Organizaciones civiles por la democracia
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- 24 Oct 2008
Resumen: Aministía Internacional en defensa de mujeres activistas
DEFENDER EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA VIDA Y A LA SALUD
Defensoras de los derechos humanos en Nicaragua
Nueve defensoras de los derechos humanos se enfrentan a acciones judiciales por su participación en el caso de una niña nicaragüense de 9 años que en 2003 fue violada, quedando embarazada por este motivo, y a la que se permitió abortar legalmente en Nicaragua.
La denuncia fue presentada en octubre de 2007 por una ONG vinculada a la iglesia católica conocida como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Las nueve mujeres citadas en la denuncia son Ana María Pizarro (médico), Juanita Jiménez (abogada), Lorna Norori (psicóloga), Luisa Molina Arguello (socióloga), Martha María Blandón (psicóloga), Martha Munguía (socióloga), Mayra Sirias (profesora), Violeta Delgado (gerente de proyectos) y Yamileth Mejía (psicóloga).
Estas nueve mujeres, que trabajan con varias ONG, son conocidas defensoras de los derechos de las mujeres. Poseen una dilatada experiencia en la promoción de temas de salud sexual y de derechos de las mujeres, en el trabajo con sobrevivientes de violencia doméstica y abusos sexuales y en la promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes.
Amnistía Internacional teme que la denuncia contra estas nueve mujeres se haya presentado únicamente por la labor a favor de los derechos humanos que desempeñan y por las actividades de campaña que han llevado a cabo para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y eficaces. Las organizaciones a las que pertenecen han defendido el acceso legal a servicios de aborto en casos en los que la causa del embarazo es una violación o en los que seguir adelante con el embarazo podría poner en peligro la vida de la mujer o su salud física o mental.
CONTEXTO POLÍTICO
Desde hacía más de cien años había disponibles en Nicaragua servicios de aborto dirigidos a mujeres cuya vida o salud se encontraba en peligro a causa de un embarazo o cuyo embarazo era consecuencia de una violación (los cuales se conocen en el país por el nombre de “abortos terapéuticos”). Sin embargo, por razones que no se han justificado con claridad, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, los tres principales candidatos a la presidencia propusieron que se prohibiera el aborto en todos los casos. En octubre de 2006, al intensificarse el impulso a favor de la prohibición, se presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.
A finales de octubre de 2006, la Asamblea Nacional nicaragüense votó a favor de penalizar el aborto en todos los casos. Según informes, algunos miembros de la Asamblea Nacional fueron presionados para que votaran a favor de la prohibición. En los meses que siguieron a la decisión, se distribuyó a través de Internet propaganda antiabortista, que mostraba imágenes explícitas de fetos mutilados, en la que se retrataba a integrantes de organizaciones de mujeres como asesinas.
En los principales periódicos se hicieron inserciones de panfletos en los que se mostraba a médicos con mascarillas junto a imágenes de esqueletos y de brujas. En dichos panfletos se recogían acusaciones difamatorias y denuncias falsas contra médicos favorables al aborto terapéutico a los que se acusaba de mentir y de propagar informaciones inexactas sobre la prohibición y cuyo único interés era obtener un beneficio económico.
LA DENUNCIA
Las denuncias de la ANPDH se refieren al caso de una niña nicaragüense de 9 años conocida como Rosita que en 2003 fue violada en Costa Rica y que, a consecuencia de la violación, quedó embarazada. Miembros del movimiento nicaragüense de mujeres ayudaron a Rosita y a su familia a cruzar la frontera desde Costa Rica hacía Nicaragua, donde legalmente, en aquel momento, se podía practicar un aborto.
En agosto de 2007, los periódicos dieron la noticia de que, con 11 años, Rosita se había vuelto a quedar embarazada y que había dado a luz. Se descubrió que el hombre acusado de violarla y de dejarla embarazada en las dos ocasiones era su padrastro. En noviembre de 2007, fue declarado culpable de violación y condenado a una pena de 30 años de prisión.
El aborto de Rosita en Nicaragua fue autorizado por una comisión de médicos, convocados por el Ministerio de Salud, que dispusieron que la decisión final debía tomarla la familia de Rosita. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua respaldó la decisión de seguir adelante con el aborto. El Ministerio Público, en una investigación del año 2003 sobre la prestación de los servicios de aborto, consideró que no se había cometido delito alguno. Las personas que autorizaron a Rosita a que se practicara un aborto y que la ayudaron a conseguirlo lo hicieron pensando que le iban a salvar la vida.
