosos mecanismos, y al denunciar esta resolución, llamamos a rechazar esta campaña antidemocrática.
I. Sociedad Civil en la indefensión jurídica
Durante cinco meses, las organizaciones de la sociedad civil enfrentaron este proceso criminal en un estado de total indefensión jurídica. En el mes de septiembre de 2008, autoridades del Ministerio de Gobernación señalaron la existencia de supuestas irregularidades en un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales. Entre las citadas estuvieron el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Forum Syd y OXFAM-GB, quienes acudieron entre el 9 y 10 de septiembre a la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB.
Sin embargo, desde antes, el 5 de septiembre, la Ministra de Gobernación Ana Isabel Morales había puesto en conocimiento de la Fiscalía el supuesto incumplimiento de la Ley 147 (ley de orden administrativo, no penal) y, según la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, había denunciado que en el Proyecto “Fortalecimiento Organizacional y de Acción Política del Movimiento Autónomo de Mujeres”, suscrito entre OXFAM-GB, CINCO y el MAM, habían importantes movimientos de dinero de los cuales se podía presumir que se estaba frente a un posible caso de Lavado de Dinero, bienes o activos. Con base en esa denuncia se ordenó el levantamiento del sigilo bancario, primero contra tres personas y con posterioridad contra decenas de integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
El Ministerio de Gobernación “destapó” la supuesta triangulación de fondos omitiendo que los proyectos en referencia provienen de dos fondos legales y legítimos: el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua y el Fondo Fed son una iniciativa conjunta de varios países europeos que cooperan con Nicaragua, siendo administrados por Oxfam GB y Forum Syd, respectivamente.
El análisis de lo actuado por el Ministerio de Gobernación y de la Fiscalía, revela que los funcionarios públicos actuaron de forma arbitraria, contraria a la ley y violando derechos fundamentales y que pueden resumirse en los siguientes hechos:
• El 9 de septiembre el Director de Registro y Control del Ministerio de Gobernación citó de forma maliciosa a una serie de organizaciones para “regularizar” una situación de orden administrativo, que ya había sido trasladada como un caso penal ante la Fiscalía por supuesto lavado de dinero, lo que significa una simulación de delito y una falsificación ideológica.
• A la par que se inicia la investigación penal, funcionarios del más alto nivel de Gobernación y de la Fiscalía General de la República se dedican a calumniar a integrantes de las organizaciones civiles sometidas a investigación, con lo cual se actúa en contra de la ley y de la Constitución, afectando gravemente los derechos ciudadanos.
Dado que la actuación de las autoridades del Ministerio de Gobernación ha estado al margen de la ley, demandamos que sean separados de sus cargos los funcionarios que han abusado de sus funciones
II. Violaciones al debido proceso
La investigación penal realizada por el Ministerio Público evidencia serias contradicciones e incoherencias que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica. Entre las más importantes están:
• El levantamiento del sigilo bancario por la presunta comisión de lavado de dinero, antes de que se interpusiese la denuncia por posibles conductas delictivas.
• La investigación y el levantamiento del sigilo bancario seguido en contra de muchas organizaciones y de decenas de personas, pese a que la denuncia era sólo contra tres organizaciones.
• El secuestro de documentación correspondiente al periodo 2003-2008, aunque la denuncia hacía referencia a un proyecto del año 2007 suscrito entre tres organizaciones.
• El Ministerio Público realizó una serie de procedimientos para las cuales la ley y la Constitución no le otorgan facultades, violentando el Principio de Legalidad.
• El Ministerio Público sólo puede ejercer la acción penal o desestimar una denuncia, sin embargo, dictó una Resolución en la que se extralimita en sus facultades puesto que no puede hacer recomendaciones a los Ministerios, remitir hallazgos para proceder a intervención administrativa, ordenar ejecución de proyectos y realización de auditorías o mandar a revisar Convenios Marcos de Cooperación.
• Los funcionarios públicos involucrados en este caso han violentado el derecho a la libertad individual y a la seguridad jurídica , el derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de las comunicaciones, el respeto a su honra y reputación y derecho a información , la garantía del principio de legalidad , el derecho al debido proceso y el derecho al respeto a la integridad personal .
Dado que la actuación de estos funcionarios del Ministerio Público ha estado al margen de la ley, violando el debido proceso, demandamos la destitución de todos los fiscales que actuaron en esta investigación por haber abusado de sus funciones y actuado en contra de los derechos fundamentales.
