Persecución política sobre CINCO y OSC
Persecución política sobre CINCO y OSC
- 28 Jan 2009
Feministas celebran retiro de la Fiscalía: caso CINCO-MAM
Feministas del Movimiento Autónomo de Mujeres se pronunciaron respecto a la desición de la Fiscalía de desestimar el caso CINCO-MAM y demandan al gobierno el "cese definitivo" a la represión de las defensoras de derechos humanos.
Caso CINCO-MAM
El retiro de la Fiscalía: una batalla ganada, aunque la lucha sigue
En los últimos años las feministas nicaragüenses hemos estado dirigiéndonos a la sociedad nicaragüense y personas y organizaciones de todo el mundo para denunciar la implementación de ley que violentan los derechos de las mujeres, o el acoso y la persecución hacia compañeras líderes y a organizaciones de mujeres.
En octubre de 2006 cuando se derogó el aborto terapéutico, las voces de las feministas, de las defensoras de derechos humanos, de médicos, de mujeres y hombres de distintas partes del mundo alertaron a las autoridades nicaragüenses, que una legislación de tal naturaleza violentaba los derechos humanos y condenaba a las mujeres a la muerte.
En noviembre de 2007 con motivo de la denuncia contra 9 defensoras de derechos humanos alertábamos que existía una orientación de tramitar con celeridad la denuncia para proceder al enjuiciamiento y condena, con lo cual se pretendían cumplir un acto de venganza política. Las notas de protestas, las cartas de solidaridad y las acciones de respaldo no se hicieron esperar.
A lo largo del primer semestre de 2008 fuimos dando cuenta de cómo estaba la situación en Nicaragua. Informamos de la huelga de hambre de Dora María Téllez, dirigente de la Revolución Sandinista, de los ataques a Carlos Mejía Godoy, cantor de la revolución, del juicio al Padre Ernesto Cardenal, poeta y profeta de la lucha revolucionaria
Así también dimos a conocer de las acciones dictatoriales en contra del derecho a elegir y ser electos, de la arbitraria medida de cancelar personerías jurídicas a diversos partidos, de negar el derecho a la observación electoral y del robo más descarado en la reciente historia nicaragüense, que significó la burla de la voluntad popular y la imposición de autoridades edilicias pertenecientes al partido de gobierno, que fueron impuestas, por el más burdo fraude electoral.
En septiembre de 2008 dimos a conocer nuestra proclama No tienen miedo porque no tenemos miedo, en la que no sólo hacíamos un recuento de los atropellos a los derechos ciudadanos, sino que también denunciamos los ataques sistemáticos por los medios de comunicación que controla el gobierno en contra de Sofía Montenegro y de diversas organizaciones, en particular el Centro de Investigación de la Comunicación y el Movimiento Autónomo de Mujeres.
Funcionarios del primer nivel de responsabilidad del estado acusaron al Movimiento Autónomo de Mujeres y a CINCO de estar lavando dinero y de hacer apología del delito de aborto. Se nos acusó de hacer “incidencia política”, de ser parte de la sociedad “sí-vil”, de ser oligarcas y corruptas, o de ser agentes de la CIA, entre otros epítetos.
Esta campaña sistemática y permanente por radio, prensa y televisión en la cual estuvo al frente la propia esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, e involucrados la Ministra de Gobernación, la Fiscal Adjunta, el Inspector General de la Fiscalía, el Vice Ministro de Cooperación Externa, entre otros funcionarios, tuvo como punto culminante el allanamiento a las oficinas del MAM el 10 de octubre y a CINCO el 11 de octubre.
Los ataques a la honra, el desprestigio, la calumnia, así como el hostigamiento permanente haciendo uso de procedimientos legales, continuaron en todo el mes de octubre y hasta finales del año 2008.
En algún momento pretendieron llevar la acusación por la comisión de delitos de lavado de dinero, de fraude, de traición a la patria, de atentar contra la constitución, entre otros, hasta que finalmente desistieron.
La Fiscalía no ha reconocido el daño y el perjuicio que nos ha causado. Públicamente anuncian que desisten, pero continúan con su campaña de desprestigio, difamación y calumnias. Sin embargo, lo cierto es que el caso ha debido ser cerrado, aunque en la resolución insistan en regresarlo a la instancia administrativa del Ministerio de Gobernación.
