Persecución política sobre CINCO y OSC

Esta mañana la fiscal adjunta Ana Julia Guido, presentó ante los medios de comunicación una resolución en el caso de la investigación criminal que realizaba contra el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), como parte de la persecución política que desató el gobierno en contra de ONGs y movimientos sociales, desde septiembre del año pasado, en la cual concluye que no tienen bases, ni méritos, ni pruebas, para hacer una acusación criminal en contra de los directivos de CINCO y de otras organizaciones, y decide enviar el expediente del caso al Ministerio de Gobernación.



Nosotros no hemos sido notificados de la resolución de la Fiscalía, y por lo tanto, no podemos comentar sobre los detalles de sus consideraciones, pero sí podemos pronunciarnos sobre el fondo del caso.



Hay que recordar que hace cinco meses cuando se abrió este caso, por una decisión política que se originó en la presidencia de la república, la ministra de gobernación y la Fiscal Adjunta, nos denunciaron por supuestos delitos criminales como lavado de dinero, triangulación, fraude, y una serie de delitos.



La Fiscalía tuvo cinco meses para investigar y fabricar un caso jurídico, levantaron el sigilo bancario, allanaron de forma ilegal la oficina de CINCO, se llevaron 15 mil folios de información contable, y al final, concluyen lo que todo mundo sabía desde el principio: que no hay pruebas para acusarnos criminalmente.



Y no hay pruebas porque no hay delito, y porque nunca hubo un indicio de que hubiéramos violado alguna ley de la república. Porque lo que de verdad ha habido aquí es un caso de persecución de parte del Estado, de represalia, contra el derecho de asociación, para intimidar a las voces críticas en la sociedad civil que han denunciado el ejercicio autoritario del poder.



Y ahora la Fiscalía, en vez de reconocer el daño y el perjuicio que le han causado a CINCO como institución así como a otras ONG y movimientos sociales; en vez de reconocer el error y admitir que están rectificando para devolverle la legalidad al Ministerio Público, alegan que encontraron algunas “irregularidades” en nuestros proyectos y que están remitiendo el caso al Ministerio de Gobernación para que siga investigando.



Nosotros le demandamos a la Fiscalía una vez más que nos devuelva los 15 mil folios de información contable que se llevaron de forma abusiva durante el allanamiento ilegal de CINCO el 11 de octubre, así como las cinco computadoras y la información privada, que secuestraron de nuestras oficinas.

Necesitamos esa información para completar los informes de rendición de cuentas a las entidades donantes, que desde hace 13 años confían en la transparencia y el profesionalismo de CINCO.



Es ante los donantes internacionales ante quienes rendimos cuentas, a través de las auditorias que ellos realizan. Y por eso demandamos que nos regresen toda la información contable que se llevaron el 11 de octubre. Entendemos que hoy le devolvieron toda la información contable a OXFAM GB, ese es un buen paso, y esperamos que hagan lo mismo en el caso de CINCO.



Y aunque la Fiscal Adjunta el día de hoy todavía continuó la campaña de calumnias y difamación en contra de CINCO, alegando supuestas irregularidades, lo que cuenta aquí es que el gobierno se ha visto obligado a reconocer ante la opinión publica nacional e internacional, que no pueden acusarnos, porque no hay pruebas o indicios de que hayamos cometido algún delito, y que todo este caso, ha sido motivado por un afán de persecusión política. Esa es la verdad que esta a la vista pública.



Por eso, independientemente que entendemos que este caso no está cerrado y que el acoso estatal puede continuar por otras vías, es importante reconocer que esta resolución de la Fiscalía desestimando el caso criminal contra CINCO y otras organizaciones, es una victoria de la sociedad civil, que nunca se dejó intimidar por las amenazas y la persecución del poder. Esta es una victoria de todos los que manifestaron su solidaridad con esta causa, en defensa del derecho de asociación y el derecho a la libertad de expresión.



Y por eso quiero agradecerle especialmente a todos los colegas periodistas, a todas las personas e instituciones, de todos los colores políticos, que se solidarizaron con nosotros y con las organizaciones perseguidas por el gobierno. Y también a la gran ola de solidaridad internacional que este caso ha generado entre periodistas de todo el mundo, en America Latina, en Europa y Estados Unidos, a las y los defensores de derechos humanos, a las ONG internacionales, y a los gobiernos que apoyan el desarrollo de la sociedad civil en Nicaragua.



Estamos advertidos por el gobierno que el caso no está cerrado, y que la persecución política puede continuar por otras vías, pero no nos van a amedrentar. Porque hoy también se ha sentado un precedente, y es que cuando los ciudadanos tienen la determinación de resistir, de no dejarse atropellar, el gobierno tiene que retroceder en su persecución. Sabemos que ahora vienen con nuevos planes de regular el funcionamiento de la sociedad civil, pero tenemos la convicción de que la intervención estatal será derrotada si la sociedad civil se mantiene unida, con el respaldo de la comunidad internacional que tiene un compromiso por una sociedad civil democrática, que es una condición básica, para que en Nicaragua podamos rescatar la democracia del autoritarismo.