Persecución política sobre CINCO y OSC
Persecución política sobre CINCO y OSC
- 11 Dec 2008
CEJIL pide la intervención de la CIDH para proteger a activistas nicaraguenses
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, respondiendo a una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informa a la CIDH sobre la situación de riesgo que viven activistas y generadores de opinión en Nicaragua, entre ellos la directiva del Centro de Investigación de la Comunicación, y llama a la CIDH a intervenir para su protección inmediata.
San José, 11 de diciembre de 2008
Dr. Santiago Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, NW
Washington, DC 20006
MC – 302-08
Se aporta información solicitada
Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua
Distinguido Dr. Canton:
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se dirige por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH” o “la Comisión) para referirnos a la solicitud de información requerida por la Ilustre Comisión mediante nota de fecha 25 de Noviembre del presente año.
I. Individualización de todos los beneficiarios propuestos y situación concreta de riesgo
Como señalamos en nuestra solicitud de medidas cautelares de fecha 27 de octubre de 2008 integrantes de organizaciones de derechos humanos, y particularmente aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres están siendo víctimas de una campaña de persecución así como de actos de hostigamiento y agresiones que ponen en grave riesgo sus vidas e integridad personal. Por ello, los representantes de las organizaciones Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Feminista solicitan que las medidas cautelares sean otorgadas a favor de quienes han sido las principales figuras de estas organizaciones, a saber:
-Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva, y Carlos Fernando Chamorro, Presidente del CINCO.
-Patricia Orozco, Juana Jiménez Martínez, Ana María Pizarro y su hijo Pedro Javier Pizarro, Luisa Molina, Martha Munguía, Violeta Delgado, Lorna Norori, Yamileth Mejía, Azahálea Solís Román, Marlen Chow y Reyna Rodríguez del MAM.
-Marta María Blandón del Movimiento Feminista.
-Mayra Sirias de la Red de Mujeres Contra la Violencia..
En su condición de voceras o representantes de sus organizaciones, han sido críticas de las decisiones adoptadas por algunas autoridades de gobierno que violentan derechos humanos , especialmente han establecido posicionamientos contrarios al del gobierno y del partido de gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional) respecto al aborto terapéutico en Nicaragua. Por su postura frente a los medios, las personas mencionadas han sido los rostros visibles de las organizaciones y como consecuencia y por su labor como defensores y defensoras de derechos humanos, las autoridades estatales o miembros del partido de gobierno les han señalado como traidores de la revolución, defensores de la derecha, falsas feministas, entre otras denominaciones que implican una forma de hostigamiento que genera un riesgo para sus vidas .
Por otro lado, algunas de las propuestas beneficiarias han sufrido amenazas directas en contra de su integridad personal o la de sus familiares. Tal es el caso de la señora Ana María Pizarro quien fue amenazada con el secuestro de su hijo de 13 años de edad Pedro Javier Pizarro . Además en nuestro escrito de fecha 10 de noviembre de 2008 se informó a la Ilustre Comisión sobre los mensajes amenazantes recibidos por Patricia Orozco, así como la violación de domicilio y el robo sufrido por Marlen Auxiliadora Chow Cruz.
La señora Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres también ha sido víctima de una serie de actos intimidatorios constitutivos de delitos durante el presente año. Inicialmente no les brindó importancia pues creyó que eran producto de la delincuencia común, no obstante debido a la frecuencia de estos y su coincidencia con sus actividades como defensora, para ella resulta evidente que se encuentran relacionados a su labor. La señora Sirias relata que en marzo del presente año fue asaltada en la Ciudad de León, lugar donde reside; en el mes de mayo personas desconocidas invadieron un inmueble de su propiedad, ahí se robaron varios artículos, arrancaron el techo de una casa y destrozaron una manzana entera de plátanos; en el mes de junio ella se trasladó a Managua para apoyar la huelga de hambre de la señora Dora María Téllez, durante su ausencia también ingresaron a su casa-habitación en León y le robaron varios artículos de valor; finalmente el 15 de agosto, un día después de haber sostenido una importante reunión con la embajadora de Suecia, le robaron el radio de su vehículo personal. El último hecho de esta naturaleza ocurrió el pasado 3 de diciembre, ese día ella dejó estacionado su vehículo en un parqueo público, cuando regresó, alrededor del medio día, decidió llevarlo al mecánico porque necesitaba una soldadura, al momento de abrir la tapa pudieron observar que la batería que carga la electricidad se encontraba abierta y uno de los cables estaba totalmente quemado. Según le informó su mecánico este hecho no puede ocurrir sino con la intervención de una persona, y de haber transitado por más kilómetros el daño hubiera sido mucho mayor. Todos los hechos, a excepción del último descrito, fueron denunciados ante la Policía Nacional pero a la fecha se desconoce si hay algún resultado en las investigaciones .