El caso ha debido cerrarse, porque no existía ni siquiera indicio de hecho delictivo y fue trasladado a la Fiscalía haciendo uso indebido de la autoridad y de los procedimientos legales.
El caso ha debido cerrarse porque la ciudadanía nicaragüense sabía que se trataba de una persecución política contra la sociedad civil autónoma que no se somete a la voluntad “imperial” de quienes gobiernan en Nicaragua.
El caso ha debido cerrarse porque la comunidad internacional dijo basta de atropellos. La lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia, es una lucha de todas las sociedades, porque todas hemos puesto nuestro esfuerzo para erradicar de nuestras vidas, las dictaduras, los totalitarismos, los autoritarismos.
El caso ha debido cerrarse porque se dieron cuenta que aunque nos amenacen con la cárcel, no nos amedrentan y porque hemos sostenido que no seremos rehenes de sus abusos.
Esta es una victoria de todas las personas que pusieron pancartas ante el paso de Ortega, que clausuraron embajadas en protesta por la violación de los derechos humanos, que visitaron embajadas llevando cartas de denuncias.
Esta es una victoria de la ciudadanía nicaragüense que no le dio crédito a las calumnias.
Esta es una victoria de las personas que no se dejaron intimidar por las amenazas y la persecución.
Esta es una victoria de quienes no se callaron, de quienes no aguantaron en silencio los atropellos.
Esta es una victoria de quienes consideran indispensable la Libertad de Asociación y la Libertad de Expresión.
Esta es una victoria de quienes nos acompañaron a la hora del allanamiento, de quienes nos enviaron mensajes de solidaridad, de quienes se desvelaron enviando información a todos sus contactos, de quienes nos tendieron su manos y nos ofrecieron computadoras, oficinas para trabajar o viajes para denunciar los hechos.
Esta es una victoria de la dignidad y de la justicia. No bajamos la cabeza, ni negociamos. Acusamos siempre al régimen y sus representantes por lo que significaba la persecución contra nuestras organizaciones.
Siempre advertimos que querían, a través nuestro, amedrentar a toda la sociedad civil, querían imponer la auto censura y la intimidación. Pero nadie se rindió y nadie transó. No aceptamos que la política del apaciguamiento se entronice en las relaciones sociedad civil-gobierno.
Esta es una victoria que demuestra la validez de la resistencia cívica y de la argumentación jurídica ante la sociedad. Ha sido una batalla ganada.
Nos regocija poder dar esta buena noticia, que ha sido posible por la lucha de todas las personas que se involucraron en ella, tanto en Nicaragua, como en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y otros países.
El júbilo por este triunfo, sin embargo no nos hace olvidar, que existe un proyecto político que quiere instaurar un poder dinástico en el país y que por lo tanto, se buscará continuar la persecución por otros medios. Por ello afirmamos: “la intervención estatal puede ser derrotada si las organizaciones sociales se mantienen unidas, con el respaldo de una comunidad internacional comprometida con el desarrollo de una sociedad civil democrática”.
La gobernabilidad del país aún es incierta, como resultado del gran fraude electoral de las elecciones municipales del 9 de noviembre, los atropellos antes, durante y después de las elecciones, siguen estando presentes. Los machetes, morteros y piedras que usaron para impedir la movilización, no han sido destruidos. Los voceros gubernamentales siguen afirmando que las calles son de ellos y no de los “oligarcas, ni de la derecha”, en la cual incluye a nicaragüenses de todas las clases sociales y de todos los credos, ideologías y posiciones políticas.
Este gobierno maneja un concepto de pueblo que excluye como parte de él, a toda persona que no se someta a la pareja presidencial, pretende imponer a sus organizaciones como la única sociedad civil legítima, continua manteniendo falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sigue siendo parte de un inmoral pacto con Arnoldo Alemán, que conllevó a su absolución por parte de la Corte Suprema que domina Daniel Ortega.
