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Nicaragua inicia un año más con una severa crisis sociopolítica y económica a cuestas, al mismo tiempo que el estado policial y las violaciones a los derechos humanos se consolidan como política de estado del régimen Ortega-Murillo. 2021 es considerado un año clave, porque para noviembre están programadas las elecciones generales que podrían terminar o alargar más la crisis. Sin embargo, antes de esa fecha, quedan todavía muchas interrogantes que dilucidar, y el panorama no es muy alentador respecto a la posibilidad de una reforma electoral significante. 

El régimen Ortega-Murillo ha inaugurado 2021 con cuatro leyes punitivas que dejan entrever su objetivo central: aferrarse al poder y no ceder ante la demanda nacional e internacional de elecciones transparentes y auditables. 

La última ley aprobada en 2020 --luego de la de Ciberdelitos, Agentes Extranjeros y Cadena Perpetua-- anula por completo la competencia política de la oposición. Inhabilita a todo aquel que haya criticado al régimen por las violaciones a los derechos humanos y prepara el escenario para una elección con candidatos y partidos políticos comparsa. 

La denominada ley de “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” está dirigida especialmente para opositores reunidos en expresiones como la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica y la Coalición Nacional Opositora que han demandado sanciones internacionales contra el régimen. 

Con este nuevo andamiaje jurídico que legaliza la represión de facto cometida por el régimen desde 2018, los chances para la oposición son más complicados. Sobre todo porque no hay visos de que haya una reforma electoral creíble en los meses previos a la elección, y segundo porque el régimen ha dejado entrever una reforma cosmética, con cambios nimios que dejen intactos los vicios de fondo. 

El  asesor económico presidencial, Bayardo Arce, anunció en diciembre reformas electorales para mayo de 2021, al mismo tiempo que defendió la inhabilitación de opositores por ley. Esa ha sido, hasta ahora, una de las señales más claras del régimen respecto a la reforma electoral. 

Arce también hizo otro anuncio que permite ver la estrategia del régimen: la reconquista de un empresariado agobiado por la crisis económica y la reforma fiscal. El asesor presidencial dijo que están abiertos a discutir la reforma tributaria. El punto es qué pedirá a cambio el gobierno al gran capital si cede con el tema fiscal. Si Ortega vuelve a pedirle a los empresarios complicidad para callar sobre temas electorales y restitución de las libertades públicas, o prestarse a una simulación de comicios a través de algún partido político, estarían pactando sobre la sangre de más de 325 asesinados en 2018. 

En esa misma línea, la oposición no ha logrado la unidad. Uno de los mayores cismas lo causó la Alianza Cívica al retirarse de la Coalición Nacional Opositora bajo una serie de argumentos rocambolescos. Los integrantes de la Sociedad Civil se separaron de la Alianza Cívica tras mostrar su reticencia a la decisión tomada por el sector empresarial y estudiantil de esta agrupación, cuya credibilidad ha caído en picada. 

Aunque ahora el tiempo apremia de cara a noviembre, los opositores continúan en ese bucle de la discordia, y no logran consolidar un solo fuerte contra el régimen. Vale mencionar que los esfuerzos de unidad de los opositores han sido torpedeados directamente por el régimen. La policía mantiene bajo casa por cárcel a algunos líderes, lo que ha impedido la organización territorial. Pese a esa represión dirigida, en los territorios hay miles de personas sorteando a los policías para asistir a reuniones de organización política y territorial, porque hay un sentimiento genuino de la población de salir pronto de la dictadura a través de elecciones libres. 

Si los opositores superan obstáculos, una unidad consolidada permitiría, con el apoyo de la comunidad internacional, tener más herramientas de peso para obligar al régimen a acometer una reforma electoral creíble. Eso pasa por conseguir la liberación total de los presos políticos, la derogación de las leyes punitivas, el cese de las violaciones a los derechos humanos y el estado policial. Pero el gobierno solo sube más y más la parada de negociación y, en contraste, la oposición se desgasta en su laberinto. De ellos también es la responsabilidad de que Nicaragua pueda seguir adelante. 

El país avanza con la crisis sociopolítica a cuestas, pero también carga el incremento de la inseguridad ciudadana, los elevados precios de la canasta básica y la electricidad, combinada con una latente crisis sanitarias provocada por el Coronavirus. Por ahora, lo seguro es que 2021 depara más represión para los ciudadanos que demanden la restitución de la democracia.