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El régimen ha iniciado febrero de manera frontal contra la libertad de expresión y prensa: La más reciente embestida la han vivido dos organizaciones de la sociedad civil y el periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico, quien este miércoles fue declarado culpable por el delito de calumnias contra un excamarógrafo del medio oficialista Canal 8. Como consecuencia, un juez le ha sentenciado a una pena máxima de 300 días multas. Para el comunicador, el mensaje es “amedrentar a la prensa independiente”.

A esto se le suma la suspensión indefinida de PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC), que en menos de 24 horas dieron a conocer su decisión en rechazo a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una de las cuatro leyes punitivas que el Parlamento aprobó en octubre con el fin de inhabilitar a periodistas, activistas, medios de comunicación y oenegés. 

“Con esto perdemos todos, pero en especial los medios de comunicación y los periodistas”, opinó Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación y excoordinador del área de derechos humanos de la FVBCH. Para Medrano, ambas acciones representan el continuo “desmantelamiento” de la libertad de expresión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su aparato legislativo y judicial.

“Para nosotros es más gratificante mantener la puerta cerrada que inscribirnos a esa ley que es un adefesio jurídico”, agregó.

Organizaciones prefieren “no someterse”

El 4 de febrero, PEN Nicaragua dijo no aceptar la imposición de inscribirse como “agentes extranjeros”, una de las obligaciones que manda la Ley cuyo reglamento impone sanciones de entre 300 dólares, por faltas leves, y 500.000 dólares, por faltas muy graves. 

“Somos nicaragüenses que sólo queremos el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua”, aseguró en una carta Gioconda Belli, poeta y directora del organismo que durante varios años ha promovido conversatorios, debates y libro-foros en el país. Fue fundado en Londres, en 1921 y aglutina a miles de escritores, periodistas y libreros alrededor del mundo.

El régimen ya ha atacado al PEN Nicaragua en 2018, cuando el Ministerio de Gobernación no extendió su certificación para continuar con sus funciones. También se les canceló su cuenta bancaria. Pese a ello, continuaron operando “a lo mínimo” entre 2019 y 2020.

Un día después, la FVBCH anunció la suspensión indefinida de sus operaciones por las mismas razones. “Se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y difusión, la democracia y el derecho”, aseguraron en un comunicado.

El cierre también conlleva el fin del Premio Pedro Joaquín Chamorro a la Excelencia Periodística, un galardón que durante 14 años premió a lo mejor del periodismo investigativo en Nicaragua. Esta organización trabajó, durante más de 20 años, temas relacionados a la libertad de prensa y el libre acceso a la información. Para medios de comunicación y universidades representaba una fuente de formación periodística. 

“El país se queda sin un espacio de educación y formación en estos temas”, opinó Medrano.

Cristiana Chamorro, fundadora y exdirectora de la fundación, dijo que el 5 de febrero fue  “un día de luto cívico” para las organizaciones de la sociedad civil que no están dispuestas a aceptar la imposición de la Ley. En diciembre, Chamorro y un grupo de ciudadanos interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicha legislación que viola al menos 17 artículos de la Carta Magna. 

Este martes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que aseguraron estar consternados por “la creciente escalada represiva del Gobierno del presidente Daniel Ortega” tras el cierre de “dos baluartes de la libertad de expresión en Nicaragua”. Asimismo, auguran que estas acciones provocarán mayor aislamiento internacional para el régimen.

“Estamos enfocados en empoderar a la sociedad civil y mejorar el respeto por los derechos humanos. Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo ahora”, finaliza.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH mostró su preocupación ante el cierre de ambas organizaciones, provocado por la Ley de Agentes Extranjeros. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, aseguró que “urge redoblar esfuerzos de la comunidad internacional para acompañar a la sociedad civil en Nicaragua”.

“Inscribirse es ir a la guillotina”

La suspensión de ambos organismos deja un sabor agridulce en los nicaragüenses. Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca  +, considera que esa es la mejor decisión antes de “someterse” a esta disposición que busca castigar a todas las organizaciones que se nutren de la cooperación internacional. 

“Todo el combo de leyes es dañino. Limita el ejercicio de ciudadanía”, aseguró. “Inscribirse como lo manda la legislación es autoinculparse”. 

Las alarmas de las organizaciones de la sociedad civil se elevaron en octubre de 2020, cuando pasaron por la Asamblea, controlada por el oficialismo, una serie de leyes ordenadas por Ortega contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. A la Ley de Agentes Extranjeros se le suma la Ley de Ciberdelitos, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y una reforma a la Constitución que aprueba la cadena perpetua por “crímenes de odio”.