Otra de las solicitantes, Azahálea Solís recibió durante los meses de mayo, junio y julio del presente año, cuatro mensajes que le hacían escuchar conversaciones privadas que ella sostenía con terceras personas, es decir, le daban a conocer que sus comunicaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas. Cuando ella llamaba al número de teléfono de origen, este aparecía como fuera de servicio. Este hecho no fue denunciado pues se consideró que de hacerse público iba a ser un factor de intimidación más para otras defensoras de derechos humanos. En el mes de octubre, mientras el Ministerio Público estaba llevando a cabo el proceso contra MAM y CINCO por supuestos hechos delictivos sin definir, ella pudo observar que personas integrantes de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) portaban su foto en carteles grandes con una pica , lo que constituye un mensaje claro de muerte.
Por su parte Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva de CINCO e integrante de MAM, ha sido una de las personas más atacada a través de los medios de comunicación pro estatales. Por ejemplo, en las primeras nueves ediciones del “Semanario El 19” se dedicaron sendos artículos para desprestigiar a Sofía, en la primera edición se le llamó “feminista trasnochada”, en la segunda edición se le acusa de ser una “feminista relacionada con la guardia somocista”, en las ediciones número seis y siete, se le liga con la derecha y se le menciona como una agente de la cooperación estadounidense . Su fotografía siempre está presente en los cárteles que portan los CPC durante las marchas, y cada vez que ella se presenta a alguna actividad pública es víctima de insultos e intentos de agresión, por ejemplo el 20 de setiembre en una marcha que convocaron algunas organizaciones de sociedad civil en la Ciudad de León, Sofía fue insultada verbalmente por integrantes del CPC, uno de estos inclusive le amenazó diciendo que terminaría como su hermanos Franklin Montenegro, quien fue ejecutado por el Frente Sandinista en julio de 1979. A la vez sufrió varios intentos de agresión para que ella abandonara el lugar. Estos actos se repitieron el 8 de octubre mientras la señora Montenegro acudía a una cita con el Ministerio Público en el marco de la investigación contra CINCO y el MAM.
Los ataques que han sufrido las personas propuestas como beneficiarias son una consecuencia directa de la campaña de persecución y desprestigio que lideraron autoridades estatales contra las organizaciones CINCO, MAM, Red de Mujeres y Movimiento Feminista . Esta campaña a su vez es una represalia por la defensa que ellas han hecho de los derechos de las mujeres, particularmente en relación con el aborto terapéutico y por la crítica hacia decisiones del gobierno que violentan derechos humanos.
La Ilustre Comisión Interamericana, en su informe sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en las Américas ha señalado que las críticas indiscriminadas y sin fundamento contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos . Esto es una realidad en Nicaragua.
De esta manera, las propuestas beneficiarias no sólo han sufrido amenazas sino que en algunos casos estas amenazas se han materializado. Lo anterior sumado a la campaña de desprestigio que no es otra cosa que una incitación al odio y a la violencia en contra de las organizaciones mencionadas, demuestra que existe un riesgo inminente para las solicitantes de sufrir daños irreparables a sus vidas e integridad personales, por lo que su situación amerita la adopción de medidas cautelares por parte de esta Ilustre Comisión.