III. Impugnación de la Resolución de la Fiscalía
3.1. Sobre la existencia de supuestas irregularidades en el manejo de los proyectos
La Resolución de la Fiscalía afirma que en su investigación encontraron “irregularidades administrativas y contables” en la ejecución de los proyectos financiados por Fondo Común y Fondo FED. Sin embargo, los señalamientos carecen de sustento y verificación, incluso hacen referencias a papeles borradores o de desecho, como si fuesen documentos de rendición de cuentas. Asimismo se hacen aseveraciones maliciosas sobre papeles privados que fueron abusivamente ocupados.
Las organizaciones no gubernamentales investigadas se rigen por lo dispuesto en la legislación nacional y con los procedimientos contables correspondientes, es decir, todos los cheques emitidos están sujetos a rendición de cuentas, son debidamente soportados y cuentan con un recibo que detalla el concepto del gasto, firma e identificación respectiva. Por ello ahora que los documentos incautados por la Fiscalía han sido devueltos, las organizaciones podrán realizar sus informes y los donantes podrán hacer las auditorias, tal y como se establece en los convenios de cooperación.
En su Resolución la Fiscalía se atribuye ilegalmente el papel de contralor y auditor de los fondos internacionales de las ONG, a pesar de que estas no son entidades estatales. Y en otro abuso de carácter delictivo, los fiscales recurrieron a amenazas y chantajes contra las ONG internacionales, al presionarlos para que acusaran a las ONG nacionales por supuestas irregularidades en el uso de los fondos internacionales.
3.2. Sobre las transferencias a supuestas “entidades ilegales”
En su resolución La Fiscalía manifiesta que los organismos no gubernamentales CINCO, RENICC y Grupo Venancia hacen transferencias ilegales a organismos inexistentes jurídicamente, o sea MAM, Coordinadora Civil y Red de Mujeres Municipalistas
Con esta aseveración la Fiscalía pretende convertir lo que es legal en ilícito, porque el ejercicio legítimo de derechos, como el derecho a la organización o la libre asociación, sólo compete a los ciudadanos que pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe y con mucha más razón lo que permite. Por otra parte, pretende desconocer que en la legislación nacional no hay restricciones para que los ciudadanos individual o colectivamente, como movimientos sociales u organismos no estatales, se expresen o participen políticamente y puedan en consecuencia realizar alianzas y acciones conjuntas y por medio de convenios explícitos.
En consecuencia, con esta temeraria afirmación la Fiscalía pretende criminalizar a las organizaciones civiles que hacen legítimo uso de la Libertad de Asociación, sentando un grave precedente que amenaza a toda la sociedad civil.
3.3. Sobre la supuesta incompatibilidad entre los estatutos de las ONG y los convenios
La Fiscalía manifiesta que las ONGs realizaron convenios con organizaciones civiles para ejecutar proyectos que no son afines con sus propósitos y objetivos. Las organizaciones señaladas en la Resolución de la Fiscalía tienen objetivos relativos al ejercicio de la plena ciudadanía, a la defensa de derechos, al desarrollo de la comunicación y la cultura, la democracia económica, política y social. Los proyectos relacionados en la Resolución se refieren a: 1) Fortalecimiento de un movimiento social, 2) Articulación y comunicación política para el diálogo estratégico y la incidencia pública, 3) Gobernabilidad Democrática, 4) Defensa de la democracia e institucionalidad, 5) Demanda Social para lograr la restitución del aborto terapéutico y 6) Movilización Social en torno a los derechos sexuales y reproductivos. A simple vista se ve la compatibilidad entre los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil y los proyectos señalados.
Por otra parte del simple enunciado de los proyectos se desprende que los mismos están enmarcados haciendo uso de la legitimidad democrática contenida en el Artículo 2 de la Constitución que establece que “la soberanía reside en el pueblo”, que tiene el derecho de decidir y participar “libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”. Afirmar que las organizaciones civiles son ilegales por no tener personería jurídica es pretender imponer un tipo de organización.
De acuerdo al Principio de Legalidad son únicamente las instituciones del Estado las que requieren de una disposición normativa o de una provisión reglada para poder actuar. La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tiene como base el Principio de Libertad, que indica que todos los actos son totalmente libres y permitidos, con excepción de aquellos que lesionen derechos de terceros o sean prohibidos por la ley.
En conclusión, la Fiscalía se extralimita al pretender regular y limitar los derechos ciudadanos constitucionales y el margen de acción de las organizaciones no gubernamentales, con la cual pretende convertir en delito los derechos políticos.
3.4. Sobre la supuesta relación ilícita entre CINCO y una “red de empresas”
A lo largo de esta campaña de difamación, la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación intentaron en todo momento ocultar su objetivo persecutorio contra la libertad de expresión, desviando la atención de la opinión pública hacia otros supuestos fines de la investigación. Alegaron que estaban investigando “actividades ilícitas” y graves delitos, sin embargo, la resolución demuestra que el propósito de la acción gubernamental siempre fue un acto de persecución e intimidación contra la prensa independiente. Y en particular, como se evidencia en la parte medular de la resolución, un intento dirigido a acallar al periodista Carlos F. Chamorro, presidente de CINCO, y los medios de comunicación que dirige: Esta Semana, Confidencial y Esta Noche.
