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La activista Ana Quirós vivió en carne propia los efectos del discurso nacionalista del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En 2018, fue expulsada por el gobierno bajo el alegato de que realizaba acciones “contrarias a la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”. Tres años después, estos argumentos están siendo utilizados para encarcelar a precandidatos opositores, activistas, excombatiendes históricos, empresarios y periodistas, que bajo la invocación a la Ley 1055 enfrentan “investigaciones” por “delitos de traición”.

La activista feminista fue deportada a Costa Rica después de haber residido durante más de 40 años en Nicaragua, siendo directora de la organización no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS). Desde Costa Rica, analiza el panorama que vive Nicaragua, con las detenciones a 19 personas desde inicios de junio, acusadas por el Ministerio Público de realizar actos que “menoscaban la soberanía”. 

Asegura que, como activista y defensora de derechos humanos, le preocupa el uso de violencias sexuales contra presos políticos y las torturas que el régimen ha realizado en medio de las detenciones a manifestantes. 

¿Cómo valora la escalada represiva que ha ejecutado el régimen de Ortega y Murillo estas últimas semanas?

A diferencia de las detenciones de 2018 y 2019, son lo que podríamos llamar detenciones quirúrgicas, es decir, mucho más dirigidas. Buscan amedrentar a la población. En segundo lugar, es un mensaje dirigido a distintos sectores. Han tratado de golpear al sector político, a los medios de comunicación y al sector al sector empresarial. Lo que se ha salido un poco de la norma es la detención de María Fernanda Flores, esposa de un antiguo aliado de Ortega, como lo es Arnoldo Alemán. Puede ser un mensaje claro a posibles sectores del liberalismo que han tenido una actitud más crítica.

¿Estamos ante una agudización del régimen, o es más bien el seguimiento de los antiguos patrones que ya habíamos visto anteriormente?

Creo que es una agudización. Y, ¿por qué lo digo? El sector empresarial nunca había sido tocado. Por lo menos del ala del gran empresariado. Tocar banqueros era algo impensable. Luego está el congelamiento de cuentas y las citatorias a más de 30 periodistas, a directores de medios y dueños. Tampoco se había dado en el pasado. Definitivamente, además de amedrentar es decirle a la población ‘mire, a nadie le vamos a cubrir las espaldas’ y es un mensaje a su misma bases, en el sentido de que nadie está exento y de que pongan su barba en remojo porque en cualquier momento les puede tocar a ellos.

¿Cuáles son las reacciones de esta escalada represiva en Costa Rica?

Aquí la gente no logra entender, están anonadados de lo que está sucediendo. Cada día ven una nueva detención, una nueva arbitrariedad, y están sobrepasados en su comprensión, porque no se imaginan en ningún momento una actuación de este estilo. Cuando se denuncia, por ejemplo, que no les dejan pasar la comida a los presos, se quedan así como ¿qué es eso de pasarle comida a los presos? O sea, el sistema penitenciario debería velar por las necesidades de las personas que tienen presas. Las necesidades de alimentación y las necesidades de higiene y estas cosas deberían ser responsabilidad del sistema penitenciario o de la Policía en este caso. Y en tercer lugar el hecho de que las personas estén desaparecidas. Les parece insólito. Igual que cuando se les explica esto de la ampliación del período de investigación a 90 días, sencillamente no cabe en sus cabezas.

La actuación del sistema judicial sorprende muchísimo. Por otro lado, hay una preocupación porque Costa Rica tiene una crisis económica seria y saben que cuando en Nicaragua estornudan, en Costa Rica nos referíamos. Cualquier cosa que pasa en Nicaragua repercute en la situación en Costa Rica. En primer lugar por la cantidad de nicaragüenses que están aquí y porque más represión significa más gente huyendo del país. También la mayor parte del comercio de Costa Rica pasa por Nicaragua. Entonces la incertidumbre en Nicaragua repercute en el comercio de Costa Rica. Una de las reacciones que nosotros habíamos solicitado desde hace mucho tiempo era que no se enviara a la embajadora nombrada, se pospusiera la instalación de la nueva embajadora que ya había recibido la autorización del régimen. 

En el caso de las detenciones a presos políticos, se vio el uso de violencias particulares hacia las mujeres, como amenazas de violación. ¿Cómo valora usted este actuar?

Este régimen no tiene límites. Ya existen numerosas denuncias sobre la utilización de la violencia sexual y de la amenaza en contra de hombres y mujeres, como un instrumento de tortura y como un instrumento de la violencia política. Definitivamente que todos estos integrantes de la Dirección de Auxilio Judicial de la Dirección de la Policía tendrán que ser castigados seriamente para que esto nunca vuelva a suceder en Nicaragua. Porque la violación no puede ser utilizada como un instrumento por parte de las fuerzas represivas del régimen.

En las recientes detenciones se ha hecho uso de la Ley 1055, que cita algunos argumentos de carácter nacionalista y menciona la traición a la patria. A usted le expulsaron también del país bajo esa narrativa de injerencia y soberanía.

Yo creo que es una excusa para quienes todavía una posición antiimperialista y nacionalista a ultranza en un mundo globalizado, en un mundo donde la soberanía tiene otras características, principalmente de carácter económico. Es descabellado y sólo va dirigido a sus bases más conservadoras, a algunos movimientos de izquierda tradicional. Nadie en el mundo se cree el cuento de la injerencia y la traición a la patria. Ellos defienden todo lo contrario a la patria que nosotros hemos defendido. ¿De qué patria están hablando? ¿De defender a Daniel Ortega y Rosario Murillo sin ningún límite? Esa es la patria que ellos valoran. Entonces, definitivamente esta ley es descabellada, y su aplicación no tiene ni pies ni cabeza.