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En una nueva escalada represiva, la Fiscalía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envío citatorias a periodistas independientes por el supuesto caso de lavado de dinero relacionado con Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización que el Ministerio Público señala de blanqueo. Este nuevo zarpazo a la libertad de prensa es interpretado como un nuevo intento del gobierno por silenciar a los medios de comunicación en un año en el que están programadas elecciones, mismas que hasta ahora no cuentan con garantías de transparencia y competitividad. 

çDurante la tarde de este lunes, la exdirectora del canal 100% Noticias, Verónica Chávez; el propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla; y la corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado, fueron requeridos para presentarse a las oficinas del Ministerio Público este martes, con el fin de ser entrevistados para el mismo proceso. También fueron llamados a comparecer la periodista Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, extrabajadores de la Fundación. 

El jueves 20 de mayo, el Ministerio Público señaló a Chamorro de cometer lavado de dinero a través de la Fundación Violeta, considerada como un referente que promovía la libertad de expresión en Nicaragua. Según una nota de prensa del Ministerio de Gobernación, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019”. No obstante, la aspirante presidencial ha señalado que el trasfondo de todo esto es para inhibir su candidatura y socavar el voto de los nicaragüenses en los próximos comicios electorales del 7 de noviembre. 

La oenegé que presidía Chamorro cerró operaciones a inicios del año para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, normativa aprobada por la Asamblea Nacional a finales de 2020 en un combo represivo contra activistas y opositores. La legislación criminaliza el financiamiento y las donaciones internacionales a la sociedad civil.

En esta nueva jornada represiva, Chamorro también denunció el congelamiento de sus cuentas bancarias y el levantamiento del sigilo. 

Según las encuestas, la periodista se perfila como una de las favoritas entre el electorado que aspira a votar en unas elecciones controladas en su totalidad por el régimen de Ortega. 

“El plan para silenciar a la prensa independiente”

María Lily Delgado, corresponsal de Univision en Nicaragua, aseguró a través de su cuenta de Twitter que esta nueva embestida contra el periodismo forma parte del plan “para silenciar a la prensa independiente”. “Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro”, escribió la periodista de larga trayectoria. 

Verónica Chávez, exdirectora de 100% Noticias, dijo que es un ataque más contra la prensa independiente. Chávez es esposa del precandidato presidencial, Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias, canal confiscado por el régimen de Ortega desde diciembre de 2018 debido a su transmisión ininterrumpida de las protestas de abril de 2018.

Fabio Gadea, empresario radial y propietario de La Corporación, aseguró que pese a sus problemas de salud, no sentía temor para acudir a la citatoria del martes.

Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que “cuesta creer que en un Estado democrático de derecho, la Fiscalía cite a periodistas en una causa por ‘lavado de dinero’ de un día para otro”. Por su parte, Edison Lanzas, exrelator de Libertad de Expresión para la CIDH,  dijo que pareciera que en Nicaragua “todos los periodistas independientes y las organizaciones de la sociedad civil que no se achican son involucrados en procesos penales”. 

El periodismo independiente atraviesa una nueva fase represiva ejecutada por el régimen de Ortega y Murillo que inició este jueves tras el segundo allanamiento de las oficinas de Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, quien tachó los hechos como “un asalto a la verdad”.

La Policía Nacional mantiene en las oficinas a tres policías, quienes impiden el acceso al lugar donde se había montado un estudio para grabar los segmentos transmitidos por YouTube, tras la censura televisiva impuesta en diciembre de 2018. El 15 de diciembre de ese año, el edificio donde operaba la redacción de Chamorro fue tomada por agentes especiales, para luego ser confiscadas por el régimen. Recientemente se instalaron en ellas una casa materna administrada por el Ministerio de Salud.

La embestida sucede en un año clave para Nicaragua, debido al proceso electoral en ciernes. La prensa independiente ha desplegado su cobertura electoral, y a pesar de la censura continúa informando las arbitrariedades del régimen. 

Los señalamientos de lavado de dinero son acompañados de campañas de desprestigio que intentan justificar las acusaciones contra periodistas.