Al derrumbarse la denuncia de lavado de dinero , ahora lanzan nuevas y calumniosas acusaciones en contra del periodista, y lo señalan de ser el supuesto responsable y propietario de “una red de empresas, dedicadas a capturar los fondos de la cooperación internacional para enriquecerse y lucrarse de manera irregular”, aprovechándose de su relación con CINCO.
Para establecer la supuesta conexión ilícita entre CINCO y cuatro empresas -PROMEDIA, INVERMEDIA, CABAL y OLA VERDE-, realizaron investigaciones en el Registro de la Propiedad y, solicitaron el levantamiento del sigilo bancario contra decenas de personas sin ninguna relación con la denuncia interpuesta por Gobernación, violentando con ello un sinnúmero de derechos y garantías.
En la Resolución, la Fiscalía miente de manera deliberada, e incurre en la injuria y la calumnia.
• Las sociedades anónimas Ola Verde y Cabal no tienen ninguna relación con el presidente de CINCO ni han suscrito algún convenio con CINCO.
• En el caso de INVERMEDIA, empresa editora del semanario Confidencial, la Fiscalía miente al señalar maliciosamente como socios de esta empresa a personas que nunca han formado parte de dicha sociedad.
• En el caso de PROMEDIA, la empresa productora de Esta Semana, la única que ha realizado actividades derivadas de convenios suscritos con CINCO, éstas se han efectuado en estricto apego a los términos establecidos en el convenio sin que se haya producido absolutamente una situación irregular.
• En su campaña difamatoria las autoridades de la Fiscalía y Gobernación afirmaron que CINCO había manejado la suma de ¡10 millones de dólares! Pero la resolución oficial concluye que en verdad los convenios administrados por CINCO provenientes del Fondo Común de Gobernabilidad y el Fondo de Equidad de Género, suman 433.418 dólares (menos del 5% del monto denunciado), para un período de dos años entre 2007 y 2008.
• Los fondos destinados a para realizar reportajes televisivos realizadas por Promedia, en base al convenio “Multimedia para la Gobernabilidad Democrática” suscrito por CINCO, ascienden a 19,252 dólares en dos años. O sea, el 4.4% del total de los fondos bajo investigación.
• Ni PROMEDIA, ni CINCO se han desviado un milímetro de los términos establecidos en el convenio, y no se ha cometido ninguna irregularidad.
En conclusión, la Fiscalía pretende justificar la intervención de CINCO y su eventual cierre, alegando un ilícito inexistente, pero su objetivo final es presionar por el cierre de los espacios de comunicación Esta Semana, Confidencial y Esta Noche, atentando contra el ejercicio del periodismo crítico y la libertad de expresión.
3.5 La Fiscalía se arroga facultades sobre Gobernación y Cancillería
La Fiscalía no sólo se atribuye facultades que la ley no le otorga, sino que además manda a Gobernación a que “intervenga administrativamente conforme lo establece el Arto. 22 Literal B de la Ley 147”, aunque la intervención sólo procede para solucionar irregularidades expresamente contenidas en el artículo 13 de la Ley 147 (referido a tener la documentación legal en regla, presentación de actas y balances contables al fin del año fiscal). Sin embargo, todas las organizaciones civiles investigadas han cumplido con las disposiciones de la ley en referencia.
Por otra parte, la Fiscalía además se arroga la atribución de hacerle recomendaciones a la Cancillería para que revise los Convenios Marcos, reiterando su falsa acusación de que el dinero de la cooperación se está utilizando para “erigir el patrimonio de un grupo en particular”. En el marco legal no existe ninguna norma que le dé a la Fiscalía la facultad de control y supervisión en instituciones del Estado, de manera que las “recomendaciones” de la Fiscalía no son más que una excusa que necesita el gobierno para modificar los Convenios Marcos que el Estado de Nicaragua ha suscrito con la Cooperación Internacional a fin de restringir el apoyo a la sociedad civil.
En consecuencia, se violenta la Constitución que únicamente concede a los funcionarios la realización de acciones expresamente señaladas en la ley, con lo cual mandar a intervenir o recomendar la revisión de los Convenios Marcos es triplemente abusivo: Se basa en una falsedad, el Fiscal no tiene atribuciones y las organizaciones civiles investigadas cumplen con sus obligaciones legales.
