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Convencido de que su desempeño en unas elecciones limpias y transparentes sería catastrófico para su proyecto hegemónico de poder absoluto y control total de las instituciones, el oficialismo diseñó e inició la implementación de una línea de acción orientada a sortear el proceso electoral para asegurarse la continuidad en el poder político. Sin posibilidad de suspender las elecciones pues habría generado un rápido escándalo mundial, el régimen de Ortega escogió un camino más elaborado: hacer un fraude masivo en ambiente controlado.