A pesar de la participación en el caso de Rosita de muchos profesionales y funcionarios, la denuncia legal se centra exclusivamente en las defensoras de los derechos humanos. Muchas personas consideran que esto es debido a que el motivo de la denuncia es la oposición a los puntos de vista de estas mujeres con relación a los derechos de las mujeres y a su activismo.
En la denuncia no sólo se alega que estas mujeres son culpables de un delito de encubrimiento de violación y de delitos contra la administración de justicia en relación con el caso de Rosita, sino que, por expresar sus opiniones y organizar manifestaciones a favor del acceso a “abortos terapéuticos”, las nueve son culpables de delitos de “asociación para delinquir”, “instigación para delinquir” y “apología del delito”. El estado actual de esta denuncia es incierto.
En virtud de la legislación nicaragüense, en causas complejas, el Ministerio Público dispone de tres meses para declarar formalmente si mantiene abierta la denuncia o la retira por falta de pruebas. Ha transcurrido un año desde que se presentó la denuncia y todavía no se ha producido ninguna declaración, lo que deja a las autoridades en situación de incumplimiento de su propio código legal, y en un limbo legal impreciso a estas nueve defensoras de los derechos humanos.
¡ACTÚA!
Escribe a las autoridades nicaragüenses:
_ subrayando la importancia del papel que las organizaciones de mujeres han desempeñado en Nicaragua en la mejora del acceso a servicios de salud sexual más eficaces, en la sensibilización sobre cuestiones de salud sexual y sobre el VIH/sida, en la lucha contra la violencia doméstica, en la labor realizada con sobrevivientes de abusos sexuales y en la promoción de los derechos de las mujeres;
_ expresando preocupación porque parece que sigue abierta la aparentemente infundada denuncia presentada contra Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Martha María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía, y solicitando al Ministerio Público que retire la denuncia o que, por el contrario, presente cargos de acuerdo con las normas internacionales de un juicio justo;
_ recordando a las autoridades que están obligadas a reconocer la legitimidad de las actividades realizadas por los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a realizar dichas actividades sin obstáculos ni miedo a sufrir represalias, tal y como se formula en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Envía las cartas a:
Fiscal General:
Dr. Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República de Nicaragua
Ministerio Público: Km 4, Carretera Masaya Contiguo al Bancentro
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 255 6
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Presidente de Nicaragua: Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Reparto El Carmen Costado Oeste del Parque El Carmen
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 266 3102
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW. United Kingdom
Para ver el comunicado completo en su forma original haga CLICK en el enlace abajo.
Defensoras de los derechos humanos en Nicaragua
Nueve defensoras de los derechos humanos se enfrentan a acciones judiciales por su participación en el caso de una niña nicaragüense de 9 años que en 2003 fue violada, quedando embarazada por este motivo, y a la que se permitió abortar legalmente en Nicaragua.
La denuncia fue presentada en octubre de 2007 por una ONG vinculada a la iglesia católica conocida como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Las nueve mujeres citadas en la denuncia son Ana María Pizarro (médico), Juanita Jiménez (abogada), Lorna Norori (psicóloga), Luisa Molina Arguello (socióloga), Martha María Blandón (psicóloga), Martha Munguía (socióloga), Mayra Sirias (profesora), Violeta Delgado (gerente de proyectos) y Yamileth Mejía (psicóloga).
Estas nueve mujeres, que trabajan con varias ONG, son conocidas defensoras de los derechos de las mujeres. Poseen una dilatada experiencia en la promoción de temas de salud sexual y de derechos de las mujeres, en el trabajo con sobrevivientes de violencia doméstica y abusos sexuales y en la promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes.
Amnistía Internacional teme que la denuncia contra estas nueve mujeres se haya presentado únicamente por la labor a favor de los derechos humanos que desempeñan y por las actividades de campaña que han llevado a cabo para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y eficaces. Las organizaciones a las que pertenecen han defendido el acceso legal a servicios de aborto en casos en los que la causa del embarazo es una violación o en los que seguir adelante con el embarazo podría poner en peligro la vida de la mujer o su salud física o mental.
CONTEXTO POLÍTICO
Desde hacía más de cien años había disponibles en Nicaragua servicios de aborto dirigidos a mujeres cuya vida o salud se encontraba en peligro a causa de un embarazo o cuyo embarazo era consecuencia de una violación (los cuales se conocen en el país por el nombre de “abortos terapéuticos”). Sin embargo, por razones que no se han justificado con claridad, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, los tres principales candidatos a la presidencia propusieron que se prohibiera el aborto en todos los casos. En octubre de 2006, al intensificarse el impulso a favor de la prohibición, se presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.