Por otra parte, el Ministerio de Gobernación no emite la Constancia de Cumplimiento a las organizaciones en tiempo, pese a que éstas han entregado en tiempo y forma la documentación establecida en la Ley 147.
De la resolución de la Fiscalía se deriva la pretensión de un plan para colocar a todas las organizaciones civiles bajo la vigilancia y tutela del Estado. Se intenta “controlar” y vetar fondos de cooperación destinados a apoyar iniciativas de la sociedad civil autónoma en torno a la fiscalización de la gestión pública y la movilización democrática en defensa de sus derechos ciudadanos.
IV- Conclusiones
La resolución de la Fiscalía liberando de la amenaza de cárcel a las personas y organizaciones de la sociedad civil investigadas, representa un logro trascendental en la lucha por la defensa de los derechos ciudadanos en Nicaragua. Sin embargo, se advierte a la opinión pública nacional e internacional, que la campaña de persecución política del gobierno contra la sociedad civil no ha sido desmontada. Por el contrario, el gobierno pretende continuar la persecución a través de mecanismos administrativos, políticos y económicos, orquestados por el Ministerio de Gobernación.
• Esta investigación en contra de organizaciones de la sociedad civil democrática representa una acción de persecución política del gobierno de Nicaragua que pretende imponer el miedo, la intimidación, así como amedrentar y provocar la auto censura.
• Con la persecución política a la sociedad civil se pretende criminalizar la acción política ciudadana y convertir en delictivo el ejercicio de los derechos políticos, tales como el de petición, denuncia, crítica, movilización o participación.
• Alertamos que el gobierno de Nicaragua amenaza el derecho a la libertad de asociación, al pretender ilegalizar las relaciones entre ONG y movimientos sociales, que se derivan de derechos constitucionales.
• Denunciamos que se pretende limitar la libertad de expresión e impedir el ejercicio del periodismo investigativo a fin de encubrir los actos de corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental.
• Denunciamos que el gobierno se propone criminalizar las relaciones de cooperación que legítimamente tienen derecho a establecer los medios de comunicación independientes con ONG nacionales, ONG internacionales y agencias donantes.
• Alertamos que a través de la Cancillería se pretende subordinar y limitar la cooperación internacional hacia la sociedad civil nicaragüense, limitar la capacidad de organización y afectar la libertad de asociación y de expresión.
• Llamamos a la sociedad civil nicaragüense, a las fuerzas democráticas del país, a la comunidad internacional a rechazar las pretensiones autoritarias y a demandar el irrestricto respeto a los derechos y a las libertades públicas, de parte del estado y gobierno de Nicaragua
V- Demandas al Estado
• El gobierno de Nicaragua ha instrumentalizado a las instituciones públicas en una investigación espuria que violenta la Constitución, los derechos fundamentales cometiendo abuso de autoridad y de funciones. Por lo tanto, demandamos la destitución de todos los funcionarios que han abusado de sus funciones.
• Demandamos que las autoridades nacionales se retracten de sus acusaciones y aseveraciones calumniosas y ofrezcan una disculpa pública a todas las organizaciones y personas que fueron injustamente señaladas de haber cometido actos delictivos como lavado de dinero.
• Demandamos que el gobierno de Nicaragua emita una declaración pública taxativa a favor de Oxfam GB y Forum Syd para reparar el daño moral internacional que se les provocó por las irresponsables imputaciones sobre lavado de dinero que hicieran altos funcionarios del Estado.
• En el caso de las organizaciones nacionales, nos reservamos el legítimo derecho de entablar juicio al Estado nicaragüense por los daños y perjuicios ocasionados y exigimos que el Ministerio de Gobernación cese la persecución y no siga siendo más instrumento de fines ajenos a su función.
Managua, 11 de febrero de 2009
Coordinadora Civil
Centro de Investigación de la Comunicación
Movimiento Autónomo de Mujeres
Grupo Venancia
Con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
El pasado 22 de enero, la Fiscalía emitió una resolución en la cual desestima el caso de investigación criminal que realizaba en contra de ONGs nacionales e internacionales y movimientos sociales nicaragüenses, como parte de la persecución política que desató el gobierno desde septiembre del año pasado.
La Fiscalía justifica su desestimación alegando que “los donantes no se muestran como parte agraviada y no se logra estructurar el tipo delictivo”. Pero, en realidad, esto representa una clara admisión de que nunca tuvieron bases, ni méritos, ni pruebas, para hacer una acusación criminal en contra de todas las organizaciones investigadas, porque jamás se cometió un delito.
A pesar de las presiones contra los movimientos sociales y las ONG nacionales e internacionales y la campaña difamatoria, el gobierno ha fracasado en su intento de fabricar un caso penal de “lavado de dinero, triangulación, y fraude”, para reprimir a la sociedad civil autónoma.
