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El Grupo de Propuestas para Nicaragua, conformado por un centenar de expertos en distintas ramas, presentó a inicios de enero un documento de 191 páginas donde, en consulta con varias organizaciones de la sociedad civil, exponen “una propuesta de nación” ideada para un posible Gobierno democrático. En ellas se presentan “soluciones” a distintos problemas que una nueva administración enfrentará, tras una “transición democrática”.

No obstante, el régimen no accede a las demandas de reformas electorales que garanticen una contienda justa y los comicios tampoco han sido convocados. Pese a ello, han surgido nombres de aspirantes a la presidencia que carecen de propuestas concretas de cara a un plan de gobierno para los nicaragüenses, extenuados por las violaciones a los derechos humanos, la crisis económica, el desempleo, el encarecimiento de la canasta básica y la delincuencia. 

Una parte de la oposición afirma que primero deben construir “una plataforma” para elegir a un solo candidato que enfrente al FSLN en las urnas, es decir, convocar a unas primarias dentro de los movimientos opositores. Pero por ahora no se menciona un plan de gobierno especifico, y tampoco lo hace el régimen Ortega-Murillo. 

La propuesta se divide en cuatro áreas. La primera de ellas está centrada en políticas sociales para garantizar “el bienestar de todos”. La segunda apunta hacia temas económicos y un “crecimiento sostenible”. La tercera se basa en reformas institucionales para recuperar los roles del Estado. Y, por último, se exponen “ejes transversales” relacionados al medio ambiente, la gestión de riesgo ante desastres, entre otros. 

Los expertos que fueron consultados para este documento coinciden en que es una “propuesta de esperanza de cara al futuro”. Las anotaciones expuestas en ellas tienen como destinatario a cualquier gabinete que asuma la administración del país y tenga anhelos democráticos, “independiente de ideologías, creencias religiosas y orientación sexual”.

“Se enfoca en metas ostensibles para una futura administración gubernamental de cinco años”, aseguran en el documento el Grupo de Propuestas para Nicaragua, quienes afirman no tener ninguna afiliación partidaria. La principal misión que se plantean es devolver el Estado de Derecho destruido a todos los niveles por Ortega durante sus doce años de mandato. Asimismo, exponen medidas para enfrentar la polarización, restaurar el tejido social y hacerle frente a la crisis económica.

Prioridades en políticas sociales

Este apartado se centra en la reducción de los índices de pobreza y las brechas de desigualdad y exclusión, a través de soluciones pensadas en las áreas educativas y culturales. Entre ellas, sobresale la restauración de la autonomía universitaria, prácticamente eliminada por el régimen a través de su brazo partidario dentro de los recintos estatales. Este fue uno de los puntos que más exigieron los estudiantes que se rebelaron el 19 de abril de 2018.

También proponen crear una nueva Ley de Seguridad Social a través de mesas multisectoriales con el fin de ponerle fin a la crisis financiera que arrastra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Los expertos recomiendan reorganizar el Instituto de Cultura para “que cuide los bienes culturales de la nación y garantice la libertad de espacios para la creación artística”; el desarrollo de premios e incentivos fiscales para el patrocinio de museos, exposiciones y muestras. Así como actualizar todos los libros de textos y la oferta académica para los estudiantes de primaria y secundaria. 

“Crecimiento incluyente y sostenible”

La Comisión Económica que integró esta propuesta identifica graves rezagos en el sistema productivo, la industria y la agricultura; fuentes de ingresos para el país. Según ellos, Nicaragua debe apostar “a un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible ecológicamente, basado en una gobernabilidad democrática y una ciudadanía comprometida”. 

Los incentivos fiscales y “transparentes” son otra línea de acción que contemplan. Con ello se busca “fomentar la participación del sector privado en temas económicos, sociales y ambientales del desarrollo del país” y el desarrollo de alianzas “público-privadas”. El grupo considera que esto es fundamental para el crecimiento económico. No obstante, se ha criticado el modelo de consenso que implementó Ortega con los grandes empresarios, quienes obtuvieron incidencias en los quehaceres públicos del país, integrándose en directivas de instituciones del Estado y acordando normas jurídicas con la Asamblea Nacional.

Reformar el Estado: el gran reto

El gobierno que surja tras una transición deberá lidiar con un Estado torpedeado por la administración de Ortega. Los especialistas aseveran que se debe restablecer el régimen político democrático, con balances e independencia de poderes, así como su “despartidización”. Para esto proponen elevar los niveles de transparencias en todas las instancias gubernamentales e impulsar “reformas necesarias en materia de descentralización de la administración pública”. 

Un punto destacable son los temas relacionados con la justicia y reparación a las víctimas de las protestas de abril de 2018. Un posible nuevo gobierno deberá “garantizar” una Fiscalía Especial que podrá ejercer acción penal. De igual forma, piden establecer un programa de reparación “de daños materiales y morales”, y reparaciones simbólicas, como el perdón oficial de parte del Estado. El actual régimen se niega, incluso, a acepar las muertes de los manifestantes “autoconvocados” y tacha a las protestas como una intentona de golpe de Estado.

En cuanto a los temas de libertad de expresión, recomiendan que una de las primeras acciones a ejecutar debería ser la devolución inmediata de las instalaciones, los inmuebles y el equipo técnico de los medios de comunicación 100% Noticias, y la redacción de Confidencial y Esta Semana; así como la reactivación y pleno respeto de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Con respecto a los temas de seguridad, proponen una “depuración” profunda a la Policía Nacional y a los diferentes órganos del Ministerio de Gobernación. Estas instancias han sido el principal brazo represivo del régimen desde que iniciaron las protestas de abril, que dejaron un saldo de 327 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El documento de propuestas es amplio y tiene contemplado cada palmo de la conformación del Estado. Pese a ello, sus autores aseguran que “no son exhaustivas ni pretenden ser completas”, pero sí son un punto de partida para comprender el enorme camino que deberá recorrer el país hacia una democracia post Ortega.