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Dos años atrás, en 2018, inició una de las contiendas políticas más importantes de Nicaragua en las últimas décadas: la insurrección de abril. Ese mes, cientos de miles de ciudadanos se volcaron a las calles exigiendo un cambio de gobierno, pero más que eso, un cambio en la política y sus liderazgos. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió a la avalancha política con una espiral de represión nunca vista en el país. La violencia estatal se ha prolongado en el tiempo, mientras las acciones de resistencia ciudadana no han cesado y el régimen se encuentra cada vez más débil.

La crisis, además de política, es también humanitaria por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno, y económica por sus efectos. El gobierno de los Ortega-Murillo ha cerrado la posibilidad de una salida negociada y democrática a la crisis, se ha aislado de la comunidad internacional e insiste con mantener un estado de excepción de facto sobre el país. A esa crisis se ha superpuesto otra, igual o más compleja: la pandemia global del COVID-19 o Coronavirus y las graves consecuencias que tendrá en el país por la actitud premeditadamente negligente del gobierno Ortega-Murillo. En esas condiciones, Nicaragua se apresta a conmemorar el segundo aniversario de una fecha que ha quedado marcada en la historia por su significado y profundidad.