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El 20 de diciembre recién pasado, la misión de acompañamiento electoral de la OEA dio a conocer el informe final de su trabajo en las elecciones municipales de noviembre en Nicaragua. El día anterior, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro sostuvo una reunión con el canciller Denis Moncada C., en la que se abordaron puntos relativos al informe y a los acuerdos establecidos en el Memorándum de Entendimiento publicado el 28 de febrero de 2017. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, formaba parte de un grupo de trece personas acusadas por graves violaciones contra los derechos humanos y por corrupción, las que fueron sancionadas con la aplicación de la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, por mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las sanciones incluyen la cancelación de visas, el congelamiento de bienes y activos de esas personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con ellos.

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