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El 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía con la que el gobierno de Ortega pretende proteger a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la sociedad nicaragüense. La Ley 996 contiene cuatro artículos en los cuales establece la liberación de todos los prisioneros políticos, el cierre de los expedientes de los que fueron previamente ex carcelados y el de aquellos que se encuentran en el exilio con causas abiertas. Sin embargo, esa ley también los amenaza con cárcel y reabrir los juicios si persisten participando en acciones cívicas.