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La curva de contagios sigue su ascenso

De acuerdo con los registros del Observatorio Ciudadano, para finales de junio la cantidad de casos acumulados en Nicaragua ascendía a unos 7,400 contagios y cerca de 2 mil fallecimientos; mientras que el Ministerio de Salud reportaba un acumulado de 2,519 casos y 83 muertes para ese mismo período. En los registros de una y otra entidad se pueden identificar dos cosas: a) ambos muestran la forma acelerada y exponencial en que ha crecido el contagio en las últimas semanas, aun cuando los registros del Ministerio de Salud están por debajo de los del Observatorio y tratan de mostrar un crecimiento escalonado, y b) hay una enorme brecha entre los dos registros, de tal manera que queda en evidencia la intención de ocultamiento del gobierno respecto a la realidad de la pandemia en Nicaragua.

Las estimaciones de varios especialistas y prestigiosas instituciones que dan seguimiento al comportamiento de la pandemia en el país coinciden en señalar que la curva apenas va remontando y que no ha llegado a su pico más alto; algunas de las proyecciones, sin pretender ser alarmistas, calculan que el pico del contagio se puede extender más allá de lo inicialmente previsto considerando que el gobierno reiteradamente se niega a adoptar una política sanitaria de prevención y control.

Por el contrario, insiste en mantener su política de negación de la emergencia, controlando la información, de manera que hace varias semanas no actualiza sus reportes epidemiológicos. Pero además, ha optado por atacar y tomar represalias contra los médicos que se atreven a alertar a la población sobre la situación o que reclaman se les entreguen los recursos necesarios para atender a las personas enfermas en los centros hospitalarios. Parte de las represalias han consistido en despidos masivos, incluso de especialistas únicos y reconocidos en su campo, así como el despido o la amenaza a médicos y trabajadores de la salud que entregan equipos de protección a sus colegas obtenidos a través de donaciones y la solidaridad ciudadana en vista que el gobierno no se los provee.

El sistema de salud ya se encuentra colapsado por la cantidad de enfermos y fallecimientos diarios; de manera que para evitar episodios de protesta tanto de los familiares de enfermos o del personal de salud, los Ortega-Murillo han dispuesto grupos de policías y paramilitares en los centros hospitalarios. También han orientado enviar a los familiares de los enfermos a sus casas para esperar noticias de su evolución a través de llamadas telefónicas, impidiendo que permanezcan en las afueras de los centros sanitarios.

El escenario de crisis sanitaria y económica que se ha configurado en el país afectando a los sectores más vulnerables de población e incluso a sus propios seguidores, están haciendo una fuerte presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de manera que ya reconocen la existencia del coronavirus, pero no la dimensión de sus efectos en Nicaragua. De manera que en las últimas semanas han autorizado algunas medidas parciales que tienen efectos superficiales sobre la situación, como la disposición del Ministerio de Educación de ofrecer clases por la televisión. Ortega y Murillo se mantienen a buen resguardo, de manera que no realizan comparecencias públicas ni siquiera virtuales, y decidieron suspender la tradicional conmemoración de El Repliegue a Masaya, sustituyéndola con una actividad virtual que contó con poca participación aún entre sus seguidores.

Pero mientras ellos se protegen, insisten en organizar y promover actividades con aglomeraciones de personas en diferentes lugares del país; además, han impedido y puesto trabas para que varios grupos de nicaragüenses puedan regresar desde distintos países como Panamá, El Salvador y un grupo de trabajadores de un crucero que se encuentra en alta mar. En el caso de los nicaragüenses que viajaban desde Panamá, un primer grupo de ellos llegó hasta la frontera sur en Peñas Blancas y fueron impedidos de entrar cuando el gobierno mandó a colocar tres cordones de agentes de migración, policía y del ejército. Además de estas acciones, los Ortega-Murillo han intentado frenar las iniciativas ciudadanas de protección, prevención y solidaridad deteniendo a personas que reparten paquetes de alimentos o kits higiénicos a la población.

La constitución de la Coalición Nacional

En medio de la emergencia por el coronavirus, el proceso político mostró un avance importante con la constitución formal de la Coalición Nacional el pasado 25 de junio cuando sus integrantes firmaron el documento de estatutos. Sin embargo, esa constitución se produjo en medio de tensiones y conflictos entre sus integrantes; el impase se solventó temporalmente antes de la firma, pero las tensiones se mantienen y requieren de un esfuerzo significativo por parte de las organizaciones y partidos que la integran para construir consensos duraderos.

