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A partir del anuncio se han generado diversas opiniones sobre el futuro de las negociaciones para alcanzar una salida pacífica a la grave crisis que vive el país, la mayoría de ellas se inclinan por la idea que las negociaciones ya murieron, pero ¿en verdad están muertas las negociaciones?, ¿qué pasará con los acuerdos firmados?, ¿qué pasará con la crisis y su solución?, ¿cuáles son los nuevos escenarios que se dibujan?, y ¿cuál es el nuevo papel de la Alianza, de los garantes y del propio movimiento social? 

Un modelo de negociaciones excluyentes

Uno de los estigmas que siempre flotó encima de las negociaciones para solucionar la crisis iniciada en abril de 2018, fue que éstas no repitieran el modelo de las negociaciones precedentes caracterizado por ser excluyentes, cerradas y cupulares. Ese modelo se comenzó a construir en Nicaragua bien temprano, a partir de 1990, y se mantuvo hasta el 2007 cuando Daniel Ortega llegó nuevamente a la presidencia. 

El modelo comenzó a construirse desde las negociaciones realizadas para el traspaso de gobierno y tuvo como evidencia el Protocolo de Transición; más adelante, se realizaron diversas negociaciones cerradas entre cúpulas políticas y económicas que tuvieron influencia directa en las decisiones más importantes del país, tal es el caso de las negociaciones para aplicar los paquetes de reforma económica y ajuste estructural durante los primeros años de la década de los 90, la privatización de una serie de servicios públicos y el acomodo de las cuotas de poder entre los distintos grupos que pretendían liderar la transición. 

El Pacto Alemán-Ortega es el epítome de ese modelo y significó el desplazamiento de otras fuerzas negociadoras para dar paso a dos grandes fuerzas políticas, pero sobre todo, los dos grandes caudillos. Tal como se recordará, a partir de ese pacto se aceleró el proceso de cooptación y repartición de los poderes estatales que terminó rompiendo el necesario balance que debía existir entre ellos. Este tipo de negociaciones fue utilizado una y otra vez por Daniel Ortega y el FSLN porque le resultaba útil para sus propósitos. Le permitía mantener su protagonismo político y cuotas de poder importantes para decidir sobre temas que eran de su interés, de tal manera que tanto Ortega como el FSLN no dudaron en alimentar este tipo de prácticas a lo largo del tiempo. 

El modelo cambió significativamente en 2007 con la llegada de Ortega a la presidencia y el establecimiento de las nuevas alianzas que estableció con el gran capital y el ejército, y que se convirtieron en el pilar de los dos procesos más importantes para apuntalar al grupo Ortega-Murillo: la acumulación y concentración de capital, y la acumulación y concentración de la fuerza. Las demás fuerzas políticas quedaron desplazadas y relegadas en tanto ya no eran útiles en ese nuevo esquema. Los partidos políticos incómodos fueron proscritos o bien, cooptados para jugar el papel de partidos “zancudos”. Ese nuevo esquema funcionó durante 10 años hasta que la insurrección de abril lo echó al traste y obligó a Ortega a desempacar nuevamente la negociación y el diálogo como estratagemas para conseguir sus propósitos. 

Dos rondas de una negociación compleja

Al darse cuenta de que no podía sofocar la insurrección de abril con la represión de años anteriores, Ortega decidió convocar a un diálogo nacional y para ello le pidió a la Conferencia Episcopal de la iglesia católica en Nicaragua que sirviera de mediadora y testigo. Con ello contaba que podría controlar a algunos actores clave: que restablecería su alianza con los empresarios, que la iglesia católica se plegaría a su “buena voluntad” y que lograría aplacar las acciones ciudadanas. Sin embargo, todas esas variables estaban en su contra. 

La Conferencia Episcopal aceptó ser mediadora y testigo del diálogo, pero pidió hacerse cargo de la metodología, la cual incluía la selección de las personas que representarían a los distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Luego de algunos ajustes y tensiones iniciales, los participantes quedaron seleccionados y la metodología preparada para una primera y memorable sesión efectuada el 16 de mayo de 2018. En ella, Ortega escuchó de un grupo de jóvenes y de otros líderes sociales los reclamos y protestas más firmes y directos de toda su vida.