II. Los procesos judiciales contra nueve de las propuestas beneficiarias y su situación de riesgo
La Ilustre Comisión solicita información sobre las fechas de inicio, los presuntos delitos sindicados y la etapa procesal en que se encuentra la investigación penal contra Luisa Molina, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Murguía, Violeta Delgado, Mayra Sirias, Juana Jiménez Martínez, Lorna Norori y Yamileth Mejía.
La investigación inició el 9 de octubre de 2007 por denuncia interpuesta por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Los hechos que se denuncian consisten en la participación en el aborto terapéutico realizado a la niña Rosita y en las actividades realizadas durante el 2006 para evitar la derogación del aborto terapéutico.
Los supuestos delitos que se les imputan son violación, obstrucción de justicia, instigación, asociación ilícita para delinquir, y apología del delito de aborto.
Todas las imputadas fueron citadas a declarar a partir del 10 de Diciembre de 2007, desde entonces no han recibido ninguna otra información formal sobre el estado del caso, aunque tenemos conocimiento que se encuentra aún en la etapa de investigación y no ha sido desestimado. En setiembre de este año tuvieron noticias de presiones hechas por autoridades judiciales a la familia de la niña Rosita para que declaren en contra de las defensoras. Cabe destacar que ellas se mantienen activas en su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.
La existencia de este proceso penal contra las defensoras arriba citadas, así como el proceso penal que se sigue contra los integrantes de CINCO y MAM, constituyen una prueba más de la intención de las autoridades estatales de Nicaragua de acosar y desprestigiar la labor de los y las defensoras de derechos humanos, particularmente las involucradas.
Este tipo de agresiones mediante el uso del aparato judicial refuerzan la idea entre la población nicaragüense de que los ataques que sufren los defensores y defensoras están legitimados, pues son considerados/as delincuentes y traidores/as de la revolución. Por ejemplo, en la última edición del Semanario El 19, en un artículo titulado “Año 2009, año de derrotas para la derecha” se menciona que el MAM y el grupo CINCO operan al margen de la ley y estas organizaciones “tienen una sistemática campaña en contra del gobierno revolucionario electo democráticamente en el 2006” .
Así, el riesgo para las solicitantes radica en su condición de ser representantes y voceras de las organizaciones CINCO, MAM, Red de Mujeres y Movimiento Feminista, ya que estas organizaciones han sido catalogadas por el gobierno como enemigas del pueblo, y por ende también reciben esta denominación los y las defensoras con mayor presencia en la opinión pública.
III. Petitorio
Las organizaciones peticionarias reiteramos a esta Ilustre Comisión la necesidad de otorgar en el menor plazo posible las medidas cautelares solicitadas.
De permitirse que el Estado nicaragüense continúe con sus acciones en contra de las mujeres defensoras y de otros integrantes de organizaciones de derechos humanos, y que se abstenga de adoptar medidas de protección adecuadas para estas personas es muy probable que ocurra un daño irreparable.
Por todo lo anterior, solicitamos la intervención pronta y oportuna de la Ilustre Comisión Interamericana para que ordene al Estado lo siguiente:
a. Adoptar las medidas de protección necesarias para proteger la vida e integridad personal de las siguientes personas:
i. Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva, y Carlos Fernando Chamorro, Presidente del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO).
ii. Patricia Orozco, Juana Jiménez Martínez, Ana María Pizarro y su hijo Pedro Javier Pizarro, Luisa Molina, Martha Munguía, Violeta Delgado, Lorna Norori, Yamileth Mejía, Azahálea Solís Román, Marlen Chow y Reyna Rodríguez del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM).
iii. Marta María Blandón del Movimiento Feminista.
iv. Mayra Sirias de la Red de Mujeres Contra la Violencia contra la Violencia.
b. Cesar la campaña de desprestigio incoada por los agentes estatales en contra de las organizaciones no gubernamentales y todo tipo de actos que tengan como fin su debilitamiento e intimidación.
c. Dar participación a las y los beneficiarios y a las peticionarias en la planificación e implementación de las medidas de protección.
d. Investigar los hechos que originan estas medidas.
e. Por la urgencia de la situación, que el Estado informe a la Comisión Interamericana, a la mayor brevedad, sobre las acciones concretas que haya emprendido con el propósito de implementar las medidas cautelares.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.