No es la primera vez que se presentan tensiones alrededor de la conformación de la Coalición Nacional. A inicios del año y previo a la firma del documento de intenciones el 25 de febrero, el Movimiento Campesino planteó públicamente sus inconformidades y decidió retirarse de la Alianza Cívica para ocupar un asiento propio en la Coalición. Las organizaciones juveniles que también forma parte de esa plataforma ciudadana hicieron un planteamiento similar, solicitando un espacio propio en la Coalición, pero ante la respuesta retardada, decidieron retirarla. Otras tensiones se han presentado en distintos momentos por la participación de los partidos políticos en la Coalición o sus posicionamientos respecto a diferentes aspectos internos y más recientemente, la crisis interna que tiene el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) así como la incorporación de nuevos integrantes al Partido de Restauración Democrática (PRD). Las tensiones no se han resuelto y expresan dos conflictos de fondo: la compleja construcción de consensos entre actores con perspectivas e intereses diferentes e incluso antagónicas, y la disputa entre las formas tradicionales y las emergentes de hacer política.

La opinión pública, especialmente la que se expresa a través de las redes sociales, ha criticado duramente a la Coalición y las posiciones de sus diferentes integrantes, mientras demanda con mucha fuerza que el proceso de unidad de los actores democráticos se concrete como una alternativa política de confianza para la población.

Además de los retos que tienen las organizaciones integrantes de la Coalición para resolver esas tensiones, también están los que plantean las acciones del gobierno Ortega que buscan dividirla y hacerla fracasar, especialmente en la medida que le tiempo va avanzando hacia el calendario político electoral del 2021. Para Ortega, la conformación de la Coalición es una mala noticia tanto a lo interno como de cara a la comunidad internacional. A lo interno, porque a pesar de sus intentos, no ha logrado dividir los esfuerzos; porque inevitablemente, la Coalición se convierte en una expresión de consenso de una buena parte de los actores que conforman el movimiento cívico y responde a uno de los mandatos ciudadanos más claros de los últimos dos años; y porque golpea fuertemente a sus propias bases de apoyo, ya diezmadas por la crisis de arrastre y el efecto de la pandemia.

En el exterior, la conformación de la Coalición da más fuerza a los planteamientos de la comunidad internacional en torno a la salida pacífica y democrática de la crisis por la vía electoral. De hecho, en la misma semana en que se efectuó la firma de los estatutos de la Coalición, se realizó también una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta acción se suma a otras medidas de presión de la comunidad internacional como las sanciones impuestas por Gran Bretaña y Suiza a los funcionarios del gobierno Ortega sancionados previamente por la Unión Europea. Este mismo mes, diferentes funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han realizado declaraciones con relación a la situación de Nicaragua, la reiteración de una salida pacífica electoral a la crisis con condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto y la actualización del informe sobre la situación de derechos humanos por parte de la Comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Uno de los retos más grandes es la forma en que la Coalición va a responder a las expectativas y demandas que tiene toda la sociedad nicaragüense, dentro y fuera del país, respecto a la salida de la crisis, la apertura de un proceso de transición y el restablecimiento de la democracia. Un grupo de presión importante se ha creado alrededor de otros actores que no ven a la Coalición ni a las elecciones como una alternativa de salida a la crisis del país, como es el caso del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y grupos de nicaragüenses en el exterior que proponen la conformación de una junta de gobierno para la transición en vez de la salida electoral. Por otro lado, según los resultados de los sondeos de opinión más recientes, el gobierno enfrenta una fuerte crisis de legitimidad entre la ciudadanía, con el índice de apoyo más bajo de los últimos años; mientras que la confianza ciudadana en las principales plataformas cívicas, la ACJD y UNAB, así como los partidos políticos también es baja. El porcentaje más alto está representado por los ciudadanos que no se identifican con ningún partido u organización del movimiento cívico.

De manera que entre las tareas más urgentes e importantes están, entre otras: ampliar la Coalición con la incorporación de otros actores y organizaciones del movimiento cívico; conformar estructuras organizativas a nivel territorial y fortalecer los canales de comunicación con distintos actores sociales; además, trabajar en una propuesta política programática para la transición capaz de responder a esas expectativas y demandas ciudadanas, y que a la vez, tenga capacidad de aglutinar a su alrededor la intención de voto de estos sectores indecisos una vez hayan condiciones para la realización de un proceso electoral transparente.