Por todo ello celebramos la derrota de estas maniobras del gobierno, pero le seguimos demandando el cese definitivo de la represión y el respeto irrestricto a los derechos y las libertades públicas.
Managua, 27 de enero de 2009.
Azahálea Solís Román
Juanita Jiménez
Sofía Montenegro
El retiro de la Fiscalía: una batalla ganada, aunque la lucha sigue
En los últimos años las feministas nicaragüenses hemos estado dirigiéndonos a la sociedad nicaragüense y personas y organizaciones de todo el mundo para denunciar la implementación de ley que violentan los derechos de las mujeres, o el acoso y la persecución hacia compañeras líderes y a organizaciones de mujeres.
En octubre de 2006 cuando se derogó el aborto terapéutico, las voces de las feministas, de las defensoras de derechos humanos, de médicos, de mujeres y hombres de distintas partes del mundo alertaron a las autoridades nicaragüenses, que una legislación de tal naturaleza violentaba los derechos humanos y condenaba a las mujeres a la muerte.
En noviembre de 2007 con motivo de la denuncia contra 9 defensoras de derechos humanos alertábamos que existía una orientación de tramitar con celeridad la denuncia para proceder al enjuiciamiento y condena, con lo cual se pretendían cumplir un acto de venganza política. Las notas de protestas, las cartas de solidaridad y las acciones de respaldo no se hicieron esperar.
A lo largo del primer semestre de 2008 fuimos dando cuenta de cómo estaba la situación en Nicaragua. Informamos de la huelga de hambre de Dora María Téllez, dirigente de la Revolución Sandinista, de los ataques a Carlos Mejía Godoy, cantor de la revolución, del juicio al Padre Ernesto Cardenal, poeta y profeta de la lucha revolucionaria
Así también dimos a conocer de las acciones dictatoriales en contra del derecho a elegir y ser electos, de la arbitraria medida de cancelar personerías jurídicas a diversos partidos, de negar el derecho a la observación electoral y del robo más descarado en la reciente historia nicaragüense, que significó la burla de la voluntad popular y la imposición de autoridades edilicias pertenecientes al partido de gobierno, que fueron impuestas, por el más burdo fraude electoral.
En septiembre de 2008 dimos a conocer nuestra proclama No tienen miedo porque no tenemos miedo, en la que no sólo hacíamos un recuento de los atropellos a los derechos ciudadanos, sino que también denunciamos los ataques sistemáticos por los medios de comunicación que controla el gobierno en contra de Sofía Montenegro y de diversas organizaciones, en particular el Centro de Investigación de la Comunicación y el Movimiento Autónomo de Mujeres.
Funcionarios del primer nivel de responsabilidad del estado acusaron al Movimiento Autónomo de Mujeres y a CINCO de estar lavando dinero y de hacer apología del delito de aborto. Se nos acusó de hacer “incidencia política”, de ser parte de la sociedad “sí-vil”, de ser oligarcas y corruptas, o de ser agentes de la CIA, entre otros epítetos.
Esta campaña sistemática y permanente por radio, prensa y televisión en la cual estuvo al frente la propia esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, e involucrados la Ministra de Gobernación, la Fiscal Adjunta, el Inspector General de la Fiscalía, el Vice Ministro de Cooperación Externa, entre otros funcionarios, tuvo como punto culminante el allanamiento a las oficinas del MAM el 10 de octubre y a CINCO el 11 de octubre.
Los ataques a la honra, el desprestigio, la calumnia, así como el hostigamiento permanente haciendo uso de procedimientos legales, continuaron en todo el mes de octubre y hasta finales del año 2008.
En algún momento pretendieron llevar la acusación por la comisión de delitos de lavado de dinero, de fraude, de traición a la patria, de atentar contra la constitución, entre otros, hasta que finalmente desistieron.
La Fiscalía no ha reconocido el daño y el perjuicio que nos ha causado. Públicamente anuncian que desisten, pero continúan con su campaña de desprestigio, difamación y calumnias. Sin embargo, lo cierto es que el caso ha debido ser cerrado, aunque en la resolución insistan en regresarlo a la instancia administrativa del Ministerio de Gobernación.
