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Los ataques a periodistas independientes han subido de tono durante la jornada represiva desatada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el tercer aniversario de la crisis sociopolítica. Las nueva racha de agresiones ahora incluyen golpizas, amenazas de muerte, intento de robo de celulares y “casa por cárcel”. El caso más reciente es el de la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, quien el pasado 19 de abril fue golpeada por un antimotín que intentó arrebatarle su celular.

Para Gonzalo Carrión, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, la estrategia de intimidación se extiende a periodistas porque desde las protestas de 2018 han documentado las agresiones del régimen Ortega-Murillo. “El hecho de que las fuerzas represivas estén quitando los celulares a los periodistas es algo muy simbólico porque,además de ser su herramienta de trabajo, es desde donde se documentan los asedios”, comentó Carrión.

El 19 de abril, fecha en la que se cumplen tres años de las masivas protestas que exigían la salida del gobierno, Kalua Salazar informó que una patrulla con 30 oficiales se situó frente a su casa, ubicada en Bluefields, a eso de las 4:30 de la mañana, impidiéndole que fuera a la redacción de la emisora. Cuando intentaba grabar el asedio, un antimotín agarró a la periodista por el cuello y quiso arrebatarle su teléfono.

“Yo reclamé y saqué mi celular para grabar. Cuando estoy grabando, uno de los antimotines me agarra por la espalda; me tenía agarrada por el cuello y el hombro, y quería quitarme el celular”, declaró al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

La Policía Nacional mantiene un hostigamiento constante hacia la periodista, mismo que se extiende incluso a su familia. Para Salazar, esto responde a una estrategia que tiene el fin de amedrentar a la prensa en un año donde la información independiente es fundamental para el proceso electoral de noviembre próximo.

Desde el 17 de abril, el gobierno desplegó a la Policía Nacional para impedir cualquier levantamiento cívico. El Monitoreo Azul y Blanco ha identificado 350 actos violentos entre el 15 y el 19 de dicho mes, que incluye agresiones, detenciones, amenazas contra familiares de las víctimas de la represión, prisioneros políticos excarcelados y líderes sociales.

Amenazan de muerte a periodista de Literal

El 15 de abril, policías y paramilitares agredieron al periodista Alberto Miranda Herrera, de la plataforma digital Literal, tras cubrir la protesta de un ciudadano en Managua. Cuando el reportero iba a desayunar, cerca del sector, tres civiles lo insultaron y lo amenazaron de muerte. También le pidieron el celular, y le advirtieron que si lo volvían a ver en la calle le iban a dar una golpiza.

“Vos sos de los golpistas que llega al Holiday Inn, ya te tengo anotado. ¿Tu trabajo es joder? ¿Ese es tu trabajo, crear escándalo?, relata Miranda, quien se negó a dar su teléfono.

Las violaciones a la libertad de prensa y expresión son dos de los derechos humanos más violentados por el gobierno, según Carrión. Para el abogado exiliado en Costa Rica, esto se debe a la postura crítica que ha tomado el periodismo independiente en los últimos tres años.

“A pesar de los fusiles, la población ha seguido recibiendo información. Hay un tridente en Nicaragua, que es el pueblo, las víctimas y el periodismo. Estos últimos han servido como una especie de sustento y documentación de lo que ha pasado. Por esa razón el régimen los tiene en la mira”, explica.

Estas violaciones también han sido monitoreadas por organizaciones internacionales, como Reporteros sin Fronteras, que ha ubicado a Nicaragua entre los países más violatorios a la libertad de prensa, mediante su informe anual de Calificación.

El país ha retrocedido cuatro lugares, ubicándose en el puesto 121. Nicaragua perfila en la lista de países marcados en rojo, donde el ejercicio del periodismo fluctúa entre difícil y peligroso. En la región, comparte este rango con Venezuela, Honduras, Bolivia, Guatemala, Colombia y México.