Un nuevo escenario a la vista

Con todos estos acontecimientos, los efectos de las crisis sobrepuestas se comienzan a hacer sentir entre la población, pero también para el gobierno Ortega-Murillo. Entre la población, los efectos más graves son los sanitarios y humanos por la cantidad de contagios y fallecimientos que se están produciendo. Ante el colapso del sistema de salud y la desconfianza de la gente, ésta ha optado por automedicarse y en caso de contagio comprobado, prefieren quedarse en sus casas intentando sobrevivir a la pandemia. En el caso de la automedicación, los médicos han recomendado evitar este tipo de prácticas porque ponen en riesgo a las personas. Esta tendencia parece que se mantendrá al menos en las próximas semanas considerando que el gobierno no ha procurado mejorar las condiciones y recursos del sistema de salud aun cuando adquirió varias decenas de ventiladores nuevos. Además, porque se niega a hacer pruebas masivas de contagio y adoptar otras medidas de prevención entre la población.

Otros efectos críticos que ya resiente la población son los económicos y sociales, pues miles de nicaragüenses que tenían empleos los han perdido en las últimas semanas, mientras que las pequeña y mediana producción languidece gravemente a causa de la disminución del consumo, así como la disminución de la demanda en servicios y comercios. Considerando que la mayoría de la población en Nicaragua subsiste de empleos informales, esto ha significado un duro golpe para los ingresos familiares, y si a eso se suma la disminución de las remesas, es claro que miles de familias ya están comenzando a experimentar hambre y otras necesidades. Un efecto no deseado que ya se está experimentando es el incremento de la delincuencia y criminalidad. Este fenómeno está influido doblemente por la crisis política que arrastra el país desde el 2018 y la pandemia; de manera que en la medida que se agraven ambas, también es previsible que el país experimente un deterioro en las condiciones de seguridad, que de por sí ya son precarias.

Durante las últimas dos semanas, el gobierno de los Ortega-Murillo ha tomado una serie de medidas principalmente económicas que parecieran un ablandamiento de su política de negación de la pandemia, tal es el caso de la aprobación de una normativa temporal para suavizar las condiciones de los créditos a los deudores de los bancos y la disminución del 3 % a la tarifa de energía eléctrica. Sin embargo, estas medidas tardías son, además, incompletas porque en realidad no benefician a la población más vulnerable ni contribuyen en nada a paliar los graves efectos de las crisis sobrepuestas sobre la situación económica en general. El gobierno no ha logrado acceso a los fondos que los organismos financieros internacionales han dispuestos para atender la emergencia, de manera que la ya grave situación económica de la población tiende a empeorar en los próximos meses.

Por otro lado, las últimas encuestas revelan una opinión desfavorable general de la población respecto a Ortega y su gobierno, mientras que la erosión de sus bases de apoyo es evidente por la gran cantidad de enfermos contagiados por el Covid-19 y por el temor que se ha extendido entre los empleados públicos y los simpatizantes menos fidelizados. Mientras que la conformación de la Coalición ha sido un gran paso y abre una ventana importante de oportunidades a pesar de las tensiones que existen entre sus integrantes. En el plano político entonces, el escenario en curso es uno que coloca en una posición más precaria el gobierno de los Ortega-Murillo, con la posibilidad de que se incrementen las presiones de parte de la comunidad internacional, dándole más fuerza a la vía electoral como la salida política más viable para la crisis.

La demanda y los retos más importantes de este escenario están planteados para los actores de la Coalición por varias razones, entre ellas: porque las encuestas de opinión dejaron en claro que todavía deben ganarse la confianza tanto de los nicaragüenses que están dentro como de los que están fuera del país; tienen la responsabilidad de formular una propuesta programática de futuro que responda a la agenda surgida en abril de 2018 y a los problemas estructurales del país; también tienen la responsabilidad de marcar una ruta política creíble y transparente en relación a las próximas elecciones del 2021 de tal manera que pueda captar el respaldo de los ciudadanos. De lo contrario, el escenario que podría instalarse es uno similar al de Guatemala, en el cual surja una candidatura de actores no tradicionales, basada más en el marketing político y no en una propuesta programática sólida. El futuro está en juego y los actores tradicionales de la política deben comprender que no pueden posponerlo, mucho menos mediatizarlo. Nicaragua está en el centro de un huracán de cambios.