Viviana Krsticevic Soraya Long
CEJIL CEJIL
Marcia Aguiluz Vanesa Coria
CEJIL CEJIL
Dr. Santiago Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, NW
Washington, DC 20006
MC – 302-08
Se aporta información solicitada
Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua
Distinguido Dr. Canton:
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se dirige por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH” o “la Comisión) para referirnos a la solicitud de información requerida por la Ilustre Comisión mediante nota de fecha 25 de Noviembre del presente año.
I. Individualización de todos los beneficiarios propuestos y situación concreta de riesgo
Como señalamos en nuestra solicitud de medidas cautelares de fecha 27 de octubre de 2008 integrantes de organizaciones de derechos humanos, y particularmente aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres están siendo víctimas de una campaña de persecución así como de actos de hostigamiento y agresiones que ponen en grave riesgo sus vidas e integridad personal. Por ello, los representantes de las organizaciones Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Feminista solicitan que las medidas cautelares sean otorgadas a favor de quienes han sido las principales figuras de estas organizaciones, a saber:
-Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva, y Carlos Fernando Chamorro, Presidente del CINCO.
-Patricia Orozco, Juana Jiménez Martínez, Ana María Pizarro y su hijo Pedro Javier Pizarro, Luisa Molina, Martha Munguía, Violeta Delgado, Lorna Norori, Yamileth Mejía, Azahálea Solís Román, Marlen Chow y Reyna Rodríguez del MAM.
-Marta María Blandón del Movimiento Feminista.
-Mayra Sirias de la Red de Mujeres Contra la Violencia..
En su condición de voceras o representantes de sus organizaciones, han sido críticas de las decisiones adoptadas por algunas autoridades de gobierno que violentan derechos humanos , especialmente han establecido posicionamientos contrarios al del gobierno y del partido de gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional) respecto al aborto terapéutico en Nicaragua. Por su postura frente a los medios, las personas mencionadas han sido los rostros visibles de las organizaciones y como consecuencia y por su labor como defensores y defensoras de derechos humanos, las autoridades estatales o miembros del partido de gobierno les han señalado como traidores de la revolución, defensores de la derecha, falsas feministas, entre otras denominaciones que implican una forma de hostigamiento que genera un riesgo para sus vidas .
Por otro lado, algunas de las propuestas beneficiarias han sufrido amenazas directas en contra de su integridad personal o la de sus familiares. Tal es el caso de la señora Ana María Pizarro quien fue amenazada con el secuestro de su hijo de 13 años de edad Pedro Javier Pizarro . Además en nuestro escrito de fecha 10 de noviembre de 2008 se informó a la Ilustre Comisión sobre los mensajes amenazantes recibidos por Patricia Orozco, así como la violación de domicilio y el robo sufrido por Marlen Auxiliadora Chow Cruz.
La señora Mayra Sirias, coordinadora de la Red de Mujeres también ha sido víctima de una serie de actos intimidatorios constitutivos de delitos durante el presente año. Inicialmente no les brindó importancia pues creyó que eran producto de la delincuencia común, no obstante debido a la frecuencia de estos y su coincidencia con sus actividades como defensora, para ella resulta evidente que se encuentran relacionados a su labor. La señora Sirias relata que en marzo del presente año fue asaltada en la Ciudad de León, lugar donde reside; en el mes de mayo personas desconocidas invadieron un inmueble de su propiedad, ahí se robaron varios artículos, arrancaron el techo de una casa y destrozaron una manzana entera de plátanos; en el mes de junio ella se trasladó a Managua para apoyar la huelga de hambre de la señora Dora María Téllez, durante su ausencia también ingresaron a su casa-habitación en León y le robaron varios artículos de valor; finalmente el 15 de agosto, un día después de haber sostenido una importante reunión con la embajadora de Suecia, le robaron el radio de su vehículo personal. El último hecho de esta naturaleza ocurrió el pasado 3 de diciembre, ese día ella dejó estacionado su vehículo en un parqueo público, cuando regresó, alrededor del medio día, decidió llevarlo al mecánico porque necesitaba una soldadura, al momento de abrir la tapa pudieron observar que la batería que carga la electricidad se encontraba abierta y uno de los cables estaba totalmente quemado. Según le informó su mecánico este hecho no puede ocurrir sino con la intervención de una persona, y de haber transitado por más kilómetros el daño hubiera sido mucho mayor. Todos los hechos, a excepción del último descrito, fueron denunciados ante la Policía Nacional pero a la fecha se desconoce si hay algún resultado en las investigaciones .