El caso ha debido cerrarse, porque no existía ni siquiera indicio de hecho delictivo y fue trasladado a la Fiscalía haciendo uso indebido de la autoridad y de los procedimientos legales.
El caso ha debido cerrarse porque la ciudadanía nicaragüense sabía que se trataba de una persecución política contra la sociedad civil autónoma que no se somete a la voluntad “imperial” de quienes gobiernan en Nicaragua.
El caso ha debido cerrarse porque la comunidad internacional dijo basta de atropellos. La lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia, es una lucha de todas las sociedades, porque todas hemos puesto nuestro esfuerzo para erradicar de nuestras vidas, las dictaduras, los totalitarismos, los autoritarismos.
El caso ha debido cerrarse porque se dieron cuenta que aunque nos amenacen con la cárcel, no nos amedrentan y porque hemos sostenido que no seremos rehenes de sus abusos.
Esta es una victoria de todas las personas que pusieron pancartas ante el paso de Ortega, que clausuraron embajadas en protesta por la violación de los derechos humanos, que visitaron embajadas llevando cartas de denuncias.
Esta es una victoria de la ciudadanía nicaragüense que no le dio crédito a las calumnias.
Esta es una victoria de las personas que no se dejaron intimidar por las amenazas y la persecución.
Esta es una victoria de quienes no se callaron, de quienes no aguantaron en silencio los atropellos.
Esta es una victoria de quienes consideran indispensable la Libertad de Asociación y la Libertad de Expresión.
Esta es una victoria de quienes nos acompañaron a la hora del allanamiento, de quienes nos enviaron mensajes de solidaridad, de quienes se desvelaron enviando información a todos sus contactos, de quienes nos tendieron su manos y nos ofrecieron computadoras, oficinas para trabajar o viajes para denunciar los hechos.
Esta es una victoria de la dignidad y de la justicia. No bajamos la cabeza, ni negociamos. Acusamos siempre al régimen y sus representantes por lo que significaba la persecución contra nuestras organizaciones.
Siempre advertimos que querían, a través nuestro, amedrentar a toda la sociedad civil, querían imponer la auto censura y la intimidación. Pero nadie se rindió y nadie transó. No aceptamos que la política del apaciguamiento se entronice en las relaciones sociedad civil-gobierno.
Esta es una victoria que demuestra la validez de la resistencia cívica y de la argumentación jurídica ante la sociedad. Ha sido una batalla ganada.
Nos regocija poder dar esta buena noticia, que ha sido posible por la lucha de todas las personas que se involucraron en ella, tanto en Nicaragua, como en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y otros países.
El júbilo por este triunfo, sin embargo no nos hace olvidar, que existe un proyecto político que quiere instaurar un poder dinástico en el país y que por lo tanto, se buscará continuar la persecución por otros medios. Por ello afirmamos: “la intervención estatal puede ser derrotada si las organizaciones sociales se mantienen unidas, con el respaldo de una comunidad internacional comprometida con el desarrollo de una sociedad civil democrática”.
La gobernabilidad del país aún es incierta, como resultado del gran fraude electoral de las elecciones municipales del 9 de noviembre, los atropellos antes, durante y después de las elecciones, siguen estando presentes. Los machetes, morteros y piedras que usaron para impedir la movilización, no han sido destruidos. Los voceros gubernamentales siguen afirmando que las calles son de ellos y no de los “oligarcas, ni de la derecha”, en la cual incluye a nicaragüenses de todas las clases sociales y de todos los credos, ideologías y posiciones políticas.
Este gobierno maneja un concepto de pueblo que excluye como parte de él, a toda persona que no se someta a la pareja presidencial, pretende imponer a sus organizaciones como la única sociedad civil legítima, continua manteniendo falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sigue siendo parte de un inmoral pacto con Arnoldo Alemán, que conllevó a su absolución por parte de la Corte Suprema que domina Daniel Ortega.
Por todo ello celebramos la derrota de estas maniobras del gobierno, pero le seguimos demandando el cese definitivo de la represión y el respeto irrestricto a los derechos y las libertades públicas.
Managua, 27 de enero de 2009.
Azahálea Solís Román
Juanita Jiménez
Sofía Montenegro