Noticias

Con el allanamiento a la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su detención bajo casa por cárcel en aislamiento, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue empecinado en imponer unas elecciones “sin libertades” y con mayor hostigamiento a la prensa independiente. Para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo Nunca +, “se está ampliando el alcance de las víctimas y los niveles de criminalización”. 

“Hay un propósito que tiene más alcance que una inhibición, y es silenciar las voces del periodismo independiente. Identificamos un odio irracional hacia la prensa independiente, y a la familia Chamorro”, valoró el defensor. 

Tras la cobertura periodística del allanamiento a la aspirante presidencial, la Policía Nacional agredió a los periodistas que intentaron documentar los hechos. Con actos “intimidatorios y de violencia”, los antimotines replegaron hasta una distancia de 500 a los reporteros. De esta expulsión resultaron agredidas las periodistas Michelle Polanco, de Canal 10, y Walkiria Chavarría, de Canal 14. 

Una nueva etapa de represión contra la prensa independiente

Para la periodista Abigail Hernández, integrante de la Comisión Ejecutiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), ha iniciado una nueva fase represiva contra el gremio, que desde las protestas de abril de 2018 ha sufrido graves embestidas por su labor informativa y de documentación. 

“Hay una clara intención por no solo amedrentar, sino por crear delitos que inhiban a los periodistas en Nicaragua a ejercer su trabajo”, reiteró Hernández. 

Según observatorios de libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua es uno de los países más peligrosos para ejercer dicha profesión en un contexto sin guerra declarada. El gobierno autoritario de Ortega ha encarcelado a dos periodistas desde el inicio de las manifestaciones: Miguel Mora, exdirector del 100% Noticias y Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa. En el marco de dichas protestas también fue asesinado el periodista Ángel Gahona, originario de Bluefields, quien recibió un disparo mientras cubría los disturbios en su ciudad. El crimen todavía no ha sido esclarecido por las autoridades, quienes presentaron a dos jóvenes cuya culpabilidad fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos. 

“Sentimos que los y las periodistas corremos un alto riesgo como en 2018. El periodismo independiente está jugando este año dos papeles: informar y observar el clima electoral. Por eso el régimen está cerrando los espacios electorales”, opinó Hernández. 

Fiscalía hace desfilar a periodistas por “lavado de dinero”

Las alertas de PCIN se han elevado tras el desfile de más de una veintena de comunicadores en la sede del Ministerio Público, institución que lleva el caso de Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). María Lilly Delgado, reportera freelance de Univision, es hasta el momento la única periodista que la fiscalía ha implicado como investigada en el proceso.

Esta mañana, Octavio Enríquez ha sido el último periodista citado por los fiscales. Tras salir del Ministerio, el reportero de Confidencial aseguró que “en estas horas oscuras de nuestra historia debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo”.

También han sido llamados reporteros gráficos, como Carlos Herrera, quien colabora en agencias y medios internacionales. A la lista se han anexado directores de medios, comentaristas políticos y proveedores de la FVBCh. 

“Desde el punto de vista de la integridad de periodistas es un año muy riesgoso. Estamos muy preocupados porque no descartamos pasar de las detenciones arbitrarias en carreteras a detenciones en sistemas penitenciarios que puedan montar casos a periodistas”, valoró Hernández.

Sumado a eso, también resalta las dos confiscaciones en menos de tres años que han recibido los medios de comunicación de Carlos Fernando Chamorro, cuyas salas de redacciones han sido allanadas por la Policía Nacional. Los medios Confidencial y Esta Semana, fueron despojados de sus espacios físicos, pero esto no ha impedido a sus periodistas a seguir informando. 

El primer allanamiento ocurrió entre el 14 y el 15 de diciembre de 2018, que culminó con la toma sin orden judicial de las oficinas. El segundo fue el 20 de mayo de 2021, mismo día en que el Ministerio de Gobernación señaló a Cristiana Chamorro de los delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva. El contingente de policías que llegó hasta el edificio Invercasa para vaciar las recientes oficinas de Carlos Fernando alegó que en ese espacio operaba la Fundación Violeta Barrios, que dirigía su hermana. No obstante, el periodista informó que no existe relación alguna entre ambas entidades.

Desde ese día, inició un proceso en contra de Cristiana Chamorro que, según ella, ha sido fabricado por el régimen Ortega-Murillo, debido a que no solo pretende silenciar a la prensa nacional, sino socavar su candidatura al ser una de las aspirantes más populares, según las encuestas. Insiste en que Ortega teme enfrentarse a una nueva derrota electoral, como la que encabezó su madre en 1990 cuando ganó las elecciones que terminaron con el gobierno sandinista.

Chamorro permanece en arresto domiciliario por la Policía Nacional, que el 2 de junio se tomó la vivienda de la precandidata. Al inicio del allanamiento, las autoridades cortaron el acceso a internet. También le han prohibido reunirse con otras personas, a menos que sean sus hijos o sus hermanos. Los hechos ocurrieron un día después de que la aspirante iniciara su proceso de inscripción en la Alianza Ciudadanos por la Libertad para competir en el mecanismo de selección de candidato único de dicha agrupación opositora.