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En los últimos meses, particularmente a partir de agosto, la Coalición Nacional y las alianzas que están en construcción entre los diferentes grupos que integran al movimiento cívico, han comenzado a atravesar tiempos turbulentos que amenazan su composición, retrasan los esfuerzos de unidad y han abierto un intenso debate público sobre la unidad y la salida electoral como la mejor forma de resolución de la crisis sociopolítica que afecta al país desde el 2018. Mientras tanto, el gobierno de los Ortega-Murillo ha emprendido una nueva fase de represión que incluye ataques a líderes opositores y la aprobación de tres leyes violatorias a los derechos humanos de los nicaragüenses.