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Durante diez años, diversos actores y organizaciones sociales demandaron insistentemente el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Sus planteamientos parecían caer en el vacío de la sordera gubernamental hasta que la insurrección cívica de abril abrió una puerta de esperanza y el país entero comenzó a soñar nuevamente con un futuro de democracia, justicia y paz. Contrario a lo que muchos piensan, el estallido social no fue inesperado; fue el resultado de un acumulado de insatisfacciones y descontento que el gobierno pretendió contener, eliminar, y no ver, sistemáticamente.