Noticias

Violeta Granera, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), reacciona a la dupla de leyes enviadas por el régimen a la Asamblea Nacional, por medio de las cuales amenazan a opositores con cadena perpetua y criminalizarlos como “agentes extranjeros”. “Buscan legalizar un andamiaje legal que sirva para justificar medidas inhibitorias y de represión”, advierte.

Por CINCO

El régimen Ortega-Murillo sumó este martes a la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo un segundo anteproyecto de ley que pretende criminalizar como “agentes extranjeros” a la oposición, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general que reciban financiamiento o donaciones externas, bajo el pretexto de que atentan contra “la seguridad del Estado”.

Esta normativa hace dupla con el otro anteproyecto legislativo enviado con carácter de urgencia por Daniel Ortega a mediados de septiembre, en el que amenaza con cadena perpetua a los opositores que “comentan crímenes de odio”. Ambas leyes tienen amplios márgenes de discrecionalidad, en especial la propuesta llamada “Regulación de Agentes Extranjeros”, ya que otorga al Ministerio de Gobernación discrecionalidad absoluta para catalogar a cualquiera como tal.
Según la justificación del Ejecutivo Sandinista, dicho proyecto de ley tiene como fin prevenir “delitos contra la seguridad del Estado” de parte de “todo agente extranjero, sea organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agencias internacionales e intervenga en cuestiones o política interna”.

“Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, reza explícitamente el artículo 12 de la iniciativa orteguista.
Ante esta dupla de leyes que se ciernen sobre la oposición, la sociedad civil y la ciudadanía en general, la integrante del consejo político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, reacciona con beligerancia al advertir del peligro de estas disposiciones ante la “lucha” de conseguir una transición democrática.

¿Qué opinas sobre estos dos proyectos de ley enviados por el régimen Ortega-Murillo a la Asamblea Nacional, el primero que amenaza con cadena perpetua, y el segundo con criminalizar a ciudadanos y opositores como “agentes extranjeros”?

Estas movidas de aprobar leyes nuevas tienen toda la intencionalidad de ir cercando a la oposición democrática de Nicaragua. La ley de cadena perpetua la vi bastante cínica y absurda, porque de todas maneras el gobierno ya ha recetado a presos políticos penas mayores de 30 años de lo que establece la Constitución Política, como sucedió con el líder campesino Medardo Mairena, a quien le dieron 210 años… pero esta última propuesta de ‘agentes extranjeros’ es sumamente peligrosa, porque les da (al gobierno) un instrumento pseudo legal para bloquear cualquier apoyo del exterior al proceso de democratización interna. Claramente esa es la intención.

Pero es grave más porque deja el tema bastante abierto, porque como ‘agente extranjero’ pueden entrar sacerdotes, instituciones de la iglesia, organizaciones sin fines de lucro, periodistas… cualquiera de nosotros, porque no delimita el sujeto de esa ley.
Como todo en Nicaragua, todo puede ser aplicado de manera arbitraria. Si bien es cierto que Ortega no ha necesitado de leyes, porque las ha violentado todas, el tema de fondo es que pretende ampararse en una legalidad inexistente para engañar a la comunidad internacional. Pero sobre todo quiere amedrentar a la oposición nicaragüense. Ambas leyes son graves desde una perspectiva que estamos a las puertas de abrir la posibilidad de una transición hacia la democracia de manera pacífica. Atentan contra la transición democrática.

Esta ley de ‘agente extranjero’ propone que cualquiera que reciba fondos externos no podrá participar como candidato a un cargo de elección popular o a un cargo público. A las puertas de un año preelectoral, aunque no hayan condiciones aún dadas, ¿cuál será el cálculo en esta disposición?

Quieren inhibir. Totalmente. Ellos (gobierno) andan buscando un andamiaje legal, aunque no lo que necesiten para la represión, que sirva para justificar medidas inhibitorias y de represión. Sobre todo de amedrentamiento. Esto es contrario a la lucha que estamos dando para que haya elecciones libres, transparentes y competitivas.

O sea, que a la hora de reclamar un clima habilitante para elecciones, de liberación de presos y presas políticas, la restitución de todos los derechos constitucionales y el retorno del exilio, ahora le vamos a tener que añadir una derogación de estas absurdas leyes. A la hora de la discusión pública y más amplias de esas condiciones para poder ir a elecciones, estas leyes serán un tema central si las aprueban.