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El parlamento dominado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este martes la ley “especial de Ciberdelitos”, misma que establece penas de entre uno y diez años de cárcel al criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación independientes. Aunque esta ley se enfila contra los periodistas bajo el alegato que producen “noticias falsas”, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la catalogó como “la liquidación total de lo que queda de la libertad de expresión” en el país. 

“Aunque son los periodistas la población en más riesgo con esta ley, lo que pretenden con esta ley de Ciberdelitos es silenciar a toda la gente que se exprese. No solo es tratar de callar a periodistas, plataformas e internet sino que es un bozal para la ciudadanía. Siento que es la agresión más grande contra la libertad de expresión vista en los últimos años”, dijo Núñez. 

La ley fue aprobada con 70 votos y entrará en vigencia 60 días después que sea publicada en el diario oficial La Gaceta. En sus artículos más polémicos, la normativa establece que será el gobierno quien se arrogue la decisión de calificar qué es una “noticia falsa”. 

“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”, dice el artículo de forma muy ambigua. Es un lenguaje idéntico al que usa la pareja presidencial Ortega-Murillo para descalificar la labor de periodistas y voces críticas a su régimen. 

“La discrecionalidad es la norma general de este gobierno. Se arrogan la potestad de legislar, interpretar y aplicar una ley. Es el control absoluto de no solo las instituciones del Estado, sino de sus funciones”, criticó Núñez.

Solicitar información a proveedores

Esta ley forma parte del tridente normativo impulsado por el régimen Ortega-Murillo para acallar toda voz crítica en Nicaragua. Se suma a la ya aprobada ley de “Agentes Extranjeros” que criminaliza la financiación o donaciones internacionales, y la ley de “cadena perpetua” contra opositores que también está en la tubería legislativa.

Según la ley aprobada este martes, la de Ciberdelitos tiene el objetivo de “prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes”.

El artículo 39 de la ley de Ciberdelitos mandata en su numeral 11 que un juez orteguista podrá obligar a los proveedores de servicios de internet “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real, a través de la aplicación de medidas tecnológicas”. Este control de la información también se hace invocando la ley 735 sobre crimen organizado. 

“Esta ley establece prácticamente estructuras y mecanismos de espionaje”, insistió la presidenta del Cenidh.

¿Cuál es la capacidad real de espionaje del gobierno?

Desde el punto de vista técnico, el régimen podría tener nula o poca capacidad para controlar el espectro digital. La cantidad de información que se genera de las redes sociales y los sitios web es tanta que el Gobierno necesita una inversión millonaria, tecnológica y humana para poder ejecutar controles similares a China o Rusia, según el periodista Néstor Arce, fundador del medio Divergentes y especialista en medios digitales.   

“Sí podría ordenar a las proveedoras de servicio de internet la restricción de acceso a sitios web y redes sociales, colocando en una lista negra las URLs.
En todo caso, el régimen seguirá realizando su control y monitoreo a pequeña escala como lo ha hecho, y aumentado, desde 2018 a través de sus estructuras territoriales y vecinales, de forma muy análoga”, explicó Arce.

Sin embargo, remarcó Arce, la amplitud de la ley les otorga la disposición de intervenir y solicitar información a las personas naturales y jurídicas, y estas tendrán que entregar sus dispositivos informáticos y acceso a las cuentas que el régimen considera bajo investigación.
 
“Además, la ley busca detener la filtración de información desde las dependencias públicas que ayudan a periodistas a realizar investigaciones que evidencian el mal manejo y corrupción de las oficinas del Estado. Así mismo, definir ellos mismos qué es ‘noticia falsa’ y castigar a quienes ellos consideren estén incurriendo en ello”, dijo Arce. “No es solo una amenaza a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión de cada ciudadano nicaragüense que publique a través de sus propios medios digitales, sean redes sociales, blogs o mensajería”, agregó el director de Divergentes.