Esa histórica sesión marcó la pauta de las sesiones posteriores, de tal manera que pocos días después de iniciado, Ortega se dio cuenta que su cálculo político inicial había fallado, no logró instrumentalizar a la Conferencia Episcopal, los empresarios no regresaron fácilmente a su redil y las protestas cívicas lejos de disminuir, se volvieron multitudinarias y se extendieron a todo el país. Además, la contienda política alcanzó el más alto nivel cuando todos los participantes en el diálogo, incluida la Conferencia Episcopal, coincidieron en una agenda que tiene tres puntos cruciales: justicia, democracia y derechos ciudadanos. Cuando el avance de la agenda de negociaciones llegó al punto de las reformas electorales y el adelanto de las elecciones como alternativa para la solución pacífica de la crisis, Ortega decidió asfixiar el diálogo y elevar el nivel de la represión realizando las operaciones limpieza, asesinando más ciudadanos, encarcelando líderes y obligando a miles al exilio. La razón es que esos temas en efecto constituyen la llave maestra para su salida de la presidencia y la solución de la crisis. 

Elevar los niveles de represión y estancar el diálogo significó para el gobierno abrir un nuevo frente con la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos que le impuso sanciones individuales a una lista de varios funcionarios del gobierno incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. La combinación del efecto de las sanciones y la activa resistencia cívica dentro y fuera del país obligaron a Ortega a abrir una nueva ronda de negociaciones, pero esta vez forzó un nuevo formato en el que se limitaba el número de negociadores a 6 de cada lado y se nombraron dos testigos: el Nuncio Apostólico, Waldemar Sommertag, en representación del Vaticano y el señor Luis Angel Rosadilla, en representación de la Secretaría General de la OEA. 

La nueva ronda de negociaciones inició el 27 de febrero de 2019 pero Ortega truncó de nuevo los avances. Sus enviados firmaron una serie de acuerdos, el más importante de ellos denominado “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanos”, el 29 de marzo. Este acuerdo comprometió seriamente a Ortega frente a la comunidad internacional y a la misma sociedad nicaragüense. En ese contexto, se produjo la excarcelación de una mayoría de prisioneros políticos a partir de acciones unilaterales del gobierno que no respetaron el protocolo acordado con la Alianza; eso tuvo como consecuencia la revitalización del movimiento y las acciones de resistencia agregando más presión sobre la negociación. En ese nuevo escenario, Ortega decidió cerrar nuevamente la negociación con una larga lista de acuerdos incumplidos y actuando de manera unilateral en relación a varios aspectos críticos de la agenda. Su objetivo, igual que en la ronda anterior, fue evitar abordar los temas referidos al adelanto de las elecciones y las reformas electorales. De allí en adelante Ortega está empeñado en construir un escenario que le resulte favorable tanto en el plano económico como político. 

El mejor escenario de Ortega

El mejor de los escenarios para Ortega no es necesariamente uno donde su permanencia en la presidencia se prolongue en el tiempo; sino aquel donde pueda proteger de manera eficiente a su grupo de poder económico, patrimonio incluido. Permanecer en la presidencia y utilizar los recursos estatales es un medio para conseguir ese objetivo. Pero en este momento, cuando se le hace difícil recomponer sus alianzas estratégicas, especialmente la que había construido con el gran capital, y sin respaldo social, el mejor escenario de Ortega incluye: construir en el imaginario social y político un nuevo interlocutor, o interlocutores, legitimados incluso por la comunidad internacional para desplazar y desconocer definitivamente a la Alianza Cívica. Esta posibilidad podría incluir una fórmula que integre líderes del movimiento cívico cooptados y partidos zancudos. Esto le permitiría volver a su vieja práctica de negociaciones excluyentes, privadas y cosméticas que, en su lógica, servirían para recomponer su imagen ante la comunidad internacional. 