A finales de octubre de 2006, la Asamblea Nacional nicaragüense votó a favor de penalizar el aborto en todos los casos. Según informes, algunos miembros de la Asamblea Nacional fueron presionados para que votaran a favor de la prohibición. En los meses que siguieron a la decisión, se distribuyó a través de Internet propaganda antiabortista, que mostraba imágenes explícitas de fetos mutilados, en la que se retrataba a integrantes de organizaciones de mujeres como asesinas.
En los principales periódicos se hicieron inserciones de panfletos en los que se mostraba a médicos con mascarillas junto a imágenes de esqueletos y de brujas. En dichos panfletos se recogían acusaciones difamatorias y denuncias falsas contra médicos favorables al aborto terapéutico a los que se acusaba de mentir y de propagar informaciones inexactas sobre la prohibición y cuyo único interés era obtener un beneficio económico.
LA DENUNCIA
Las denuncias de la ANPDH se refieren al caso de una niña nicaragüense de 9 años conocida como Rosita que en 2003 fue violada en Costa Rica y que, a consecuencia de la violación, quedó embarazada. Miembros del movimiento nicaragüense de mujeres ayudaron a Rosita y a su familia a cruzar la frontera desde Costa Rica hacía Nicaragua, donde legalmente, en aquel momento, se podía practicar un aborto.
En agosto de 2007, los periódicos dieron la noticia de que, con 11 años, Rosita se había vuelto a quedar embarazada y que había dado a luz. Se descubrió que el hombre acusado de violarla y de dejarla embarazada en las dos ocasiones era su padrastro. En noviembre de 2007, fue declarado culpable de violación y condenado a una pena de 30 años de prisión.
El aborto de Rosita en Nicaragua fue autorizado por una comisión de médicos, convocados por el Ministerio de Salud, que dispusieron que la decisión final debía tomarla la familia de Rosita. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua respaldó la decisión de seguir adelante con el aborto. El Ministerio Público, en una investigación del año 2003 sobre la prestación de los servicios de aborto, consideró que no se había cometido delito alguno. Las personas que autorizaron a Rosita a que se practicara un aborto y que la ayudaron a conseguirlo lo hicieron pensando que le iban a salvar la vida.
A pesar de la participación en el caso de Rosita de muchos profesionales y funcionarios, la denuncia legal se centra exclusivamente en las defensoras de los derechos humanos. Muchas personas consideran que esto es debido a que el motivo de la denuncia es la oposición a los puntos de vista de estas mujeres con relación a los derechos de las mujeres y a su activismo.
En la denuncia no sólo se alega que estas mujeres son culpables de un delito de encubrimiento de violación y de delitos contra la administración de justicia en relación con el caso de Rosita, sino que, por expresar sus opiniones y organizar manifestaciones a favor del acceso a “abortos terapéuticos”, las nueve son culpables de delitos de “asociación para delinquir”, “instigación para delinquir” y “apología del delito”. El estado actual de esta denuncia es incierto.
En virtud de la legislación nicaragüense, en causas complejas, el Ministerio Público dispone de tres meses para declarar formalmente si mantiene abierta la denuncia o la retira por falta de pruebas. Ha transcurrido un año desde que se presentó la denuncia y todavía no se ha producido ninguna declaración, lo que deja a las autoridades en situación de incumplimiento de su propio código legal, y en un limbo legal impreciso a estas nueve defensoras de los derechos humanos.
¡ACTÚA!
Escribe a las autoridades nicaragüenses:
_ subrayando la importancia del papel que las organizaciones de mujeres han desempeñado en Nicaragua en la mejora del acceso a servicios de salud sexual más eficaces, en la sensibilización sobre cuestiones de salud sexual y sobre el VIH/sida, en la lucha contra la violencia doméstica, en la labor realizada con sobrevivientes de abusos sexuales y en la promoción de los derechos de las mujeres;
_ expresando preocupación porque parece que sigue abierta la aparentemente infundada denuncia presentada contra Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Martha María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía, y solicitando al Ministerio Público que retire la denuncia o que, por el contrario, presente cargos de acuerdo con las normas internacionales de un juicio justo;
_ recordando a las autoridades que están obligadas a reconocer la legitimidad de las actividades realizadas por los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a realizar dichas actividades sin obstáculos ni miedo a sufrir represalias, tal y como se formula en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Envía las cartas a:
Fiscal General:
Dr. Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República de Nicaragua
Ministerio Público: Km 4, Carretera Masaya Contiguo al Bancentro
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 255 6
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Presidente de Nicaragua: Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Reparto El Carmen Costado Oeste del Parque El Carmen
Managua, Nicaragua
Fax: + 505 266 3102
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
Amnesty International
International Secretariat
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1 Easton Street
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