Es justo, por lo tanto, reivindicar esta resolución que nos libera de la amenaza de cárcel, como una victoria de la sociedad civil. Una victoria sobre la arbitrariedad y el autoritarismo, que ha sido posible gracias a la resistencia cívica de todas las organizaciones, que a su vez generó una poderosa ola de la solidaridad nacional e internacional.
Sin embargo, en esta misma resolución la Fiscalía persiste en hacer graves acusaciones que atentan contra el Derecho de Asociación, el Derecho a la Libertad de Expresión y pretende coartar el funcionamiento de las ONG y de la cooperación internacional. Sobre la base de alegatos injuriosos, ahora se pretende justificar una política de control de la sociedad civil desde el gobierno a través de la Cancillería y el Ministerio de Gobernación.
Por ello, alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre la continuidad de la persecución bajo nuevos y más peligrosos mecanismos, y al denunciar esta resolución, llamamos a rechazar esta campaña antidemocrática.
I. Sociedad Civil en la indefensión jurídica
Durante cinco meses, las organizaciones de la sociedad civil enfrentaron este proceso criminal en un estado de total indefensión jurídica. En el mes de septiembre de 2008, autoridades del Ministerio de Gobernación señalaron la existencia de supuestas irregularidades en un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales. Entre las citadas estuvieron el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Forum Syd y OXFAM-GB, quienes acudieron entre el 9 y 10 de septiembre a la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del MIGOB.
Sin embargo, desde antes, el 5 de septiembre, la Ministra de Gobernación Ana Isabel Morales había puesto en conocimiento de la Fiscalía el supuesto incumplimiento de la Ley 147 (ley de orden administrativo, no penal) y, según la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, había denunciado que en el Proyecto “Fortalecimiento Organizacional y de Acción Política del Movimiento Autónomo de Mujeres”, suscrito entre OXFAM-GB, CINCO y el MAM, habían importantes movimientos de dinero de los cuales se podía presumir que se estaba frente a un posible caso de Lavado de Dinero, bienes o activos. Con base en esa denuncia se ordenó el levantamiento del sigilo bancario, primero contra tres personas y con posterioridad contra decenas de integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
El Ministerio de Gobernación “destapó” la supuesta triangulación de fondos omitiendo que los proyectos en referencia provienen de dos fondos legales y legítimos: el Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua y el Fondo Fed son una iniciativa conjunta de varios países europeos que cooperan con Nicaragua, siendo administrados por Oxfam GB y Forum Syd, respectivamente.
El análisis de lo actuado por el Ministerio de Gobernación y de la Fiscalía, revela que los funcionarios públicos actuaron de forma arbitraria, contraria a la ley y violando derechos fundamentales y que pueden resumirse en los siguientes hechos:
• El 9 de septiembre el Director de Registro y Control del Ministerio de Gobernación citó de forma maliciosa a una serie de organizaciones para “regularizar” una situación de orden administrativo, que ya había sido trasladada como un caso penal ante la Fiscalía por supuesto lavado de dinero, lo que significa una simulación de delito y una falsificación ideológica.
• A la par que se inicia la investigación penal, funcionarios del más alto nivel de Gobernación y de la Fiscalía General de la República se dedican a calumniar a integrantes de las organizaciones civiles sometidas a investigación, con lo cual se actúa en contra de la ley y de la Constitución, afectando gravemente los derechos ciudadanos.
Dado que la actuación de las autoridades del Ministerio de Gobernación ha estado al margen de la ley, demandamos que sean separados de sus cargos los funcionarios que han abusado de sus funciones
II. Violaciones al debido proceso
La investigación penal realizada por el Ministerio Público evidencia serias contradicciones e incoherencias que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica. Entre las más importantes están:
• El levantamiento del sigilo bancario por la presunta comisión de lavado de dinero, antes de que se interpusiese la denuncia por posibles conductas delictivas.
• La investigación y el levantamiento del sigilo bancario seguido en contra de muchas organizaciones y de decenas de personas, pese a que la denuncia era sólo contra tres organizaciones.
• El secuestro de documentación correspondiente al periodo 2003-2008, aunque la denuncia hacía referencia a un proyecto del año 2007 suscrito entre tres organizaciones.
• El Ministerio Público realizó una serie de procedimientos para las cuales la ley y la Constitución no le otorgan facultades, violentando el Principio de Legalidad.
• El Ministerio Público sólo puede ejercer la acción penal o desestimar una denuncia, sin embargo, dictó una Resolución en la que se extralimita en sus facultades puesto que no puede hacer recomendaciones a los Ministerios, remitir hallazgos para proceder a intervención administrativa, ordenar ejecución de proyectos y realización de auditorías o mandar a revisar Convenios Marcos de Cooperación.