El segundo elemento de ese escenario consiste en contener la movilización y protesta social con altos niveles de represión, simulando normalidad. Para esto ha adoptado diferentes medidas a fin de atemorizar a la gente, entre ellas: los desproporcionados despliegues policiales en los principales centros urbanos; el asedio, la intimidación, los secuestros y las amenazas especialmente dirigidos contra prisioneros políticos ex carcelados, líderes sociales y defensores de derechos humanos; y la actuación de los grupos paramilitares, principalmente en las zonas rurales, con un acelerado incremento de los asesinatos. 

Esos “arreglos” internos son necesarios como condiciones previas a unas eventuales elecciones que, por supuesto, tendría que estar bajo su control. En ese sentido, si logra cambiar a los interlocutores y doblegar las acciones de protesta cívica, puede enfocarse en una reforma electoral maquillada, hecha a la medida, a fin de abrir un proceso electoral que le permita su continuidad ahora legitimado y reconocido por los partidos zancudos. Sin embargo, para eso le resulta indispensable abrir un espacio de credibilidad y reconocimiento con la comunidad internacional, así como frenar las sanciones, especialmente las provenientes de Estados Unidos pues afectan directamente el capital del grupo Ortega-Murillo. 

Otro aspecto crítico del escenario que necesita tornar a su favor es la crisis económica y su impacto, especialmente entre los pocos seguidores que todavía le quedan, por eso se ha dado a la tarea de buscar nuevos “nuevos amigos” con dinero suficiente, pocos escrúpulos y menos credibilidad para que le faciliten los fondos que necesita para sobrevivir a la tormenta económica que está atravesando el país. Pero esta solución es una espada de doble filo. Por un lado, puede proveerle a Ortega de los fondos que necesita con urgencia para remontar la ola en mejores condiciones; por otro, lo compromete seriamente frente a la comunidad internacional y especialmente, frente a Estados Unidos, por sus acercamientos a países y aliados muy mal vistos como sucede en el caso de Irán. Adicionalmente, esas alianzas le proveerán fondos en el corto plazo, pero no servirán para resolver la crisis económica y sus consecuencias, sobre todo las de carácter social. 

Probablemente Ortega piensa que si logra recomponer el escenario a su favor estará en mejores condiciones para negociar directamente con Estados Unidos y encontrar una salida a la medida de sus intereses. Si lo logra, eso significaría efectivamente la muerte de la negociación con el movimiento cívico y Ortega lograría llevarla nuevamente al viejo terreno conocido de las transacciones excluyentes y privadas de las dos décadas pasadas. Dos actores pueden entorpecer sus planes: el movimiento cívico con sus acciones de resistencia y la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza de las sanciones. 

El papel de la Alianza y el movimiento cívico 

Después del anuncio del cierre de las negociaciones la gran pregunta que ha quedado flotando en el aire es: ¿qué sucederá con la Alianza Cívica y cuál es su nuevo papel? La Alianza se convirtió en la interlocutora del movimiento ciudadano desde el diálogo efectuado en mayo, 2018. En ese momento, cuando el movimiento era autoconvocado y no existían estructuras organizativas desarrolladas, la Alianza fue una alternativa relativamente representativa en medio de la crisis, los altos niveles de violencia por la represión y la complejidad de la situación. Al aceptar sentarse a negociar con la Alianza en esa primera ronda, el gobierno la reconoció como su contraparte política en la crisis y facilitó su reconocimiento de parte de la comunidad internacional. 

Desde que se conformó a finales de abril de 2018, la composición de la Alianza se ha modificado en tres ocasiones: cuando varios de sus integrantes iniciales fueron encarcelados y otros tuvieron que salir al exilio, tal como ha sucedido con varios líderes estudiantiles y del movimiento campesino; en la segunda ocasión, cuando el desarrollo mismo de la negociación condujo a un cambio de formato para la segunda ronda realizada entre febrero y marzo de 2019; y más recientemente, después del cierre de la negociación cuando decidieron reestructurarla dándole más fuerza a la representación de diversos sectores. 

La Alianza ha sido objeto de numerosas y fuertes críticas por su composición, funcionamiento, su relación con distintos actores integrantes del movimiento cívico y su política de comunicación, pero aunque la negociación está cerrada por ahora, todavía tiene un importante papel político que jugar frente a la comunidad internacional y como contrapeso a los interlocutores “prefabricados” por el gobierno. 

