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Daniel Ortega y Rosario Murillo dieron la última estocada al proceso electoral del siete de noviembre con la anulación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) este viernes. Con ello, el régimen no solo sella los resultados de las próximas elecciones, sino que deja al último partido opositor fuera de la boleta y reafirma la continuidad como partido único.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló a CxL después de la denuncia realizada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de María Haydee Ozuna. Bajo la presencia de medios oficialistas, la presidenta de dicha agrupación también expuso que Kitty Monterrey tenía una doble nacionalidad, y que por lo tanto violaba la Ley Electoral. A la hora, el CSE falló a favor del PLC y despojó a CxL de su representación, y a Monterrey de su nacionalidad nicaragüense, anulando así su cédula de identidad.

La sede del partido quedó vacía por temor a que fuese tomada por la Policía Nacional. De sus representantes solo el excandidato presidencial Óscar Sobalvarro se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. “Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada. ¡Nos tuvieron miedo!”, escribió.

Con este acto, el régimen sepultó la salida a la crisis sociopolítica que el país arrastra desde las protestas antigubernamentales de abril de 2018, reprimidas por el FSLN y la Policía Nacional. El escenario es favorable para la pareja gobernante, que busca la cuarta reelección consecutiva de Ortega y la segunda de Rosario Murillo como vicepresidenta. Sectores de oposición y de la sociedad civil veían el proceso electoral como uno de los más decisivos desde la victoria de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en 1990 e inició una transición democrática.

El descabezamiento de la oposición

El panorama electoral se ensombreció a partir de mayo de 21, cuando el régimen ordenó la aprobación de una reforma electoral que desoía el llamado de la comunidad internacional y mantenía el control en el Poder Electoral. Tampoco los intentos de unidad entre los bloques opositores tuvo resultado. Tras la cancelación de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), cuyo presidente es el pastor envagélico Saturnino Cerrato, el único vehículo de la oposición que quedó fue CxL. En medio de un panorama adverso, la organización política decidió mantenerse en el proceso electoral, incluso tras el apresamiento de varios de sus precandidatos presidenciales. La dictadura encarceló a siete aspirantes a la presidencia y a una veintena de activistas, periodistas, empresarios y ciudadanos nicaragüenses.

Con una polémica fórmula compuesta por un antiguo comandante de la Contra (Óscar Sobalvarro) y una exreina de belleza (Berenice Quezada), CxL inscribió sus candidaturas en un panorama adverso y bajo el control del partido de gobierno.

El 2 de agosto fueron inscritos candidatos a la presidencia y vicepresidencia prácticamente desconocidos en la política nacional, y sin ningún peso político. También se dejó por fuera a los rostros de las protestas de abril, quienes muchos de ellos permanecen arrestados por el régimen, bajo la clandestinidad, o declinaron sus aspiraciones a cargos públicos.

Un día después, simpatizantes sandinistas denunciaron a Quezada en la Procuraduría de los Derechos Humanos por “incitación al odio”. El día de su inscripción, la joven de 27 años hizo referencia a las protestas de abril de 2018. Según los denunciantes, estas declaraciones “promueven actos de violencia” en el año electoral.

El “circo electoral” se encamina a la ilegitimidad

Analistas consultados por medios de comunicación nicaragüenses han asegurado que solo queda declarar como ilegítimos los resultados de noviembre próximo. En el país, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) dijo en una conferencia de prensa que no reconocerían las elecciones de 2021, por no presentarse las condiciones mínimas. Varios integrantes de esta agrupación política fueron apresados en junio por el régimen y otros tuvieron que salir del país.

La comunidad internacional apunta a realizar la misma estrategia. Por ejemplo, el Parlamento Europeo anunció en una resolución aprobada en julio que, para reconocer “las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo”.

Ninguno de estos puntos se ha cumplido, y de hecho la crisis se ha agudizado más con el giro más represivo del gobierno.

El aislamiento internacional también ya es un hecho tras la consolidación de la dictadura Ortega-Murillo. El viernes también fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos la iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER, por sus siglas en inglés), una norma que contempla la investigación de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua, y la coordinación con Canadá y la Unión Europea para decretar más sanciones al círculo del régimen sandinista. Así como la revisión formal del Ejecutivo para determinar la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA).

Expertos en derecho internacional también aseguraron a la revista Divergentes que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene todos los insumos para no reconocer los resultados del siete de noviembre, e iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla la suspensión de un Estado miembro por “alteración al orden democrático”.