Otra de las solicitantes, Azahálea Solís recibió durante los meses de mayo, junio y julio del presente año, cuatro mensajes que le hacían escuchar conversaciones privadas que ella sostenía con terceras personas, es decir, le daban a conocer que sus comunicaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas. Cuando ella llamaba al número de teléfono de origen, este aparecía como fuera de servicio. Este hecho no fue denunciado pues se consideró que de hacerse público iba a ser un factor de intimidación más para otras defensoras de derechos humanos. En el mes de octubre, mientras el Ministerio Público estaba llevando a cabo el proceso contra MAM y CINCO por supuestos hechos delictivos sin definir, ella pudo observar que personas integrantes de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) portaban su foto en carteles grandes con una pica , lo que constituye un mensaje claro de muerte.
Por su parte Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva de CINCO e integrante de MAM, ha sido una de las personas más atacada a través de los medios de comunicación pro estatales. Por ejemplo, en las primeras nueves ediciones del “Semanario El 19” se dedicaron sendos artículos para desprestigiar a Sofía, en la primera edición se le llamó “feminista trasnochada”, en la segunda edición se le acusa de ser una “feminista relacionada con la guardia somocista”, en las ediciones número seis y siete, se le liga con la derecha y se le menciona como una agente de la cooperación estadounidense . Su fotografía siempre está presente en los cárteles que portan los CPC durante las marchas, y cada vez que ella se presenta a alguna actividad pública es víctima de insultos e intentos de agresión, por ejemplo el 20 de setiembre en una marcha que convocaron algunas organizaciones de sociedad civil en la Ciudad de León, Sofía fue insultada verbalmente por integrantes del CPC, uno de estos inclusive le amenazó diciendo que terminaría como su hermanos Franklin Montenegro, quien fue ejecutado por el Frente Sandinista en julio de 1979. A la vez sufrió varios intentos de agresión para que ella abandonara el lugar. Estos actos se repitieron el 8 de octubre mientras la señora Montenegro acudía a una cita con el Ministerio Público en el marco de la investigación contra CINCO y el MAM.
Los ataques que han sufrido las personas propuestas como beneficiarias son una consecuencia directa de la campaña de persecución y desprestigio que lideraron autoridades estatales contra las organizaciones CINCO, MAM, Red de Mujeres y Movimiento Feminista . Esta campaña a su vez es una represalia por la defensa que ellas han hecho de los derechos de las mujeres, particularmente en relación con el aborto terapéutico y por la crítica hacia decisiones del gobierno que violentan derechos humanos.
La Ilustre Comisión Interamericana, en su informe sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en las Américas ha señalado que las críticas indiscriminadas y sin fundamento contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos . Esto es una realidad en Nicaragua.
De esta manera, las propuestas beneficiarias no sólo han sufrido amenazas sino que en algunos casos estas amenazas se han materializado. Lo anterior sumado a la campaña de desprestigio que no es otra cosa que una incitación al odio y a la violencia en contra de las organizaciones mencionadas, demuestra que existe un riesgo inminente para las solicitantes de sufrir daños irreparables a sus vidas e integridad personales, por lo que su situación amerita la adopción de medidas cautelares por parte de esta Ilustre Comisión.
II. Los procesos judiciales contra nueve de las propuestas beneficiarias y su situación de riesgo
La Ilustre Comisión solicita información sobre las fechas de inicio, los presuntos delitos sindicados y la etapa procesal en que se encuentra la investigación penal contra Luisa Molina, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Murguía, Violeta Delgado, Mayra Sirias, Juana Jiménez Martínez, Lorna Norori y Yamileth Mejía.