• Los funcionarios públicos involucrados en este caso han violentado el derecho a la libertad individual y a la seguridad jurídica , el derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de las comunicaciones, el respeto a su honra y reputación y derecho a información , la garantía del principio de legalidad , el derecho al debido proceso y el derecho al respeto a la integridad personal .
Dado que la actuación de estos funcionarios del Ministerio Público ha estado al margen de la ley, violando el debido proceso, demandamos la destitución de todos los fiscales que actuaron en esta investigación por haber abusado de sus funciones y actuado en contra de los derechos fundamentales.
III. Impugnación de la Resolución de la Fiscalía
3.1. Sobre la existencia de supuestas irregularidades en el manejo de los proyectos
La Resolución de la Fiscalía afirma que en su investigación encontraron “irregularidades administrativas y contables” en la ejecución de los proyectos financiados por Fondo Común y Fondo FED. Sin embargo, los señalamientos carecen de sustento y verificación, incluso hacen referencias a papeles borradores o de desecho, como si fuesen documentos de rendición de cuentas. Asimismo se hacen aseveraciones maliciosas sobre papeles privados que fueron abusivamente ocupados.
Las organizaciones no gubernamentales investigadas se rigen por lo dispuesto en la legislación nacional y con los procedimientos contables correspondientes, es decir, todos los cheques emitidos están sujetos a rendición de cuentas, son debidamente soportados y cuentan con un recibo que detalla el concepto del gasto, firma e identificación respectiva. Por ello ahora que los documentos incautados por la Fiscalía han sido devueltos, las organizaciones podrán realizar sus informes y los donantes podrán hacer las auditorias, tal y como se establece en los convenios de cooperación.
En su Resolución la Fiscalía se atribuye ilegalmente el papel de contralor y auditor de los fondos internacionales de las ONG, a pesar de que estas no son entidades estatales. Y en otro abuso de carácter delictivo, los fiscales recurrieron a amenazas y chantajes contra las ONG internacionales, al presionarlos para que acusaran a las ONG nacionales por supuestas irregularidades en el uso de los fondos internacionales.
3.2. Sobre las transferencias a supuestas “entidades ilegales”
En su resolución La Fiscalía manifiesta que los organismos no gubernamentales CINCO, RENICC y Grupo Venancia hacen transferencias ilegales a organismos inexistentes jurídicamente, o sea MAM, Coordinadora Civil y Red de Mujeres Municipalistas
Con esta aseveración la Fiscalía pretende convertir lo que es legal en ilícito, porque el ejercicio legítimo de derechos, como el derecho a la organización o la libre asociación, sólo compete a los ciudadanos que pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe y con mucha más razón lo que permite. Por otra parte, pretende desconocer que en la legislación nacional no hay restricciones para que los ciudadanos individual o colectivamente, como movimientos sociales u organismos no estatales, se expresen o participen políticamente y puedan en consecuencia realizar alianzas y acciones conjuntas y por medio de convenios explícitos.
En consecuencia, con esta temeraria afirmación la Fiscalía pretende criminalizar a las organizaciones civiles que hacen legítimo uso de la Libertad de Asociación, sentando un grave precedente que amenaza a toda la sociedad civil.
3.3. Sobre la supuesta incompatibilidad entre los estatutos de las ONG y los convenios
La Fiscalía manifiesta que las ONGs realizaron convenios con organizaciones civiles para ejecutar proyectos que no son afines con sus propósitos y objetivos. Las organizaciones señaladas en la Resolución de la Fiscalía tienen objetivos relativos al ejercicio de la plena ciudadanía, a la defensa de derechos, al desarrollo de la comunicación y la cultura, la democracia económica, política y social. Los proyectos relacionados en la Resolución se refieren a: 1) Fortalecimiento de un movimiento social, 2) Articulación y comunicación política para el diálogo estratégico y la incidencia pública, 3) Gobernabilidad Democrática, 4) Defensa de la democracia e institucionalidad, 5) Demanda Social para lograr la restitución del aborto terapéutico y 6) Movilización Social en torno a los derechos sexuales y reproductivos. A simple vista se ve la compatibilidad entre los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil y los proyectos señalados.
Por otra parte del simple enunciado de los proyectos se desprende que los mismos están enmarcados haciendo uso de la legitimidad democrática contenida en el Artículo 2 de la Constitución que establece que “la soberanía reside en el pueblo”, que tiene el derecho de decidir y participar “libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”. Afirmar que las organizaciones civiles son ilegales por no tener personería jurídica es pretender imponer un tipo de organización.
