Organizaciones civiles por la democracia

Lima, 14 de octubre de 2008











Señor

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República de Nicaragua



Señor

Samuel Santos

Canciller de la República de Nicaragua



Señor

Centeno Gómez

Fiscal General de la República de Nicaragua



Señora

Ana Julia Guida

Fiscal Adjunta



Señora

Vilma Núñez

Presidenta Centro Nicaragüense de Derechos Humanos





Estimados Señores y Señoras:



Demus - Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, institución privada sin fines de lucro que desde hace más de 20 años trabaja en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, así como del desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas para el ejercicio pleno de sus derechos, expresa su indignación y rechazo al hostigamiento y persecución política que vienen sufriendo organizaciones feministas de Nicaragua y que ponen en alto riesgo la integridad y seguridad de sus integrantes y la de sus familiares.



El 10 de octubre de 2008, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República de Nicaragua, entraron con una orden de allanamiento a las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de donde se llevaron documentos de distinta índole, así como equipos de cómputo.



Posteriormente se giraron órdenes de allanamiento en contra del Grupo Venancia de la ciudad de Matagalpa, la Red de Mujeres Municipalistas, la Red de Mujeres de Matagalpa y la Coordinadora Civil, que hasta el momento no se han ejecutado.



Estos hechos son parte de la campaña de criminalización a las feministas por la lucha que han librado a favor de la restitución del derecho al aborto. En este marco, los últimos años se han sucedido numerosos hechos violatorios a los derechos políticos fundamentales y a los tratados en la materia, que el gobierno de Nicaragua ha suscrito:



• A finales de 2007, el gobierno dio curso a una denuncia hecha en contra de nueve líderes del movimiento feminista, a pesar de ser jurídicamente infundada.

• En junio de 2008 el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personalidad jurídica del Movimiento de Renovación Sandinista. Esta situación llevó a la comandanta Dora María Tellez a ponerse en huelga de hambre, sin que su protesta fuera considerada por las autoridades electorales.

• Pagados y alentados por el gobierno, los Consejos de Poder Ciudadano han amenazado con realizar acciones de linchamiento y violencia en contra de las feministas y sus organizaciones.



Por lo anterior exigimos a las autoridades competentes del gobierno de Nicaragua:



• Garantizar la seguridad y la integridad de las defensoras de derechos humanos que están siendo atacadas. Particularmente de las compañeras Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Ana María Pizarro, Juana Jiménez y Sobeyda Obando.

• Desestimar las acciones jurídicas en contra Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Ana María Pizarro, Juana Jiménez y Sobeyda Obando.

• Desestimar las acciones jurídicas en contra del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el Grupo Venancia, la Red de Mujeres Municipalistas, la Red de Mujeres de Matagalpa, la Coordinadora Civil y la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto.

• Detener de manera inmediata todo llamado al linchamiento y la violencia en contra de las feministas, alentado por parte del gobierno y a través de los Consejos de Poder Ciudadano.



Es contrario a un Estado democrático de derecho, recurrir al aparato jurídico y las instituciones públicas para amedrentar a las personas, movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos que luchan por la defensa de los derechos humanos.





Atentamente,



María Ysabel Cedano





C.C. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos



Movimiento Autónomo de Mujeres



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