La investigación inició el 9 de octubre de 2007 por denuncia interpuesta por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Los hechos que se denuncian consisten en la participación en el aborto terapéutico realizado a la niña Rosita y en las actividades realizadas durante el 2006 para evitar la derogación del aborto terapéutico.
Los supuestos delitos que se les imputan son violación, obstrucción de justicia, instigación, asociación ilícita para delinquir, y apología del delito de aborto.
Todas las imputadas fueron citadas a declarar a partir del 10 de Diciembre de 2007, desde entonces no han recibido ninguna otra información formal sobre el estado del caso, aunque tenemos conocimiento que se encuentra aún en la etapa de investigación y no ha sido desestimado. En setiembre de este año tuvieron noticias de presiones hechas por autoridades judiciales a la familia de la niña Rosita para que declaren en contra de las defensoras. Cabe destacar que ellas se mantienen activas en su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.
La existencia de este proceso penal contra las defensoras arriba citadas, así como el proceso penal que se sigue contra los integrantes de CINCO y MAM, constituyen una prueba más de la intención de las autoridades estatales de Nicaragua de acosar y desprestigiar la labor de los y las defensoras de derechos humanos, particularmente las involucradas.
Este tipo de agresiones mediante el uso del aparato judicial refuerzan la idea entre la población nicaragüense de que los ataques que sufren los defensores y defensoras están legitimados, pues son considerados/as delincuentes y traidores/as de la revolución. Por ejemplo, en la última edición del Semanario El 19, en un artículo titulado “Año 2009, año de derrotas para la derecha” se menciona que el MAM y el grupo CINCO operan al margen de la ley y estas organizaciones “tienen una sistemática campaña en contra del gobierno revolucionario electo democráticamente en el 2006” .
Así, el riesgo para las solicitantes radica en su condición de ser representantes y voceras de las organizaciones CINCO, MAM, Red de Mujeres y Movimiento Feminista, ya que estas organizaciones han sido catalogadas por el gobierno como enemigas del pueblo, y por ende también reciben esta denominación los y las defensoras con mayor presencia en la opinión pública.
III. Petitorio
Las organizaciones peticionarias reiteramos a esta Ilustre Comisión la necesidad de otorgar en el menor plazo posible las medidas cautelares solicitadas.
De permitirse que el Estado nicaragüense continúe con sus acciones en contra de las mujeres defensoras y de otros integrantes de organizaciones de derechos humanos, y que se abstenga de adoptar medidas de protección adecuadas para estas personas es muy probable que ocurra un daño irreparable.
Por todo lo anterior, solicitamos la intervención pronta y oportuna de la Ilustre Comisión Interamericana para que ordene al Estado lo siguiente:
a. Adoptar las medidas de protección necesarias para proteger la vida e integridad personal de las siguientes personas:
i. Sofía Montenegro, Directora Ejecutiva, y Carlos Fernando Chamorro, Presidente del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO).
ii. Patricia Orozco, Juana Jiménez Martínez, Ana María Pizarro y su hijo Pedro Javier Pizarro, Luisa Molina, Martha Munguía, Violeta Delgado, Lorna Norori, Yamileth Mejía, Azahálea Solís Román, Marlen Chow y Reyna Rodríguez del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM).
iii. Marta María Blandón del Movimiento Feminista.
iv. Mayra Sirias de la Red de Mujeres Contra la Violencia contra la Violencia.
b. Cesar la campaña de desprestigio incoada por los agentes estatales en contra de las organizaciones no gubernamentales y todo tipo de actos que tengan como fin su debilitamiento e intimidación.
c. Dar participación a las y los beneficiarios y a las peticionarias en la planificación e implementación de las medidas de protección.
d. Investigar los hechos que originan estas medidas.
e. Por la urgencia de la situación, que el Estado informe a la Comisión Interamericana, a la mayor brevedad, sobre las acciones concretas que haya emprendido con el propósito de implementar las medidas cautelares.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.
Viviana Krsticevic Soraya Long
CEJIL CEJIL
Marcia Aguiluz Vanesa Coria
CEJIL CEJIL