Por su lado, la Unidad Nacional también tiene un papel crítico en tanto constituye una instancia de coordinación y acción conjunta de cara a los esfuerzos organizativos del movimiento, la movilización y la resistencia dentro y fuera del país. En la medida que el movimiento se fue estructurando y organizando aparecieron instancias como la Unidad Nacional, la cual condensó de alguna manera los esfuerzos, organizaciones y actores que se sumaron a las acciones de protesta desde distintos territorios y sectores. Sin embargo, a pesar de su legitimidad social y política no son reconocidas por el gobierno ni como interlocutoras para el diálogo ni como adversarios en la contienda política. La Unidad Nacional cuenta con un reconocimiento relativo de parte de la comunidad internacional e igual que la Alianza ha recibido fuertes críticas de parte de integrantes del movimiento y ciudadanos no organizados. Con todo, su papel es eminentemente político organizativo y de coordinación, y en este momento se encuentra en un proceso de fortalecimiento interno alentador, aunque lleno de tensiones y bajo una fuerte represión en el interior del país. 

Tanto en el caso de la Alianza Cívica como de la Unidad Nacional, por mucho que el gobierno pretenda deslegitimarlas y desplazarlas, el reconocimiento de ambas proviene de los actores sociales y los ciudadanos, así como de la comunidad internacional. Difícilmente interlocutores prefabricados o surgidos de los partidos políticos colaboracionistas gozarán de la misma confianza y credibilidad, a menos que provengan de actores cooptados dentro del mismo movimiento. 

La negociación agridulce 

Para nadie es un secreto que desde que Ortega anunció el diálogo a finales de abril de 2018, han abundado las opiniones adversas y de apoyo. Desde el punto de vista de los más escépticos, la negociación siempre fue una maniobra de Ortega para ganar tiempo y algunos criticaron incluso los formatos iniciales del diálogo, así como el papel de los negociadores durante las dos rondas realizadas. Desde el lado de los que vieron el ejercicio como una oportunidad para salir de la crisis por la vía pacífica, la negociación era necesaria y ha rendido frutos importantes. Sin embargo, después del anuncio de cierre, es importante preguntarse si el país logró algo o si Ortega se salió con la suya. 

Si se pensara que Ortega logró su cometido y armó un traje a la medida, es decir, que logró ganar tiempo y recuperar fuerzas, se le estaría atribuyendo la capacidad de manejar a todos los actores y variables de la crisis, así como restarle al movimiento su capacidad de agencia y transformación. Pero la verdad es que Ortega se ha visto obligado a reelaborar su estrategia de negociación y de represión varias veces precisamente porque no ha logrado desmovilizar ni frenar al movimiento. Las acciones de resistencia están vivas y tal como se mencionó antes, el movimiento está en un proceso de fortalecimiento organizativo. 

Por otra parte, la negociación expuso a Ortega frente a la comunidad internacional, lo desenmascaró como un régimen dictatorial, violador de derechos humanos y mentiroso. Los acuerdos que ha firmado establecieron un marco que permite medirlo y obligarlo a rendir cuentas a nivel internacional por mucho que los procesos diplomáticos sean burocráticos en espacios como la OEA y el sistema universal de derechos humanos. Dentro del país el régimen Ortega también quedó al descubierto y sus acciones de brutal represión reforzaron la voluntad ciudadana de operar el cambio a través de acciones cívicas. 

Si Ortega logra establecer un nuevo diálogo con interlocutores a su medida, difícilmente logrará legitimarlos frente a la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional; más allá de eso, los resultados de esa supuesta negociación serán efímeros, pues tienen el propósito de servir únicamente a remontar la ola y volver a los viejos esquemas de transacción y acuerdos excluyentes. Finalmente, el cierre del diálogo no mata al movimiento ni lo ralentiza, sino todo lo contrario. Le devuelve el protagonismo a los actores organizados y ciudadanos para las acciones sociales y el cambio político.