De acuerdo al Principio de Legalidad son únicamente las instituciones del Estado las que requieren de una disposición normativa o de una provisión reglada para poder actuar. La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil tiene como base el Principio de Libertad, que indica que todos los actos son totalmente libres y permitidos, con excepción de aquellos que lesionen derechos de terceros o sean prohibidos por la ley.
En conclusión, la Fiscalía se extralimita al pretender regular y limitar los derechos ciudadanos constitucionales y el margen de acción de las organizaciones no gubernamentales, con la cual pretende convertir en delito los derechos políticos.
3.4. Sobre la supuesta relación ilícita entre CINCO y una “red de empresas”
A lo largo de esta campaña de difamación, la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación intentaron en todo momento ocultar su objetivo persecutorio contra la libertad de expresión, desviando la atención de la opinión pública hacia otros supuestos fines de la investigación. Alegaron que estaban investigando “actividades ilícitas” y graves delitos, sin embargo, la resolución demuestra que el propósito de la acción gubernamental siempre fue un acto de persecución e intimidación contra la prensa independiente. Y en particular, como se evidencia en la parte medular de la resolución, un intento dirigido a acallar al periodista Carlos F. Chamorro, presidente de CINCO, y los medios de comunicación que dirige: Esta Semana, Confidencial y Esta Noche.
Al derrumbarse la denuncia de lavado de dinero , ahora lanzan nuevas y calumniosas acusaciones en contra del periodista, y lo señalan de ser el supuesto responsable y propietario de “una red de empresas, dedicadas a capturar los fondos de la cooperación internacional para enriquecerse y lucrarse de manera irregular”, aprovechándose de su relación con CINCO.
Para establecer la supuesta conexión ilícita entre CINCO y cuatro empresas -PROMEDIA, INVERMEDIA, CABAL y OLA VERDE-, realizaron investigaciones en el Registro de la Propiedad y, solicitaron el levantamiento del sigilo bancario contra decenas de personas sin ninguna relación con la denuncia interpuesta por Gobernación, violentando con ello un sinnúmero de derechos y garantías.
En la Resolución, la Fiscalía miente de manera deliberada, e incurre en la injuria y la calumnia.
• Las sociedades anónimas Ola Verde y Cabal no tienen ninguna relación con el presidente de CINCO ni han suscrito algún convenio con CINCO.
• En el caso de INVERMEDIA, empresa editora del semanario Confidencial, la Fiscalía miente al señalar maliciosamente como socios de esta empresa a personas que nunca han formado parte de dicha sociedad.
• En el caso de PROMEDIA, la empresa productora de Esta Semana, la única que ha realizado actividades derivadas de convenios suscritos con CINCO, éstas se han efectuado en estricto apego a los términos establecidos en el convenio sin que se haya producido absolutamente una situación irregular.
• En su campaña difamatoria las autoridades de la Fiscalía y Gobernación afirmaron que CINCO había manejado la suma de ¡10 millones de dólares! Pero la resolución oficial concluye que en verdad los convenios administrados por CINCO provenientes del Fondo Común de Gobernabilidad y el Fondo de Equidad de Género, suman 433.418 dólares (menos del 5% del monto denunciado), para un período de dos años entre 2007 y 2008.
• Los fondos destinados a para realizar reportajes televisivos realizadas por Promedia, en base al convenio “Multimedia para la Gobernabilidad Democrática” suscrito por CINCO, ascienden a 19,252 dólares en dos años. O sea, el 4.4% del total de los fondos bajo investigación.
• Ni PROMEDIA, ni CINCO se han desviado un milímetro de los términos establecidos en el convenio, y no se ha cometido ninguna irregularidad.
En conclusión, la Fiscalía pretende justificar la intervención de CINCO y su eventual cierre, alegando un ilícito inexistente, pero su objetivo final es presionar por el cierre de los espacios de comunicación Esta Semana, Confidencial y Esta Noche, atentando contra el ejercicio del periodismo crítico y la libertad de expresión.
3.5 La Fiscalía se arroga facultades sobre Gobernación y Cancillería
La Fiscalía no sólo se atribuye facultades que la ley no le otorga, sino que además manda a Gobernación a que “intervenga administrativamente conforme lo establece el Arto. 22 Literal B de la Ley 147”, aunque la intervención sólo procede para solucionar irregularidades expresamente contenidas en el artículo 13 de la Ley 147 (referido a tener la documentación legal en regla, presentación de actas y balances contables al fin del año fiscal). Sin embargo, todas las organizaciones civiles investigadas han cumplido con las disposiciones de la ley en referencia.
