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Un grupo de trabajadores de la Alcaldía de El Rama apelaron este miércoles ante los juzgados de Bluefields para exigir un aumento en la condena de la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, acusada el 23 septiembre por el delito de calumnias y sentenciada a un pago de 120 días multas. Bajo el argumento de que “actuó con odio, con ganas de dañar a los demás y con irresponsabilidad periodística”, las demandantes sandinistas solicitaron ante la jueza Deyanira Traña el incremento de la pena a 300 días, un equivalente a 550 dólares.

“Para mí es una artimaña sucia de parte de la alcaldía del Rama y de esas señoras que se dicen llamar víctimas, porque lo primero que debieron de hacer cuando el poblador hizo la denuncia (de corrupción) es contestar a la población que tiene dudas en cuanto al manejo de los fondos públicos”, dijo la comunicadora al programa televisivo Esta Noche.

Salazar labora para La Costeñísima desde 2013. Su trabajó se ha centrado en reportajes sobre la pobreza en el Caribe Sur, la violencia contra las mujeres y las violaciones de derechos humanos que suceden en la zona. 

Periodista tacha el juicio como “político”

Las acusaciones en su contra surgieron en agosto de 2020, tras la divulgación del reporte “Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio El Rama”, donde se mencionan supuestos casos de corruptela en esa municipalidad. La información recogía una denuncia anónima sobre desfalcos de hasta cien mil córdobas. A las pocas semanas, las funcionarias Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno denunciaron a Salazar por calumnias.

Incluso, la periodista manifestó que fue coaccionada para que revelara la identidad de la fuente, a cambio de librarse del proceso judicial. De lo contrario irían “hasta las últimas consecuencias”, relató al portal LatAm Journalism Review. Medios locales denunciaron que la acusación se dio a conocer a través de medios oficialistas tres días antes de que la periodista fuera notificada.

Salazar fue declarada culpable el 23 de septiembre de 2020 por la jueza Deyanira Traña. El 29 de septiembre se dio a conocer la sentencia, la cual en un inicio fue 120 días multas, la pena mínima. Pero meses después las demandantes apelaron para que subiera a 300 días.

Al salir del Complejo Judicial, la comunicadora denunció que el fallo fue injusto, porque la radio simplemente abrió sus micrófonos para que los pobladores realizaran sus denuncias. 

“Me demandan a mí como si nosotros como La Costeñísima dijimos estas cosas, ellos afirman que nosotros lo mencionamos, pero nosotros no lo hicimos, no fuimos nosotros como La Costeñísima”, aseguró en las afueras de los juzgados.

Desde entonces, ha manifestado que detrás de esto hay un trasfondo político y que se “está enviando un mensaje que incita a criminalizar la profesión”. De hecho, las oficinas de la radio en Bluefields han sido constantemente asediadas por la Policía Nacional. Pese a eso, el medio ha informado de manera ininterrumpida. 

La emisora fue fundada en 2001 por Sergio León, quien hasta su fallecimiento en junio de 2020 fungió como director. El equipo de La Costeñísima está compuesto por un grupo de reporteros jóvenes. La mayoría de ellos han sido asediados por la policía de Bluefields debido a la cobertura que realizaron durante la pandemia. 

Periodistas independientes acusados de “injurias y calumnias”

León, fallecido por la covid-19, también fue perseguido por el gobierno de Ortega en reiteradas ocasiones. El periodista denunció la vigilancia policial y los intentos de bloqueo del sitio web. 

Un año antes de su fallecimiento, León y su familia recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes determinaron que la integridad del comunicador corría peligro por su trabajo periodístico. Al igual que Salazar, había recibido una citación judicial por delitos de injurias y calumnias. 

En los últimos meses ha existido un patrón similar hacia periodistas. Otro caso emblemático es el de David Quintana, director de Boletín Ecológico, quien también fue acusado de calumnias por un excamarógrafo de un canal propiedad de los Ortega-Murillo. Quintana fue declarado culpable y recibió la pena máxima de 300 días multas. 

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha mostrado su preocupación ante la escalada represiva del gobierno hacia el periodismo y la libertad de prensa. La censura contra los medios nicaragüenses incluye la confiscación de equipos e instalaciones, como ha ocurrido con los edificios de Confidencial y 100% Noticias, donde ahora operan centros del Ministerio de Salud (Minsa) ordenados por Ortega. 

Foto: Artículo 66