Por otra parte, la Fiscalía además se arroga la atribución de hacerle recomendaciones a la Cancillería para que revise los Convenios Marcos, reiterando su falsa acusación de que el dinero de la cooperación se está utilizando para “erigir el patrimonio de un grupo en particular”. En el marco legal no existe ninguna norma que le dé a la Fiscalía la facultad de control y supervisión en instituciones del Estado, de manera que las “recomendaciones” de la Fiscalía no son más que una excusa que necesita el gobierno para modificar los Convenios Marcos que el Estado de Nicaragua ha suscrito con la Cooperación Internacional a fin de restringir el apoyo a la sociedad civil.
En consecuencia, se violenta la Constitución que únicamente concede a los funcionarios la realización de acciones expresamente señaladas en la ley, con lo cual mandar a intervenir o recomendar la revisión de los Convenios Marcos es triplemente abusivo: Se basa en una falsedad, el Fiscal no tiene atribuciones y las organizaciones civiles investigadas cumplen con sus obligaciones legales.
Por otra parte, el Ministerio de Gobernación no emite la Constancia de Cumplimiento a las organizaciones en tiempo, pese a que éstas han entregado en tiempo y forma la documentación establecida en la Ley 147.
De la resolución de la Fiscalía se deriva la pretensión de un plan para colocar a todas las organizaciones civiles bajo la vigilancia y tutela del Estado. Se intenta “controlar” y vetar fondos de cooperación destinados a apoyar iniciativas de la sociedad civil autónoma en torno a la fiscalización de la gestión pública y la movilización democrática en defensa de sus derechos ciudadanos.
IV- Conclusiones
La resolución de la Fiscalía liberando de la amenaza de cárcel a las personas y organizaciones de la sociedad civil investigadas, representa un logro trascendental en la lucha por la defensa de los derechos ciudadanos en Nicaragua. Sin embargo, se advierte a la opinión pública nacional e internacional, que la campaña de persecución política del gobierno contra la sociedad civil no ha sido desmontada. Por el contrario, el gobierno pretende continuar la persecución a través de mecanismos administrativos, políticos y económicos, orquestados por el Ministerio de Gobernación.
• Esta investigación en contra de organizaciones de la sociedad civil democrática representa una acción de persecución política del gobierno de Nicaragua que pretende imponer el miedo, la intimidación, así como amedrentar y provocar la auto censura.
• Con la persecución política a la sociedad civil se pretende criminalizar la acción política ciudadana y convertir en delictivo el ejercicio de los derechos políticos, tales como el de petición, denuncia, crítica, movilización o participación.
• Alertamos que el gobierno de Nicaragua amenaza el derecho a la libertad de asociación, al pretender ilegalizar las relaciones entre ONG y movimientos sociales, que se derivan de derechos constitucionales.
• Denunciamos que se pretende limitar la libertad de expresión e impedir el ejercicio del periodismo investigativo a fin de encubrir los actos de corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental.
• Denunciamos que el gobierno se propone criminalizar las relaciones de cooperación que legítimamente tienen derecho a establecer los medios de comunicación independientes con ONG nacionales, ONG internacionales y agencias donantes.
• Alertamos que a través de la Cancillería se pretende subordinar y limitar la cooperación internacional hacia la sociedad civil nicaragüense, limitar la capacidad de organización y afectar la libertad de asociación y de expresión.
• Llamamos a la sociedad civil nicaragüense, a las fuerzas democráticas del país, a la comunidad internacional a rechazar las pretensiones autoritarias y a demandar el irrestricto respeto a los derechos y a las libertades públicas, de parte del estado y gobierno de Nicaragua
V- Demandas al Estado
• El gobierno de Nicaragua ha instrumentalizado a las instituciones públicas en una investigación espuria que violenta la Constitución, los derechos fundamentales cometiendo abuso de autoridad y de funciones. Por lo tanto, demandamos la destitución de todos los funcionarios que han abusado de sus funciones.
• Demandamos que las autoridades nacionales se retracten de sus acusaciones y aseveraciones calumniosas y ofrezcan una disculpa pública a todas las organizaciones y personas que fueron injustamente señaladas de haber cometido actos delictivos como lavado de dinero.
• Demandamos que el gobierno de Nicaragua emita una declaración pública taxativa a favor de Oxfam GB y Forum Syd para reparar el daño moral internacional que se les provocó por las irresponsables imputaciones sobre lavado de dinero que hicieran altos funcionarios del Estado.
• En el caso de las organizaciones nacionales, nos reservamos el legítimo derecho de entablar juicio al Estado nicaragüense por los daños y perjuicios ocasionados y exigimos que el Ministerio de Gobernación cese la persecución y no siga siendo más instrumento de fines ajenos a su función.
Managua, 11 de febrero de 2009
Coordinadora Civil
Centro de Investigación de la Comunicación
Movimiento Autónomo de Mujeres
Grupo Venancia
Con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos